El Gobierno de Pedro Sánchez tiene por delante una corta legislatura, pero una amplia lista de directivas que debe transponer. En muchos casos, la fecha límite impuesta por Bruselas ya se ha sobrepasado.
La Administración de Pedro Sánchez inició su andadura gubernamental anunciando diversas iniciativas legislativas a nivel laboral, fiscal o educativas. Sin embargo, el Gobierno también tendrá que hacer frente a la necesaria transposición de directivas europeas. Con el nuevo curso, el Ejecutivo deberá adecuar al ordenamiento judicial nacional más de una treintena de texto provenientes de Bruselas.
Aunque algunas cuentan todavía con un margen suficiente para poder hacer esta tramitación en tiempo y hora, otras ya deberían haberse transpuesto en la legislación de nuestro país y la Unión Europea ya ha llamado la atención a España -en algunos casos bajo amenaza de duras sanciones económicas- para que el Estado resuelva este tipo de situaciones.
Éste ha sido el caso de la directiva 2016/1148 sobre las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la UE -conocida como NIS-, cuyo plazo para la transposición a derecho interno finalizó el 8 de mayo. Tras meses de espera, el pasado 7 de septiembre, en Consejo de Ministros, se aprobó el Real Decreto-ley (RDL) 12/2018 de Seguridad de las Redes, que transpone definitivamente la norma europea.
Según explica el equipo de Garrigues Digital, el periplo de este RDL arrancó en noviembre de 2017, cuando "se publicó desde la Administración un borrador de anteproyecto de ley sobre la seguridad de las redes y sistemas de información para su transposición y se abrió un periodo de consulta pública que finalizó el 8 de enero de 2018".
Entre los aspectos más destacados del texto europeo, el área de mercantil de Garrigues destaca que "establece obligaciones generales de seguridad a las empresas que se integren de la manera más armónicamente posible con las obligaciones que deriven de la normativa sobre protección de datos personales, sobre su actividad específica y, en su caso, sobre infraestructuras críticas, y que sean lo más homologables posible con las existentes en el ámbito internacional".
El Gobierno ha conseguido solventar esta transposición tardía, sin embargo, parece que es la excepción a la regla. A continuación se detallan algunas de las directivas más importantes que España debe transponer en los próximos meses para adecuarse a las obligaciones de la UE.
Fuente: Expansión
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