El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recibió ayer las alegaciones de los distintos colectivos a su plan de choque para evitar el colapso de los juzgados frente al coronavirus. Las 108 medidas que hace menos de una semana propuso en un extenso documento de más de 400 folios –y que abarcaba todos los órdenes jurisdiccionales– no han convencido a quienes tienen que ponerlas en marcha. Los jueces ven una reforma procesal encubierta que, por su trascendencia, debería ser consensuada en el Parlamento y no llevada a cabo por la vía de urgencia.
Así lo exponen la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados. En sus respectivos escritos acusan a su órgano de gobierno de permanecer ajeno a la realidad de los juzgados y de haber propuesto soluciones nada realistas y poco garantistas para frenar la avalancha en los Tribunales tras la crisis del coronavirus.
La APM señala que en las propuestas del Consejo «no se observa la más mínima referencia a la progresiva vuelta a la normalidad», cuando sería preciso abordar cómo se va a producir la reincorporación, cómo se van a practicar las notificaciones o cómo se va a priorizar los asuntos. Y, sin embargo, «al hilo de la emergencia», dice, el CGPJ propone medidas que se llevan pidiendo mucho tiempo y que precisamente ahora no es el momento de abordarlas. «La solución de la crisis está tanto en las propuestas de agilización, necesarias ante una situación excepcional, como que las mismas se dicten con escrupuloso respeto de las normas constitucionales y orgánicas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, que es lo que en definitiva genera confianza en los ciudadanos y garantiza la seguridad jurídica».
Más duro es el escrito de Francisco de Vitoria, que acusa al CGPJ de haber «aprovechado» la situación de estado de alarma para proponer «un cambio estructural de modelo procesal». La mayoría de las propuestas no están justificadas, llega a decir.
«Mostramos nuestra preocupación ante el aprovechamiento de una situación política irregular para, por vía de urgencia, tratar de introducir reformas que merecen un gran consenso político. Los órganos constitucionales no deben escoger los resquicios de pérdida de garantías provocado por un estado constitucional pero excepcional, para eludir el control parlamentario y social».
Reprochan a Lesmes no haber hecho un estudio económico del plan en su conjunto y recalcan que sin inversión no se podrá hacer frente al aumento de litigiosidad.
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