El presidente del Gobierno anuncia la movilización de hasta 200.000 millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus. También se reformará la normativa sobre inversiones exteriores "para evitar que compañías extranjeras puedan hacerse con empresas españolas por la caída bursátil".
Para que el impacto económico provocado por el coronavirus "venga seguido de una recuperación, debemos ser contundentes, con la mayor movilización de recursos de la historia de la democracia", señaló este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una "movilización colosal de recursos públicos" de hasta "200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestro PIB". De esa cantidad, "117.000 millones serán íntegramente públicos", mientras que los 83.000 millones restantes corresponderá a la "movilización de recursos privados".
El desplome bursátil provocado por el coronavirus ha golpeado la capitalización bursátil de las empresas del Ibex 35. Para blindar a las cotizadas del selectivo y evitar que empresas españolas de sectores estratégicos acaben en manos de compañías extranjeras, el Ejecutivo ha "reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos", tal y comoanunció ayer Sánchez.
Con esta decisión el Gobierno quiere impedir que firmas extranjeras aprovechen la "caída coyuntural" del valor de las acciones de las empresas españolas, "en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad los mercados financieros". Esta medida forma parte del real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros con medidas económicas para afrontar la crisis del coronavirus
Pedro Sánchez destacó en su comparecencia que "estas medidas no tienen precedentes en la historia democrática de nuestro país". Medidas extraordinarias para afrontar "días muy duros" que están por venir. "No vamos a dejar a nadie atrás. El Estado va a asumir este choque", garantizó el presidente del Gobierno. Por eso "17.000 millones van destinados a colectivos muy vulnerables". Sánchez incidió en que "este frenazo en seco de la economía española es coyuntural y temporal. Después tendremos que afrontar la recuperación económica". Para que el tejido empresarial pueda afrontar con garantías ese momento de la recuperación económica, el Gobierno ha puesto en marcha el siguiente paquete de medidas.
Sánchez garantizó que inyectará "toda la liquidez que necesite" el tejido empresarial. "Las empresas solventes necesitan liquidez y vamos a dársela". Para ello, el Ejecutivo ha aprobado una línea de avales por valor de 100.000 millones de euros para las empresas. Con esta medida el Gobierno espera solventar los problemas coyunturales derivados de la caída de la actividad y evitar así que deriven en problemas de solvencia. Según explicó el presidente, esos 100.000 millones permitirán movilizar un total de entre 150.000 y 200.000 millones si se suma la colaboración del sector privado.
El Gobierno agilizará los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y garantiza a todos los empleados afectados la prestación contributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado. Las empresas también quedan exoneradas de la parte de la cotización de contingencias comunes durante el tiempo que dure el ERTE. "Hago un llamamiento a los empresarios: no despidan a los trabajadores, es una crisis temporal", pidió Sánchez, que agradeció la ayuda y colaboración de empresarios y sindicatos, así como a la oposición y a los presidentes autonómicos en estas medidas.
Todos los ERTE que tengan "causa directa" en la pérdida de negocio por las medidas puestas en marcha por el Gobierno, por contagio de la plantilla o por medidas de aislamiento preventivo, se considerarán de fuerza mayor y y se resolverán en un plazo máximo de siete días. Las empresas tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que explique las circunstancias que le han llevado a presentar el ERTE.
"Garantizamos el derecho a la vivienda de las personas más vulnerables con una moratoria de las hipotecas. Ninguna persona perderá su casa ni será desahuciada durante esta crisis" , garantizó Sánchez. Por esose ha aprobado una moratoria en el pago de las hipotecas para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos por el coronavirus.
Sánchez no dio más detalles de esta iniciativa, pero con esta medida el Gobierno librará a las familias más afectadas por esta crisis, entre ellas las que pierdan sus puestos de trabajo como consecuencia de un ERTE, de pagar la cuota hipotecaria unos meses. "Lo razonable" sería que la moratoria se alargara durante varios meses o el tiempo que duren las consecuencias económicas de esta nueva crisis, según fuentes próximas al Ejecutivo.
"No vamos a dejar a nadie atrás, especialmente a los más vulnerables". Para la protección de ese colectivo especialmente expuesto al coronavirus - personas mayores, dependientes y colectivos vulnerables-, el Gobierno destinará 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas y de los entes locales.
