Los paros pueden alterar el trabajo y provocar retrasos en los juzgados

 A menos que la situación de un giro de 180º (y nada hace preverlo), los paros y movilizaciones en la Administración de justicia continuarán a lo largo de este año. Las negociaciones entre el ministerio y las asociaciones para abordar sus demandas salariales y profesionales no están dando frutos y los colectivos siguen en pie de guerra. Si 2018, con dos huelgas generales de jueces y fiscales (en mayo y noviembre) y paros de letrados y personal de justicia, fue especialmente conflictivo, 2019 no se presenta mucho mejor. Las medidas de presión van a continuar y nadie descarta volver a la huelga.

Aunque las reclamaciones no son solo retributivas, la incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos y el reparto de las partidas económicas añade tensión entre los colectivos. La subida salarial será clave en las negociaciones con el ministerio, que ya ha iniciado el diálogo con jueces y fiscales. La última de estas reuniones, celebrada el pasado jueves, resultó “decepcionante”.La oferta de mejoras a largo plazo (2021) no ha convencido.

Jueces y fiscales

Las cuatro asociaciones de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– y las tres de fiscales –Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)– anuncian que continuarán dando batalla conjunta para lograr la puesta en marcha de la batería de propuestas para la mejora de la justicia presentadas en 2017. 14 peticiones de carácter retributivo, profesional y organizativo a las que se añadieron algunas específicas de la carrera fiscal. Una unidad que solo peligraría si, como indica Emilio Fernández, presidente de UPF, se planteara una huelga de varios días.

La recuperación de la pérdida salarial de 2010, la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y la derogación los plazos máximos de instrucción son los principales puntos enquistados en las conversaciones. Si bien se tiene en cuenta que la situación de debilidad parlamentaria del Gobierno dificulta las reformas, desde la AJFV se destaca que la carrera judicial “está en un momento reivindicativo muy fuerte”, dada la ausencia de ascensos, el maltrato a las nuevas promociones y a la categoría de juez, a la precarización de los jueces de adscripción territorial, a la sobrecarga de trabajo y a la falta de posibilidades de desarrollo de una verdadera carrera profesional.

Delgado propuso en la última reunión una partida de algo más de 1,3 millones de euros para incrementar el sueldo de jueces y fiscales de menor categoría, pero aún no hay noticia sobre si hay dinero para las retribuciones variables. Concepción Rodríguez, presidenta de FJI, califica de “irrisorio” el pago de las guardias a 70 céntimos de euro la hora. Para FJI resulta "asombroso" que la ministra de Justicia que, como recuerdan, secundó las huelgas y paros con los anteriores gabinetes ministeriales "se haya olvidado inmediatamente de nuestras reivindicaciones".

Los derechos laborales y las condiciones de trabajo son otro de los caballos de batalla. En este punto, señala Celso Rodríguez, portavoz de APM, la recuperación de permisos y licencias aprobada en diciembre y la fijación de las cargas de trabajo sin modificación de la planta judicial no son avances suficientes en relación con el conjunto de peticiones. "Estamos asistiendo a un horizonte de efectividad de estas medidas excesivamente largo que tendrían que atajarse con decisiones inmediatas, cuya celeridad no estamos comprobando", declara.

Una situación en la que incide Ignacio González, portavoz de JJpD, para el que muchos de los problemas que aquejan a la justicia son de tal profundidad que requerirían de un gran consenso parlamentario. Como señala González, la legislatura se inició con esa estrategia nacional de justicia "que ha quedado en nada y que genera cierta frustración". Los pequeños avances en las negociaciones iniciadas hace dos años no son suficientes, subraya, "el malestar sigue ahí, no vamos a renunciar a las medidas de conflicto", afirma.

Por su parte, Cristina Dexeus, presidenta de AF, recuerda que una de las principales reivindicaciones es la derogación del precepto que limita los plazos de instrucción de las causas. Una cuestión sobre la que, como afirma Emilio Fernández, “no nos han hecho ni caso” y que ha provocado ya la absolución en un presunto caso de corrupción en Murcia. Fernández explica que muchas de las mejoras dependen de que se aprueben los presupuestos: "si no hay presupuestos no habrá creación de plazas, no se podrá modificar la retribución de las guardias, ni la recuperación salarial de lo que nos quitaron".

Dexeus hace además hincapié en la autonomía de la Fiscalía General del Estado respecto al Ministerio de Justicia, una autonomía que, como subraya, "ha de ser presupuestaria reglamentaria y de gestión".

Unos 5.400 jueces y 2.500 fiscales de toda España podrían ser convocados a una nueva jornada de huelga que incrementaría los problemas de colapso de los juzgados. Una medida que requiere consenso pero que, como señala Miguel Pallarés, portavoz de APIF, se producirá si no hay ningún avance en “nuestras justas reivindicaciones”. "Tenemos que reunirnos los representantes de todas las asociaciones y proponer un calendario de movilizaciones para el caso de que no se produzcan avances concretos, la situación de la Justicia no aguanta más", anuncia.

Letrados de Justicia

Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, ya anunció en una entrevista concedida a CincoDías Legal el pasado mes de octubre que se movilizarían si no conseguían avanzar en las negociaciones sobre la adecuación salarial del colectivo. El paro parcial del 13 de noviembre no ha propiciado una reacción. “La ministra no ha tenido a bien recibirnos”, lamenta Lara, quien califica la situación de “sorprendente” y de “retroceso”. El malestar del colectivo se incrementa, explica, por el agravio comparativo que supone que se negocie con jueces y fiscales subidas salariales a cuenta de una partida presupuestaria de 2018 que, según explica, estaba destinada a mejoras profesionales de todos los colectivos de justicia.

Funcionarios

Desde el STAJ (Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia) se anuncia conflicto asegurado para 2019 si el ministerio no reacciona al ultimátum lanzado para sentarse a negociar el salario de más de 10.000 funcionarios no transferidos, cuyo sueldo, explican, está muy por debajo del de otros compañeros.

Por su parte, Javier Jordán de Urriés, vicepresidente del Sector Nacional de Justicia de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), señala que el ministerio debe abordar en 2019 la revisión salarial de todos los cuerpos, y que es necesario avanzar en el modelo organizativo, creándose perfiles profesionales, y en la implementación de programas informáticos realmente eficientes.

Fuente: cincodias