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Se trata de una reforma puntual de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que fue promovida por PP, PSOE y Ciudadanos para poner fin a la incertidumbre generada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, para un caso de Bélgica, dictaminó que la asistencia jurídica gratuita tenía que tributar.
Los profesionales del turno de oficio llegaron a recibir avisos de Hacienda exigiéndoles el IVA a raíz de la citada sentencia, pero tras las denuncias se impulsó a iniciativa y la Agencia Tributaria se comprometió a no aplicar la directriz de reclamar el 21% de IVA a estos abogados y procuradores.
La reforma se tramitó por la vía de urgencia y este jueves ha culminado el proceso en un único debate parlamentario en el Pleno del Congreso, en el que, además, se han debatido y rechazado las 36 enmiendas parciales presentadas por los demás grupos.
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