De esa cantidad, la mitad se destinará a un fondo especifico de contingencia para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes y otros 300 millones, para la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en partidas de atención social: atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus
"Ampliamos la protección de los suministros esenciales (energía y agua) a las telecomunicaciones", destacó el presidente del Gobierno. Así, el Ejecutivo garantiza los servicios públicos "esenciales" de energía, agua y las telecomunicaciones durante el periodo de duración de la crisis provocada por el coronavirus, prohibiendo los cortes de estos servicios a los consumidores vulnerables.
El Gobierno también ha aprobado medidas que afectan directamente a los asalariados, "para que puedan adaptar su jornada laboral incluso al 100% y puedan conciliar", señaló Sánchez. El Gobierno impulsará el teletrabajo a través de una dotación "importante" a las empresas para la compra de ordenadores, al tiempo que permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo, siendo posible una reducción del 100% de la jornada. Esta medida aliviará las cargas financieras de las empresas y permitirá recuperar empleo "cuanto antes".
Entre las circunstancias excepcionales que pueden justificar estos cambios están el cierre de centros educativos o residencias o la ausencia de quien se encargaba hasta ahora del cuidado de menores o dependientes. La reducción de jornada no requerirá preaviso alguno, más allá del que derive de la buena fe y no estará limitada en su disfrute por porcentaje mínimo ni máximo pudiendo llegar incluso al cien por cien de reducción. No se establece, en principio, la figura de una prestación de la Seguridad Social que compense esta reducción.
El Consejo de Ministros ha aprobado la exoneración del pago de cotizaciones a aquellas empresas que, en lugar de despedir trabajadores, se acojan a expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE).
Sánchez ha destacado que esta medida aliviará las cargas financieras de las empresas y permitirá recuperar empleo "cuanto antes".
También para facilitar los trámites, no será necesario que las empresas realicen ninguna solicitud expresa ante la Tesorería General de la Seguridad Social, sino que directamente no se facturarán las cotizaciones de los empleados identificados por la empresa a través del Sistema de Liquidación Directa y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Además, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado a EXPANSIÓN que se aplaza sine die el real decreto que ley para aumentar las bases de cotización, que estaba estudiando el Ejecutivo, dadas las circunstancias. Hay que recordar que en esta ley se incluyen tanto las bases mínimas, que aunque están condicionadas al Salario Mínimo Profesional necesitan una norma posterior, como las máximas y las de autónomos. El Gobierno quería elevar las bases de cotización, pero, de momento, esta medida queda paralizada.
Las medidas de este martes se sumarán a las del real decreto-ley aprobado el pasado jueves con las primeras del plan de choque contemplaba la inyección de 18.225 millones para paliar las consecuencias económicas del coronavirus, que incluye el aplazamiento y fraccionamiento de hasta 30.000 euros en deudas tributarias por un plazo de seis meses sin intereses, con tres meses de carencia, y una inyección de 14.000 millones de euros en liquidez a pymes y autónomos.
Para los empleados de la Administración General del Estado (AGE), los trabajadores en aislamiento continuarán percibiendo el 100% de sus retribuciones y se permitirán modalidades de trabajo no presencial y se flexibilizará el teletrabajo para los padres. A su vez, la norma agiliza el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que sean necesarios.
Asimismo, se habilita a Hacienda para realizar transferencias entre las distintas secciones presupuestarias con el fin de reforzar la financiación de la política sanitaria por parte del Estado.
Además, se dota una línea específica de crédito del ICO de 400 millones de euros destinada a empresas y autónomos del sector turístico y se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa puedan aplazar su reembolso.
También se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, con un coste estimado de 45 millones de euros.
Asimismo, se facilita que las aerolíneas no tengan que utilizar un mínimo de slots determinado para conservarlos, lo que será de "gran alivio" para las aerolíneas, aunque esta medida requerirá de autorización por las autoridades europeas.
En paralelo, Renfe permite desde este lunes que los viajeros cambien para otra fecha o anulen sin coste alguno los billetes de tren que tengan adquiridos. Además, también se aprobó el pasado martes la suspensión de todos los viajes del programa de Turismo Social del Imserso durante un mes.
Para combatir la enfermedad también transfieren 2.800 millones de euros a las CCAA para el Sistema de Salud Pública, como adelanto de los anticipos a cuenta previstos en el sistema de financiación autonómica. Se moviliza en torno a 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia de los PGE destinados a intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad.
En cuanto a las medidas de atención directa a las familias, se aprueba una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar los servicios sociales de las comunidades autónomas y se flexibilizará la obtención de becas-comedor para hacerla efectiva incluso en los colegios cerrados.
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