La Fiscalía de Balears ha decretado en una instrucción que los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán "actuar directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales" para desalojar un inmueble que haya sido objeto de una ocupación ilegal.
El Ministerio Público ha dictado esta orden motivado por "un grave problema social y legal que va en aumento". Y añade: "Al no haber una respuesta jurídica uniforme se hace necesario establecer una serie de criterios de actuación atendiendo a los intereses que hay en conflicto".
En su escrito, la fiscalía establece diferentes niveles de gravedad. Por ejemplo, cuando se trata de una ocupación de la vivienda habitual mientras el propietario "está ausente porque está de viaje, hospitalizado o por cualquier otro motivo", el cuerpo policial que haya recibido la denuncia "debe proceder directamente y de forma inmediata al desalojo de los terceros ocupantes y su detención".
El objetivo, explica el Ministerio Público, es evitar que el delito "se prolongue en el tiempo y produzca mayores efectos".
Si la ocupación tiene lugar en un inmueble que se utiliza como segunda residencia "cuenta con la misma protección legal que la primera vivienda". Tendrán la misma respuesta por parte de la policía las ocupaciones que se produzcan en despachos profesionales u oficinas.
Queda menos claro cómo actuar en caso de ocupaciones de viviendas vacías, la mayoría propiedad de bancos y fondos buitre. La Fiscalía entiende que muchos de estos casos acaban en absolución porque se aplica la "eximente de estado de necesidad". O bien porque el ocupante acredita "haber pagado una renta a un tercero en virtud de un fingido contrato de arrendamiento".
La Junta de Jueces de Instrucción de Palma reunida el pasado 23 de mayo acordó "dar una respuesta rápida" a las denuncias referidas a ocupaciones ilegales. Los juzgados de guardia valorarán la urgencia de la petición y actuarán en consecuencia.
Los magistrados consideran que se trata de "una importante problemática social que se está generando al respecto de conductas que pueden afectar al derecho de propiedad de bienes inmuebles".
Víctor Cornell, abogado de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en Balears (PAH), considera que la instrucción firmada por el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, es "un toque de atención" a las fuerzas y cuerpos de seguridad que "ya tenían la capacidad de intervenir en caso de ocupaciones ilegales".
Cornell recuerda que el artículo 245 del Código Penal ya castiga la ocupación ilegal de inmuebles. "La policía puede actuar para impedir ocupaciones, pero se ha extendido la idea de que solo podían resolverlas un juez", afirmó Cornell. "Pueden hacerlo incluso si no hay denuncia por parte del propietario", añadió.
Las ocupaciones ilegales fueron un asunto recurrente durante la pasada campaña electoral. Los partidos de derecha prometieron mano dura contra un fenómeno que se ha extendido por toda la isla y que disuade a muchos propietarios de poner sus inmuebles en alquiler.
Los desahucios por el impago del alquiler descendieron un 2,1 por ciento en el primer trimestre de 2019 en Balears. En total, el archipiélago registró 374 lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
La cifra de desahucios por el impago de la hipoteca, 84, supusieron un descenso del 33 por ciento con respecto al primer trimestre de 2018. Hace años que las ejecuciones hipotecarias son marginales con respecto a las derivadas de problemas con el alquiler.
Son ya once los trimestres consecutivos en los que se produce un descenso de los lanzamientos hipotecarios en Balears.
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