Preside el Consejo General de Procuradores de España desde comienzos del siglo XXI y tiene claro uno de los mayores aciertos de la profesión: liderar la implantación de las nuevas tecnologías en su actividad

Lleva diecisiete años al frente del Consejo General de los Procuradores de España. ¿Qué balance realiza de este largo periodo?

—Han sido años difíciles, nos ha tocado enfrentarnos a cambios de gobierno y a reformas legislativas tan significativas como, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, que reformó toda el proceso, a lo que la profesión ha tenido que adaptarse; también hemos sido protagonistas del advenimiento de las nuevas tecnologías, con el sistema Lexnet a la cabeza, que fue, realmente, un proyecto nuestro nacido a finales de los 80 como Proyecto Zaragoza, un sistema experimental de notificación entre algunos juzgados de la ciudad aragonesa, que patrocinamos y que, a partir de entonces, se desarrolló, con los años, como el actual Lexnet, del que fuimos precursores. Años de mucha evolución: lo que antes se contaba por siglos, hoy se cuenta por minutos en todos los órdenes. El cambio social ha sido importantísimo y nosotros no hemos sido ajenos. Por otra parte están las reformas que preconiza Europa, cuya adaptación todavía no está cerrada y que se centran en tres vectores: la reforma de las leyes de acceso a la profesión, la del arancel y la de sociedades profesionales. Como le digo, años de cambios que nos han dado también nuevas competencias, aunque no todas las que queríamos; por ejemplo, hemos avanzado en la capacidad de certificación para realizar actos de comunicación procesales...

—Pero les quedan otras competencias que no han logrado asumir todavía, ¿no es así?

—La ejecución, por ejemplo, que hemos reivindicado siempre. En otros países de nuestro entorno la llevan a cabo profesionales liberales, pero en España no. Los procuradores somos los llamados a llevar a efecto todos estos trámites, relativos a la ejecución de sentencias, donde España está a la cola con respecto a otros países. La satisfacción del ciudadano no se produce solo cuando un juez le da la razón, sino cuando se hace efectiva, y ahí debería poder actuar el procurador, como en Francia, Estados Unidos, Luxemburgo, Inglaterra, Holanda... No sería algo nuevo, está inventado ya. Se han hecho propuestas al respecto, entre ellas la que un equipo del Ministerio de Justicia elaboró últimamente, pero ningún legislador se ha atrevido a llevarla al Congreso de los Diputados. Seguimos peleando por ello, es uno de nuestros objetivos prioritarios.

—¿En qué medida ha afectado la crisis a la procura?

—La crisis ha sido dura para todo el mundo, y los procuradores no hemos sido una excepción. Cuando se inició hubo un momento de bonanza, porque había muchos pleitos, pero después se lo fue comiendo todo —las empresas, el gasto de las familias—, y esto hizo que la gente litigara menos; al propio tiempo, la gente no tenía medios económicos y, si antes era difícil cobrar a los clientes, en los tiempos de la crisis se convirtió en misión imposible, prácticamente.

—¿Ha habido diáspora, como en otras profesiones?

—No, al menos significativamente. La profesión, en España, se ha mantenido. Ha habido menos trabajo y, en consecuencia, menos ingresos.

—Volviendo al sistema Lexnet, algunas voces, desde la propia abogacía, auguraban que su implantación podía suponer la muerte de la procura. ¿Tenían razón?

—La incorporación de las nuevas tecnologías en la Justicia no solo no ha tenido ese efecto, sino el contrario, nos ha hecho más imprescindibles. A finales de los años 80, cuando yo era secretario del Consejo General de Procuradores de España, bajo la presidencia de Enrique Granados, se planteó la cuestión del advenimiento de las nuevas tecnologías. Entonces había un numeroso grupo de decanos que pensaban que iban a acabar con nosotros y, por lo tanto, que había que luchar contra ellas; otros pensábamos que la mejor manera de afrontar ese proceso era liderarlo y ponernos a la cabeza de la manifestación tecnológica. Recuerdo un pleno muy duro donde se votó esto, y se ganó por muy pocos votos. Nos pusimos el mono de trabajo y, una vez que las tecnologías se reafirmaron y Lexnet llegó a la Justicia, los procuradores éramos los líderes. No solo no acabó con nosotros, sino que nos reafirmó, porque éramos los únicos que sabíamos bien cómo funcionaba el sistema. Así lo han reconocido los sucesivos gobiernos.

