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Juan Carlos Estévez: «Tiene que haber un Poder Judicial fuerte para que el Ejecutivo no se lleve todo por delante»

Noticias Jurídicas


11 ABR 2022

El presidente del Consejo General de Procuradores de España analiza para El Debate el estado de la profesión y los retos de la Justicia en nuestro país

 

Nació en La Estrada (Pontevedra) el 12 de abril de 1947. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia de Comillas) y ejerce como procurador desde el año 1971. Desde el 6 de mayo de 1999 y hasta el 27 de marzo de 2007 fue Decano del Colegio de Procuradores de Madrid. En 2001, resultó elegido Presidente del Consejo General de Procuradores de España, cargo para el que ha sido reelegido hasta en dos ocasiones y que ostenta en la actualidad.

¿Cuál es la salud general de la Procuradoría española?
–Es buena, pero mejorable. Hemos pasado épocas duras, difíciles, como toda la sociedad española, comenzando en el año 2007, con la crisis económica, los años sucesivos con la covid y terminando con la guerra de Ucrania de la actualidad. Los procuradores no somos ajenos a nada de esto y, además, lo nuestro se ha visto también complicado con el expediente que España tiene abierto en Europa con relación a la Procura, a punto ya de cerrarse. El Gobierno ha cumplido con los compromisos adquiridos en Bruselas y, ciertamente, hemos salido mejorados como profesión en algunas cosas y perjudicados en otras.

¿En cuáles han salido mejorados? ¿En cuáles no?

–Hemos salido mejorados en cuanto al área competencial de la profesión, donde ha quedado netamente definida la reserva de actividad de la Procura y la incompatibilidad con la Abogacía. Perjudicados, fundamentalmente, en el arancel actual. En estos días se está tramitando un Real Decreto que viene a complementar lo que dice la ley que salió en octubre sobre esta cuestión y que implica una supresión de los mínimos y que en todos los procedimientos, cuando se inicia un trámite, sea obligatoria, al comienzo, una hoja de encargo. En esto último estamos de acuerdo pero claro, la disminución, el no permitir que el arancel cubra un umbral... Esperamos que el Gobierno nos haga un arancel nuevo de inmediato porque desde 2003 no hemos tenido revisión a nuestros honorarios fijos. Aún aplicando el IPC, hemos perdido más de un 40 % en estos años.
¿Se aprovecha la Administración del desconocimiento que el ciudadano que recurre a la Justicia tiene de su labor?

–No sé si la Administración se aprovecha. Esa es la gran asignatura pendiente de la Procura, ser conocido socialmente fuera del ámbito de la Justicia donde somos muy valorados. El nivel de reconocimiento a mi profesión es altísimo en nuestro sector. En la sociedad es menos valorado porque no se conoce y esto ocurre muy a menudo en la Justicia. Quien ha acudido alguna vez a ella tiene un mejor concepto que el que no ha acudido nunca.

¿Por eso los partidos políticos en sus propuestas electorales de Gobierno abandonan la Justicia?
–La Justicia no da votos pero no debe olvidarse que es un servicio público. Sin una Justicia eficaz, contundente y seria no hay Estado de Derecho. Y tiene unas ligaduras enormes, importantísimas con la economía. No hay ningún inversor, ni extranjero, ni nacional que se atreva a invertir sin cierta seguridad jurídica, si no sabe si va a poder reclamar sus deudas o si va a poder despedir a un empleado o en qué condiciones, si no sabe cómo va a ser la regulación del empleo en los próximos años...

