Dos procuradores, Óscar Alonso García, José Antonio Fandiño y un letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Asensio Muñoz, coincidieron en su análisis sobre el nuevo panorama que crea la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Organizativa el próximo 3 de abril. Los tres destacaron las nuevas responsabilidades que asumirán los procuradores en el marco de la ejecución, destacando su papel crucial en la eficiencia del servicio judicial.

Fue en la jornada que celebró ayer el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) en su sede de Madrid y que llevó por título “Las Medidas Organizativas y Procesales de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y su impacto en el Ejercicio de la Procura”.

De acuerdo con Alonso García, la reforma se soporta sobre cuatro pilares: «la primera es la adaptación de la estructura judicial actual, desfasada, a los tiempos actuales; la segunda son los métodos alternativos de solución de conflictos, en la búsqueda por reducir la litigiosidad; la tercera es la reforma de todos los trámites procesales para dotarlos de mayor agilidad; y la cuarta es la modificación del proceso de ejecución, dotando a los procuradores de funciones de comunicación como de actuaciones propiamente ejecutivas, por delegación del letrado de la Administración de Justicia».

José Antonio Fandiño, decano adjunto del CGPE, subrayó que el Consejo de Procuradores» cree en la mediación, pero para agilizar la justicia y resolver los conflictos en tiempo y forma la mejor solución es otorgar más competencias al procurador: ejecuciones, notificaciones, embargos, tramitaciones… Crear el procurador ejecutivo, a coste cero para el Estado y de manera similar a cómo en Portugal o Francia se ha reducido a la mitad el atasco judicial”.

El letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Muñoz, por su parte, celebró esta competencia de ejecución reconocida en esta ley a los procuradores –una reivindicación largamente demandada–. «Sin duda va a ser de una gran ayuda. La colaboración de los letrados de la Administración de Justicia y de los procuradores beneficiará al servicio público. Porque lo hará más ágil y mucho más rápido», afirmó con gran convicción.

Alberto García Barrenechea, secretario del CGPE, recordó durante su moderación de las tres mesas –con la presencia del presidente del Consejo, Ricardo Garrido Rodríguez– que «en Portugal las funciones de ejecución redujeron en más de un 60 % el atasco judicial existente».

La mesa de Alonso, Fandiño y Muñoz fue la tercera que cerró la jornada y que se centró exclusivamente en el papel del procurador en esta nueva era que se abre con la nueva Ley de Eficiencia Organizativa.

La directora general para el Servicio Público Justicia, Alberto García Barrenechea, secretario del CGPE, Ricardo Garrido Rodríguez, presidente del CGPE, y José Carlos Orga, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Foto. Confilegal.

La primera fue la que compusieron Verónica Ollé, directora general del Servicio Público Justicia, y José Carlos Orga, vocal del CGPJ, quienes coincidieron en que la citada ley «rompe con un modelo judicial del siglo XIX y supone un cambio de paradigma sin precedentes en el sistema judicial español».

Bajo el título «La nueva organización judicial», Ollé y Orga estuvieron de acuerdo en señalar que la Ley de Eficiencia Organizativa marca un punto de inflexión en la arquitectura del sistema judicial español, al dejar atrás una organización vigente desde 1890.

Ambos subrayaron el carácter estructural de la reforma, que introduce los tribunales de instancia, oficinas judiciales rediseñadas y una nueva justicia de proximidad a través de oficinas municipales.

Ollé explicó que esta reforma no surge de la nada, sino que es fruto de “más de dos décadas de trabajo acumulado”, y que se apoya en normas anteriores como la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Digital. Subrayó que el nuevo modelo “es imposible sin cogobernanza con las comunidades autónomas” y destacó que ya se están desplegando las primeras fases de implantación con experiencias piloto como la de Badajoz.

Por su parte, Orga celebró la dirección de la reforma, pero advirtió que sin una adecuada dotación de medios humanos y materiales, el resultado puede no ser el esperado. “Tenemos una carrera judicial sobrecargada, con un capital humano que se nos está yendo antes de tiempo por agotamiento. Si no se acompaña el cambio con recursos reales, la oportunidad se puede perder”, advirtió.

Fin del aislamiento judicial y apuesta por el trabajo en equipo

Uno de los grandes logros del nuevo sistema, según ambos, es que acaba con el aislamiento del juez unipersonal y da paso a una estructura más colegiada y colaborativa. Orga calificó esta evolución como “radical”, al permitir deliberar, compartir criterios y organizar el trabajo por secciones especializadas.

Ollé, en la misma línea, explicó que las nuevas oficinas estarán organizadas por áreas, con equipos de tramitación y servicios comunes más versátiles, lo que también mejorará la atención al ciudadano.

Tanto Ollé como Orga reconocieron que este proceso no está exento de dificultades. La directora general insistió en la importancia de la digitalización para garantizar la flexibilidad del modelo, mientras que el vocal del CGPJ pidió comprensión hacia quienes ya están desbordados por la carga de trabajo y ahora deberán adaptarse a un nuevo modelo.

A pesar de ello, ambos coincidieron en el compromiso de los operadores jurídicos. “La judicatura ha demostrado sobradamente su capacidad de adaptación. Estamos preparados”, afirmó Orga.

La entrada en vigor de la Ley está prevista en varias fases a lo largo de 2025, y tanto el Ministerio como el Consejo General del Poder Judicial trabajan en paralelo para asegurar su aplicación efectiva.

Orga destacó la creación de un grupo de trabajo específico en el CGPJ, formado por seis vocales, la presidenta y el secretario general, para coordinar este despliegue. También apuntó que ya se han iniciado contactos con instituciones como el Consejo General de Procuradores para facilitar el tránsito al nuevo modelo.

J. Miguel Bueno Sánchez, socio de Ayala de la Torre Abogados y abogado del Estado en excedencia, y Manuel Díaz Martínez, catedrático de Derecho Procesal de la UNED, debatieron en la segunda mesa, que llevó por título «Los Medios Adecuados de Solución de Controversias«, en la que analizaron su implementación como requisito de procedibilidad y la figura del procurador como conciliador privado.

Bueno Sánchez puso de manifiesto el papel emergente del procurador como conciliador privado y reflejó la necesidad de priorizar la resolución amistosa de conflictos en lugar de acudir al litigio prolongado.

Díaz Martínez, por su parte, presentó las reformas más significativas en los procesos declarativos, lo que incluye cambios en la normativa procesal que buscan agilizar y simplificar los procedimientos judiciales, optimizando así la carga de trabajo de los juzgados.

Fuente: confilegal.com