A estas alturas, en muchos ámbitos puede parecer raro que un determinado sistema sea solo compatible con Internet Explorer, sobre todo teniendo en cuenta que Microsoft ya dejó de desarrollarlo hace tiempo y que lo sustituyó por Microsoft Edge. Sin embargo, esto es posible: Lexnet, sistema de gestión de notificaciones telemáticas desde los juzgados a los profesionales de la Justicia (abogados y procuradores), solo es compatible con Explorer. Pero ahora, eso va a cambiar.
Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, ha anunciado que Lexnet va a comenzar a ser compatible con otros navegadores y que esta compatibilidad «debería estar antes del verano», según sus propias palabras.
La incompatibilidad de Lexnet se ha convertido en un escollo importante para el proceso de digitalización de la Administración de Justicia en España, tal como reconoció el propio Cubo en unas jornadas organizadas por La Ley. El problema se ha convertido en una urgencia ya que Microsoft ha anunciado que Internet Explorer dejará de tener soporte a partir del próximo 15 de junio. A tenor de lo expuesto por este director general del Ministerio de Justicia, la actualización que se va a llevar a cabo va a ser aprovechada para realizar mejoras adicionales a la posibilidad de utilizar otros navegadores.
Cubo ha señalado que España puede llegar a ser “referente de la transformación digital en el mundo”. Según ha expresado el alto cargo del Ministerio de Justicia, todas las administraciones dispondrán para finales de 2023 del expediente judicial electrónico. Ir al juzgado a recoger documentación será cosa del pasado. Como destaca, tenemos todos los elementos de cara para «impulsar un proyecto que siente las bases de diez años de grandes avances«.
Los planes a los que se refiere Cubo se enmarcan en el Plan Justicia 2030, que contempla una inversión de 400 millones de euros hasta 2023 para implantar infraestructuras digitales homogéneas e interoperables en la Administración de Justicia. En este esquema tienen un papel importante las Comunidades Autónomas, que están trabajando con el Ministerio para implementar las mejoras necesarias, muchas de las cuales son posibles gracias a la llegada de fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este sentido, Cubo asegura que la digitalización que trajo la pandemia y la inyección de los fondos europeos han sido dos fuerzas de empuje. Repartir el dinero y que todos estén de acuerdo ha sido un avance. Las Comunidades Autónomas se han puesto las pilas para resolver sus deficiencias tecnológicas y la comunicación entre oficinas es fluida. Hay reuniones, contactos y propuestas constantes, señala Cubo. Y sobre todo, hay financiación. «El hito de haber llegado a un acuerdo con todos y de haber repartido el dinero nos permite centrarnos en la ejecución”, destaca.
Hasta el momento, el Ministerio ha conseguido la tramitación automática de 150.000 expedientes de cancelación de antecedentes penales. Este logro, remarca el director general, «ha ahorrado un trabajo ingente a los funcionarios«. Asimismo, señala que hasta el momento, en el ámbito territorial del Ministerio los funcionarios han realizado un total de 200.000 horas de teletrabajo y medio millón de vistas virtuales.
No obstante, reconoce que, en materia de vistas virtuales, hay sistemas que necesitan una renovación urgente. «Para que un juez tenga confianza en un juicio telemático la parte tecnológica tiene que funcionar como un reloj», subraya. La base tecnológica existe. Uno de los avances que ya da frutos, remarca, es la utilización de la Inteligencia Artificial para la textualización de grabaciones.
Cubo afirma que se han producido avances para perfeccionar en el funcionamiento de la Administración de Justicia, aunque reconoce que hay que mejorar la imagen de la Justicia frente a los ciudadanos. Sobre este asunto concreto, el director general mostró su preocupación con que la ciudadanía perciba a la Justicia como algo que «da miedo», y no como un «servicio público». Queda camino por hacer. «No hay información cercana a los ciudadanos y determinadas cuestiones no llegan». Hay, en su opinión, «un problema de comunicación«.
Entiende que este problema puede ser resuelto con proyectos como la creación de una carpeta ciudadana para la Justicia, la implementación de Clave y la puesta en marcha de herramientas que ayuden al ciudadano en sus trámites judiciales. Con todo, Cubo asegura que la transformación es ya una realidad a la que los profesionales «deben adaptarse»
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