En términos económicos, en España, uno de los aspectos más lentos de la Justicia es la dificultad para ejecutar las sentencias favorables. ¿Qué papel podría jugar la Procura para agilizar esta fase procesal?
–En los procedimientos de la jurisdicción civil hay que distinguir: la fase declarativa, es decir la tramitación del pleito, hasta que le dan a uno la razón en una sentencia; y, la ejecutiva, el cumplimiento de esa misma sentencia. La primera funciona muy bien. Tenemos una Justicia de calidad y comparativamente hablando, con países de nuestro entorno, de celeridad también. Sin embargo, cuando entramos en el segundo capítulo, ahí empezamos a bajar a toda velocidad puestos en el ranking y, de los primeros, pasamos a los últimos. No deja de ser lamentable porque la satisfacción procesal llega con la ejecución. A usted no le sirve que un juez diga que yo le debo cien mil euros. Usted lo que quiere son los 100.000 euros.
Como esto funciona tan mal en España, los procuradores hemos querido poner nuestro pequeño grano de arena y hemos encargado a la empresa Sigma Dos un estudio de Derecho Comparado donde se demuestra que España es de los peores países de nuestro entorno y salen a relucir hechos dolorosos y lamentables, como por ejemplo, que hay aproximadamente 10 mil millones de euros paralizados en procedimientos judiciales. Diez mil millones de euros en deudas reconocidas judicialmente que no se pueden cobrar. No queda más remedio que corregirlo. En los demás países donde funciona bien la ejecución hay unos profesionales liberales que se encargan de hacer esa gestión. Nosotros proponemos que en España se adopte algo parecido al modelo extranjero, con nosotros, siempre bajo la vigilancia del juez y la dirección del letrado de la Administración de Justicia.

¿Han presentado la propuesta formal al Ministerio de Justicia?
–Todo esto lo sabe el Ministerio. Es más, ha habido dos borradores de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que nos confiaba la ejecución: el primero en la época de Alberto Ruiz Gallardón como ministro y, el segundo, con Rafael Catalá. No vieron la luz. Queremos seguir convenciendo al Ministerio, y a la opinión pública, de que es necesaria esa reforma legislativa.

¿Cómo valora la relación con la ministra Pilar Llop?
–La relación con el Ministerio es bastante fluida. Lo que ocurre es que este ministerio de momento está atendiendo fundamentalmente al desarrollo legislativo de las leyes que estaban ya programadas por el anterior ministro, Juan Carlos Campo. Está en muchos frentes y este no está por la labor de abrirlo, pero ahí estamos.

¿En general, cómo ve usted en general el funcionamiento de la Justicia en el día a día?
–Siempre he distinguido entre lo que llamo macrojusticia y lo que sería la microjusticia. Esto último, el pleito que se tramita en el juzgado es, en definitiva, lo que le interesa al ciudadano, no es tan mala como la gente se cree. Tiene sus defectos pero salvo la ya comentada ejecución y algunas cuestiones del proceso penal, la Justicia es bastante buena.

En términos «macro» como usted dice, ¿qué opina sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
–Yo no creo, sinceramente, que la Justicia esté politizada en líneas generales. Puede haber algún caso, como en todas las cosas de la vida, pero no creo que esté politizada. Sin embargo, sí tiene apariencia de politización muchas veces. Y estoy hablando, también, muy concretamente en este sentido de que mientras identifiquen las asociaciones judiciales con algún matiz político, esto no tiene arreglo porque los magistrados que están asociados nacen con un pecado original, entre comillas, que es pertenecer a una asociación que ya se decreta como de derechas, de izquierda, de centro o de lo que sea. Y entonces la cuestión no es cómo se eligen o quién los elige sino quiénes son porque es que jueces independientes, normalmente, al Consejo van poquísimos porque tiene la manera para llegar es más dificultosa.

¿Cuál es la solución?
–Lo he dicho muchas veces y sigo insistiendo, ¿por qué las propuestas no vienen del mundo profesional? En lugar de venir de los partidos políticos que venga del Consejo General de la Abogacía, de la Procura, de los fiscales, de los letrados, de la Administración de Justicia, de los abogados del Estado, etc, etc... Luego cada candidato tendrá su forma de pensar como todo el mundo y será lo que sea pero no viene marcado como profesional. Bueno, pues esto que se puede hacer y para lo que no se necesita prácticamente nada de reforma, nadie ha querido hacerlo.

¿No cree que haya, entonces, un intento de ideologizar con determinadas leyes por parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo?
–Bueno, eso es otro capítulo, el de las leyes, que ya no depende de la Magistratura, ni del Consejo General del Poder Judicial, ni la Justicia española, sino que depende del Parlamento. Y ahí yo lo que echo de menos como ocurre en algunos países, no en todos, es que en los partidos políticos para temas que son sensibles, de conciencia, no permitan libertad de voto en los temas que son de conciencia como el aborto, la eutanasia.

