La inversión media por ciudadano es de 5,76 euros por año, mientras que el abogado de oficio recibe 142 euros por expediente.
La inversión en justicia gratuita regresó en 2018 a niveles anteriores a la crisis económica con un desembolso de 269 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 10,6 % respecto a 2017, según un informe presentado En el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en Madrid.
Los datos del Observatorio de la Justicia Gratuita, atribuyen el incremento a la recuperación, "tras los fuertes recortes", de los baremos del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco, Andalucía, Valencia, Galicia, Navarra y Cantabria.
La cifra total del pasado año supera los 266 millones de 2009, año en el que las prestaciones de las administraciones públicas iniciaron una caída y tocaron fondo en 2013, con 223 millones.
Respecto a la inversión media por ciudadano, el importe se sitúa en 5,76 euros, al tiempo que cada expediente para el abogado de oficio se estima en 142,29 euros.
La inversión en violencia de género acompaña esta subida de las partidas con un alza de 9,5 millones, un 10,4 % más que en 2017, en un ámbito en el que las mujeres letradas del turno de oficio constituyen un 54 %.
Cataluña sigue liderando el gasto en justicia gratuita con 56,5 millones, frente a los 43,2 de Andalucía y los 42 de Madrid, que pierde así el segundo puesto, si bien entre las tres regiones la financiación supone el 53 % del total de España.
En el lado opuesto, Galicia, que destinó 9,7 millones, un 3,5 % menos, es la comunidad que más ha limitado el gasto, una situación que el informe achaca a los cuatro meses de huelga de los funcionarios de la Administración regional de Justicia.
En el periodo 2014-2018, el número de profesionales en ejercicio ha subido en 6.000 letrados, aunque frente a 2017 (144.212) el dato de 2018 (143.205) señala una caída mínima del 0,7 %.
La introducción del expediente electrónico de Justicia Gratuita ha reducido los gastos en infraestructuras hasta los 23 millones y ha facilitado, según resalta el informe, los tiempos de tramitación para los ciudadanos.
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