El Poder Judicial recibirá un 10,9% más que el año pasado
Los recursos presupuestarios que se destinan a la Política sobre Justicia, en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, ascienden a 1.869 millones de euros, lo que supone un incremento sobre 2018 del 5 por ciento. De este importe, la participación del Ministerio de Justicia para el desarrollo de esta política, incluido el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza una dotación inicial de 1.805 millones de euros, que supone un incremento de 82 millones de euros respecto a 2018. Por su parte, la participación del Consejo General del Poder Judicial es de 64 millones de euros, lo que implica un incremento respecto al ejercicio 2018 de 6 millones, es decir, el 10,9 por ciento.
Siete ejes
Con estas dotaciones presupuestarias, el Ministerio de Justicia va a impulsar un conjunto de medidas que se articulan en siete ejes principales, que buscan:
1) introducir mecanismos de transparencia y de participación ciudadana en el sistema;
2) modernizar el sistema de Justicia y la digitalización del expediente judicial con garantías de integridad, seguridad y eficacia;
3) abordar la relación con los profesionales de la Justicia y todos los colectivos afectados para sumar esfuerzos y avanzar en la aprobación de las reformas concordadas;
4) incorporar la perspectiva de género a toda la acción de la Administración de Justicia, integrando transversalmente el principio de igualdad y formando a los operadores jurídicos en esta materia.
5) mostrar el máximo compromiso con recuperar, mantener y transmitir la Memoria Histórica, asegurando el acceso a la verdad mediante mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y a la obtención de adecuadas garantías de no repetición;
6) recuperar la legislación sobre jurisdicción universal como instrumento imprescindible en la persecución de crímenes transfronterizos y nucleares de la delincuencia organizada internacional, y nuevas necesidades como crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental;
7) implantar un modelo interactivo de participación ciudadana en el sistema de Justicia que permita mejoras reales en la vida de la gente, con especial atención a la tramitación de una ley reguladora del derecho de defensa, al impulso de la mediación en el ámbito civil y contencioso, a la toma de decisiones que afectan a las personas con discapacidad, y apostar por un Registro Civil público, gratuito y digital.
Los medios que se destinan a financiar los gastos de personal integrantes de la política de Justicia alcanzan, en 2019, los 1.463 millones de euros, con un incremento del 5,3 por ciento respecto a 2018 -el 78,3 por ciento del total-.
Con estas dotaciones se financian la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal. En el ejercicio 2019, se prevé convocar 100 plazas para ingreso en las carreras judicial y fiscal. Se continúa con el proceso de estabilización y reducción de la interinidad, que permitirá la convocatoria de 10.575 nuevas plazas para la Administración de Justicia hasta el año 2019. Para lograr la modernización tecnológica del sistema de Justicia y la digitalización del expediente judicial se presupuestan 127 millones de euros.
En el eje del acercamiento a la ciudadanía se encuentra la línea de actuación que apuesta por un Registro Civil público y gratuito. Para ello, se va a estudiar con detalle la redacción de un anteproyecto de ley de reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que permita lograr el más amplio consenso en la implantación del nuevo Registro Civil digital.
En el ámbito de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), también se va a llevar a cabo la modernización de los servicios relativos al Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, Registro de Actas de Última Voluntad y Abintestato, y en la mejora de los procedimientos más utilizados por los ciudadanos, eliminando trámites innecesarios y reduciendo los tiempos de resolución de asuntos.
Asimismo, se encuentra en fase de análisis previo a la correspondiente implantación, la medida de comunicación telemática de defunción desde los diferentes centros sanitarios.
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