—¿Cómo están las relaciones entre los procuradores y la abogacía?

—Las relaciones institucionales con la abogacía son magníficas, vivimos un momento extraordinariamente bueno. Tenemos asuntos de interés común, vamos de la mano tanto en peticiones como para contraatacar cuando creemos que se nos ataca. En cuanto al abogado de a pie, creo que su opinión sobre la procura es buena; cuanto más trabajo tiene un despacho, más confía en el procurador.

—Y la Justicia española, ¿cómo la ve el presidente del Consejo General de Procuradores?

—Si hiciéramos una encuesta entre la ciudadanía, seguramente dirían que funciona muy mal. Pero, si se profundiza en ese tipo de encuestas, aparecen cuestiones curiosísimas. Por ejemplo, el que nunca ha acudido a la Justicia la valora mucho peor que el que ha acudido alguna vez. Hay una opinión generalizada, en la que se abunda a diario desde los medios de comunicación y las redes sociales, que asegura que la Justicia española está politizada; yo creo que no es así. Un juez, cuando dicta una sentencia dentro de su independencia judicial, tiene muy pocos condicionamientos políticos, pero siempre vamos al tema de la corrupción política, y eso no es la Justicia, la Justicia es mucho más. Se la mira siempre desde el prisma de la jurisdicción penal, pero la civil —que es mucho más amplia—. La mayoría de la gente nace, vive y muere sin pisar un tribunal penal y, sin embargo, alguna vez en la vida pisa uno civil. Pero de eso se habla menos.

—¿Cree que la situación catalana puede ser una excusa propicia para que entre la opinión pública se genere esa concepción politizada de la Justicia?

—Precisamente lo que ocurre en Cataluña es una evidencia de que el ritmo de la Justicia no tiene nada que ver con el de la política; la Justicia es diésel, va despacito, a su ritmo, pero si hay que subir una cuesta acaba subiéndola y, al final, vemos que hay resultados, en este caso con una serie de políticos encarcelados que serán juzgados. Es decir, que la Justicia actúa, no se para les venga bien o mal a los políticos.

—¿Un gran pacto de Estado sería un buen instrumento para mejorar esa percepción?

—No sería nada malo, desde luego. Lo reclamamos desde hace muchos años, hace falta mejorar asuntos como la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, reformar su ley orgánica, intervenir en la demarcación y planta judicial y evitar que exista una Justicia de primera y otra de segunda según si el ciudadano vive en una gran ciudad o en pueblo, por ejemplo. Hay mucho trabajo por hacer. En general, cuando converso con los representantes de Justicia de los grupos parlamentarios sobre los problemas de la institución, todos hablamos el mismo idioma, hacemos el mismo diagnóstico y damos las mismas soluciones, pero a la hora de plasmarlo en una ley priman las divergencias políticas.

—¿Cuál es el papel de un procurador en pleno siglo XXI?

—Hay que evolucionar y adaptarnos a los tiempos que vivimos. Nuestra profesión es bimilenaria, pero si comparamos lo que hacía un procurador en Roma con lo que hace ahora, las similitudes son lejanísimas. Nos hemos adaptado a las necesidades sociales, y ahora se nos piden nuevas demandas, como, por ejemplo, celeridad a los pleitos —que ya aplicamos—, o la ejecución —que aún no tenemos en plenitud—.

—¿Faltan “vocaciones” en la profesión a día de hoy?

—Todo lo contrario, tenemos “exceso” de procuradores.

Fuente: Diariojaen.es