Durante dos días expertos en economía y en Administración de Justicia han analizado la lentitud del sistema judicial ha participado en el I Congreso sobre Economía y Justicia, organizado en Barcelona por el Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña, el Colegio de Procuradores de Barcelona y el Consejo General de Procuradores de España, para aportar posibles soluciones para hacer frente a la ineficiencia y la lentitud del sistema judicial.

Los procuradores de los tribunales llevan cerca de 20 años reclamando que se les permita asumir la ejecución de las sentencias judiciales. Nada nuevo ahí. Ahora, sin embargo, disponen de números y estadísticas que demuestran que esa tarea se realiza de manera ineficiente, ya que, en Catalunya, por ejemplo, se recupera solo el 21,8% del importe económico pendiente de cobra y el plazo medio del proceso para recuperar los importes es de 1 año y 9 meses.

Una millonada en el limbo

En el 2013, siempre según el informe, la cantidad de ejecuciones pendientes en Catalunya ascendía a 6.580 millones de euros (el 76% pertenecen a asuntos hipotecarios), el 3,4% del PIB de la comunidad autónoma. A finales del 2016 solo se había recuperado el 21,8% de esa cantidad. Esto significa que 5.146 millones de euros no han acabado en las manos que el juez había estipulado.

Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE, explica a este diario que esta es una situación "insostenible", y recuerda que muchos países disponen de una figura, el agente de ejecución, que se encarga exclusivamente de esta tarea. En España son los propios juzgados los que asumen este trabajo, como si no tuvieran ya suficiente trajín. "Una sentencia a tu favor es una buena noticia, pero lo es todavía más cuando de verdad cobras lo que se te debe, y es ahí donde detectamos un déficit terrible", sostiene el máximo responsable de la Procura en nuestro país. "La única profesión capacitada -continua- es la de procurador". Es lógico que Estévez defiende a su gremio. El informe, que recuerda que España es el único país de la Unión Europea en el que los jueces son los responsables del proceso de ejecución, opina de igual manera: "Los procuradores de los tribunales se encuentran, por sus conocimientos, formación y capacidad, en una buena situación para convertirse en los agentes de ejecución al estilo, por ejemplo, de los 'huissiers' de justicia franceses".

Por su parte, Ignacio López Chocarro, presidente del consejo que aglutina los colegios de procuradores catalanes, reclama la "unión de todos los operadores jurídicos para exponer esta situación hasta el final". En su opinión, "se han acabado los complejos" y es momento de "querer, creer y crear". “No podemos seguir con esta situación 10 años más. Hemos de unirnos todos los operadores jurídicos y debemos exponer esta situación hasta el final”. "Los procuradores no tenemos miedo a competir con la administración de Justicia con la ejecución de las sentencias", sentencia. Por eso, al cierre del congreso que ha calificado de "punto y aparte en la profesión", ha instado a "comunicar bien a la sociedad la magnitud del problema.  “Tenemos un problema en la ineficiencia de la ejecución civil de sentencias de una magnitud considerable que solo va creciendo y creciendo”.

En palabras del catedrático de Derecho Procesal de la UAB, Manuel J. Cachón, “si hay voluntad política” sólo serían necesarios unos “retoques en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)” con el fin de otorgar las competencias a los procuradores en ejecución.

Para este jurista el CGPE o los colegios de procuradores podrían convertirse en entidades especializadas en la subasta de bienes. Y si el procurador se convierte en agente de la ejecución tendría que poder ponerse en contacto con el deudor para cumplir la resolución a través de la mediación.

Desde su punto de vista, la intervención del procurador como agente de la ejecución se debe efectuar con prudencia: ayudaría a descargar trabajo a la Adm. de Justicia y el procurador tendría una doble condición de profesional liberal y agente de la autoridad (para embargos, actos, etc.) En este sentido, Ivana Borzová, que es miembro de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), resaltó que la tendencia de los países europeos es que la ejecución de sentencias sea asumida por operadores privados o con fórmulas público-privadas.

Por su parte, el economista del Banco de España, Juan S. Mora-Sanguinetti destacó en su intervención una ejecución de sentencias más eficaz permitiría incrementar el número de viviendas disponibles para alquiler en ciudades como Barcelona y Madrid y también la disponibilidad de crédito para los ciudadanos.

