Los nuevos módulos servirán para valorar la necesidad de ampliar la planta judicial o de adoptar medidas de refuerzo. Las cargas de trabajo acordadas serán válidas desde hoy
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, han firmado hoy el acuerdo sobre los criterios que se emplean para medir la carga de trabajo que puede soportar cada tipo de órgano judicial, cuyo contenido fue aprobado por unanimidad por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces en su reunión del pasado 29 de noviembre.
Los nuevos módulos de entrada de asuntos permitirán valorar la adecuación de la planta judicial a las necesidades reales y adoptar medidas tales como el aumento del número de órganos, el aumento del número de plazas judiciales o la aprobación de refuerzos y planes de urgencia.
Las cargas de trabajo acordadas serán válidas desde hoy y estarán vigentes en tanto se proceda a su modificación por un nuevo acuerdo entre ambas partes. No obstante, a efectos estadísticos la nueva medición se adoptará con efectos de 1 de enero de 2019.
Los módulos vigentes hasta ahora fueron establecidos en 2003. El tiempo transcurrido desde entonces, así como la variación que se ha producido en las cargas de trabajo como consecuencia de las reformas legislativas y de las desviaciones derivadas de la entrada de determinados tipos de asuntos, como las relacionadas con cláusulas abusivas, han hecho necesaria su actualización.
Los nuevos módulos se han fijado a partir de los estudios que el Servicio de Inspección del CGPJ y los órganos competentes del Ministerio de Justicia han realizado sobre la entrada de asuntos en los diferentes órganos judiciales y su capacidad de resolución. También se han tenido en cuenta las medidas de refuerzo adoptadas, las situaciones de sobrecarga y las peticiones de creación de nuevas plazas realizadas por el CGPJ y por los Tribunales Superiores de Justicia.
El módulo de entrada de asuntos que se fija en el acuerdo es el módulo general para todo el conjunto nacional por cada tipo de órgano y será el principal instrumento de medición empleado para determinar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, pero no el único, pues también podrán tenerse en cuenta otros criterios derivados de circunstancias concretas que afecten de forma puntual a un juzgado o tribunal. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la realidad socioeconómica del partido judicial influye de forma permanente en el tipo de asuntos que ingresan en los juzgados.
La superación del módulo no conllevará de forma automática la obligación por parte del Ministerio de Justicia de crear nuevos órganos o la ampliación de las plazas judiciales, decisiones que dependerán de la disponibilidad presupuestaria tanto del Ministerio como de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. En todo caso, para la toma en consideración de la necesidad de crear nuevos órganos o plazas será necesaria la superación del módulo en más de un 30 por ciento de media durante los cinco años anteriores.
Además, estos módulos de entrada, junto con las circunstancias específicas de los distintos partidos judiciales y su litigiosidad, servirán al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para valorar la adecuación de la planta a las necesidades reales, las condiciones de conversión o transformación de órganos, e igualmente, para la valoración de las medidas de refuerzo y apoyo que en cada caso resulten más adecuadas.
Al acto de la firma han asistido, entre otros, los vocales del CGPJ; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo.
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