LAS PRIMERAS JORNADAS SOBRE LENGUAJE JURÍDICO (“SIC REBUS STANTIBUS”), FUERON ORGANIZADAS POR LOS DOCTORES RICARDO JIMÉNEZ Y MARÍA MUT DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUÑA

El artículo 20 de la Constitución dice que la Justicia emana del pueblo. Sin embargo, el pueblo no comprende bien el lenguaje en que se expresa su Justicia, lo que no deja de ser una paradoja.

La frase «Se ama lo que se conoce y se desconfía o se desprecia aquello que se desconoce», sintetiza muy bien el problema al que se enfrenta la Justicia y en el se está jugando, nada menos, que la confianza pública.

Un problema que no hace más que alejar a la ciudadanía de su Administración de Justicia de aquellos a los que sirve, por su lenguaje, percibido, en muchos casos, como una suerte de galimatías incomprensible.

De ello se trató en la «Jornada Lenguaje Jurídico: ‘Rebus Sic Stantibus'», un evento que fue organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña, en Barcelona.

En la misma tomaron parte las profesoras María Ángeles García e Irene Yúfera, profesoras del departamento de Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona.

Ambas han dado clase de redacción jurídica tanto en la Escuela Judicial, que el órgano de gobierno de los jueces tiene en Vallvidriera, Barcelona, donde se forma a los futuros jueces, como en el Master de Estudios Avanzados de la Universidad en la que prestan sus servicios (con una matrícula predominante de abogados con dilatada experiencia profesional que acuden a la universidad para realizar trabajos de investigación).

En su ponencia, las profesoras subrayaron la necesidad de ofrecer a la comunidad de práctica jurídica herramientas para que las formulaciones lingüísticas de sus escritos sean comunicativamente eficaces.

«La propia comunidad jurídica tiene que ser un motor de cambio”, afirmaron en el curso de su ponencia, «Lo escribiremos claro, y punto: desaprender lo aprendido en el aula de escritura experta”. 

Para ambas profesoras, “el ciudadano está reivindicando su derecho a comprender«. 

Para ello proponen «que los documentos escritos que las instituciones dirigen al ciudadano sean fáciles de comprender y permitan a encontrar fácilmente en ellos la información que el ciudadano busca y necesita”.

Con esta finalidad, explicaron, se hace necesario que la comunidad de práctica jurídica desaprenda algunas rutinas de redacción que hereda de la tradición de siglos de escritura jurídica.

Lo que implica una revisión del contenido, del diseño y de la estructura de los documentos, así como de la construcción de los párrafos y de la sintaxis de las oraciones, y de los usos léxicos, ortográficos y ortotipográficos.

UNA TENDENCIA QIE ES YA INTERNACIONAL

Lo planteado por ambas profesoras fue corroborado como una tendencia a nivel internacional por la doctora  Ruth Breeze (ICS, Universidad de Navarra), especialista en Análisis del Discurso, Comunicación profesional e Inglés Legal, que desarrolló su exposición sobre el título «Plain Language? What can we learn from other experiences» (¿Lenguaje sencillo? ¿Qué podemos aprender de otras experiencias?).

«En Reino Unido», explicó, «se percibe un lento, pero constante progreso hacia el uso del inglés claro en los documentos legales».

La doctora británica explicó que” la dinámica es «top-down»: “Varias iniciativas desde el Gobierno y la Administración de Justicia han impulsado unos cambios en el lenguaje jurídico que, paulatinamente, están cambiando la forma de comunicar en los tribunales y el estilo de redacción”.

Por su parte la  doctora Anna Alsina, profesora del Departamento de Español y Portugués de la Princeton University, analizó, en su intervención la tendencia imperante en Estados Unidos e Iberoamérica.

«Se han producido avances para promover el uso de un lenguaje jurídico claro en Chile, donde se ha hecho un enorme progresos, además de Argentina, México y Colombia», relató.