La lentitud beneficia al deudor

En su turno de palabra Carmen Vargas Pérez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, afirmó que el 88 por ciento de los empresarios denuncian el mal funcionamiento de los juzgados y alertan de las consecuencias económicas. También reclamó mayor formación económica para los jueces y una información más clara para los ciudadanos implicados en un proceso judicial sobre las posibilidades de la mediación para llegar a acuerdos.

Desde su punto de vista Vargas constató con datos de varios países que la ineficacia en la resolución de ejecuciones de sentencias perjudica gravemente a las inversiones. Esto genera inseguridad jurídica, hasta el punto de que a los deudores les sale rentable no paga.

Más allá de la creación de un agente de ejecuciones, el catedrático de Economía Aplicada de la UB, Jordi Suriñach, destacó que también se deberían reformar procedimientos de ejecución a fin de agilizarlos con diversas acciones como estas: mejorar la información que reciben los afectados, establecer un plazo razonable para realizar el proceso.

Otras medidas que Suriñach propone pasan por reducir los pasos y la burocracia necesaria, aumentar la utilización de instrumentos digitales, limitar los costes de todo el proceso o crear tribunales especializados en ejecuciones, tal y como ya existen en Francia, Italia y Portugal.

Fue Françoise Andrieux, presidenta de la Union Internationale des Huissiers de Justice, imparte la conferencia dedicada a la ejecución civil en Francia y al papel que en esta tienen los Huissiers, una figura de referencia para los procuradores. Destacó que “la alta formación jurídica y el alto grado de responsabilidad de los Huissiers de Justice, así como la evolución de la profesión a lo largo de los siglos, es una garantía de eficacia en la ejecución civil en Francia”. Estas jornadas han reunido a más de 300 congresistas, que han podido asistir a conferencias y mesas redondas de ponentes nacionales e internacionales expertos en economía y justicia, como son Mª Eugènia Gay, decana del ICAB, Luis Rodríguez, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Françoise Andrieux, presidenta de la Union Internationale des Huissiers de Justice.

Junto a ellos Rosa Anna Castillo, directora general de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat, Juan S. Mora-Sanguinetti, economista senior del Banco de España – Eurosystem, Carmen Vargas, profesora de Microeconomía en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y política de la Universidad Complutense de Madrid, Joan Picó, catedrático de Derecho procesal de la UPF o Luis Ignacio Ortega, vicepresidente de la Union Internacionale des Huissiers de Justice.

Impacto económico

Estévez lamenta que ningún gobierno haya dado el paso de dotar a la Procura de esta competencia. "Hemos tenido oportunidades de alcanzar la meta, pero el legislador, sea del partido que sea, es muy tímido en estos avances. El ministro Catalá, sin embargo, es un convencido de la relación entre economía y Justicia". El presidente del CGPE recuerda que la fortuna congelada en los juzgados "es un dinero que no circula y que no tributa". De vuelta al informe, eso tiene una traducción numérica: "Por cada millón de euros que se pudiera recuperar, se facturarían en Catalunya 687.248 euros más, el PIB se incrementaría en casi 350.000 euros, se generarían 133.006 euros más de rentas fiscales y se contribuiría a generar cinco puestos de trabajo a jornada completa".

Por lo que relata el máximo representante de los procuradores españoles, el problema bascula más entre lo político que entre lo técnico y lo judicial. Estévez asegura que hablar de nuevas competencias "pone en alerta a otras profesiones", y eso hace que los sindicatos crean que, en este caso, se podrían ver afectados funcionarios de la administración de Justicia. Niega la mayor: "Se conseguiría aliviar a la Justicia, de manera que los procesos también se agilizarían". Un plan en el que todos parecen ganar. 

El también director del Laboratorio de Economía Aplicada AQR-Lab ha desgranado el contenido de un estudio que ha elaborado junto a la Cambra de Comerç y que arroja conclusiones inquietantes. Ahí va una: "El largo proceso hasta la ejecución efectiva de la sentencia genera un riesgo y unos costes adicionales que pueden ser muy importantes para las empresas y los particulares afectados".

Fuente: El periódico y Confilegal