Y a la inversa, ¿existe una judicialización de la política?
–Seguramente. Pero es que eso no lo han buscado los jueces. Los políticos, como no son capaces de resolver sus diferencias, pues acuden a la Justicia. La Constitución existe y la prueba es que gracias a eso se mantiene las instituciones y hay democracia en España. Si no fuera por eso, el Poder Ejecutivo acabaría con todo. Tiene que haber un Poder legislativo y un judicial fuerte para parar al Ejecutivo, que no se lleve todo por delante. Cuando se lo lleva todo por delante eso se convierte en una dictadura.

¿Cuál es el problema para que en España la Fiscalía que está designada por el Gobierno, como en otros países, esté a su servicio?
–Eso tiene una doble componente: el sistema y las personas. En España hemos tenido fiscales generales de distintos Gobiernos, de todos los colores, unos mejores que otros... pero la Fiscalía tiene una estructura orgánica muy parecida a la del Ejército, cosa que no ocurre con los jueces. ¿Son independientes los fiscales? Relativamente. Tienen la obligación de obedecer. El sistema de elección de los fiscales de Sala del Supremo, por ejemplo, no es exactamente igual que el sistema de elección de los magistrados del Supremo sino que las facultades del Fiscal General del Estado son mucho mayores.

¿Se pleitea mucho en España?
–Pues yo creo que hubo un boom con el advenimiento de la democracia pero que se ha ido moderando bastante. Después de la pandemia, en ciertas jurisdicciones parece que sí puede haber una cierta explosión ahora, sobre todo en la social y en la mercantil. Pero el civil gana por goleada. Los problemas de la gente son civiles porque tiene que separarse o divorciarse, un problema con una herencia, una deuda o un crédito con un banco, un inquilino que no les paga... Son las cosas de la vida diaria.

¿Y qué me dice del arbitraje? ¿Falta cultura de la mediación en España?
–Yo alguna vez a un cliente le he dicho que «esto podríamos arreglarlo con una mediación o con un arbitraje» y la contestación ha sido un «no, no, lo mío que lo diga un juez». La gente valora a los jueces. Ahora tenemos pendiente una ley que ya se está tramitando que es la Ley de Eficiencia Procesal, en donde a la mediación se le da un papel muy protagonista. No sé yo si esto va a funcionar en la práctica o no pero, desde luego, intento se está viendo.

Y en materia de igualdad, ¿cómo está la Procura?
–La procura es una profesión notoriamente femenina. Estamos, aproximadamente, en un 70 % de mujeres frente a un 30 % de hombres. Si vamos a la gente más joven, seguramente incluso en mayor proporción porque los que somos más veteranos éramos mayoría de hombres. Tenemos una comisión de Igualdad al que me he referido antes, presidida por una decana, que son el 50 % de los 67 colegios de procuradores de España. En el Comité Ejecutivo somos tres mujeres y tres hombres.

¿Cómo es posible, entonces, que se diga insistentemente al ciudadano que la Justicia española es machista?
–Yo creo que eso se dice desde determinados ámbitos. Ni yo, ni muchísima gente como yo lo dice. Ahora hay más juezas que jueces. Entonces no tiene explicación. Me dice que en el Supremo hay más hombres que mujeres. Claro, es que al Supremo se llega al final de la carrera y antes había más hombres que mujeres, entonces llegaban más hombres que mujeres. Seguramente un espacio muy corto de tiempo a más mujeres en el Supremo que hombres, porque irán llegando las generaciones de jueces que han venido ahora. Y entonces habrá más mujeres que hombres en el Poder Judicial, en el Supremo y en la Audiencia Nacional.

Un deseo para la procura en los próximos cinco años...
–Definir exactamente el futuro de mi profesión y avanzar en nuevas competencias. En definitiva, asentar la profesión por mucho tiempo y tener claro lo que queremos ser de mayores. Lo mismo que deseo para mis hijos o para las nuevas generaciones de España es lo que desearía para la Procura.
 

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