Avances que comparó con el movimiento «Plain Language» en los Estados Unidos, «donde se usa el lenguaje claro en la redacción de leyes y en la administración, pero de forma más limitada en los tribunales”.

ESPAÑA FUE PIONERA

España fue pionera en 2011 en esta tendencia internacional.

El entonces ministro de Justicia, Fran Caamaño, presentó una guía para hacer más sencillo y comprensible el lenguaje jurídico, basada en el informe sobre la modernización de este lenguaje que recomendaba a los magistrados, los fiscales y otros profesionales del Derecho emplear un lenguaje más sencillo y comprensible y olvidar los términos «crípticos y oscuros» que a menudo aparecen en sus escritos.

Impulsado personalmente por el entonces secretario de Estado de Justicia, magistrado y actualmente diputado por el PSOE, Juan Carlos Campo, el Informe de la Comisión de Modernización del lenguaje jurídico fue elaborado por una comisión de expertos y enviado al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales (a través de los correspondientes consejos generales), las universidades y la Administración educativa en general.

«La modernización del lenguaje jurídico debe servir para hacer efectivo el derecho a comprender, una necesidad perentoria en un ámbito que incide en los derechos fundamentales», declaró entonces Campo.

La victoria del PP a finales de aquel año y la llegada de Alberto Ruiz-Gallardón a esa cartera, condenó al olvido aquella iniciativa, que, hoy, visto lo visto, siendo una necesidad.

LOS OTROS ENFOQUES

Durante la misma jornada intervino el doctor Luis María Cazorla, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, letrado de las Cortes Generales, abogado y novelista con una ponencia titulada“¿Hacia la destrucción del lenguaje jurídico?”. 

Pablo Franquet, socio abogado de Jausas-Fieldfisher, autor del blog “litigiodeautor!», quien tituló su ponencia “Escribir para ganar: aerodinámica jurídica”, empleó el mundo de la Fórmula 1 como metáfora de cómo debe emplearse el lenguaje jurídico, a partir de su experiencia como abogado y como profesor de talleres de escritura para juristas que imparte con el doctor Jiménez. 

En su opinión, «los abogados tenemos el mismo objetivo que la Fórmula 1 (ganar), pero no aplicamos los mismos medios. La maquinaria de un abogado son sus escritos judiciales. Nuestra misión al redactar es mantener la atención del juez desde la primera letra hasta el punto final. Y, por el camino, persuadirle de que nuestro cliente tiene razón”.

Al mismo tiempo destacó que “la legibilidad de un escrito es el equivalente a la aerodinámica de un bólido”, y añade que “cada  componente de nuestro escrito debería estar orientado al objetivo último, que es ganar el caso para nuestro cliente”.

Para Franquet, el uso de párrafos equilibrados, frases cortas, encabezamientos atractivos y un lenguaje claro, sencillo y preciso facilita la lectura del juez.

Los argumentos se transmiten de una forma más directa y convincente.

“Los argumentos sencillos son los que ganan, los argumentos complicados son pastillas para dormir de papel”, ha dicho el juez Kozinski (juez de la Corte de Apelaciones de California).

También aclaró que “el abuso del argot jurídico y los arcaísmos, las oraciones subordinadas, los párrafos interminables, el gerundio y la pasiva restan vitalidad al texto. Todo ello hace que, muchas veces, la exposición escrita de un argumento resulte amojamada y mustia”

Para Ricardo Jiménez, doctor en lingüística y profesor en la facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña, autor de “Escribir bien es de justicia”, y organizador del evento, “para reflexionar sobre el uso del lenguaje jurídico conviene reunir a juristas y a lingüistas porque se enriquece el debate si ambos aportan ideas de sus ámbitos”, por eso esta jornada ha pretendido ser un foro de reflexión multidisciplinar.

Que cumplió muy bien su función.

Fuente: CONFILEGAL