Frederic Xavier Ruiz Galmés

DECANO DEL IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE BALEARS

“Se necesita un debate serio y profundo para conseguir una Administración eficiente”

REDACCIÓ PALMA

Frederic X. Ruiz, presidente del Il·lustre Col·legi de Procuradors de Balears, repasa temas de interés como la necesaria reforma de la ejecución de sentencias, la digitalización de la Justicia o los problemas que ha provocado la implantación de tasas judiciales.

—¿Qué garantías ofrece el procurador al ciudadano?

 —El procurador es un profesional especializado en el procedimiento judicial. Un técnico procesal cuya labor asegura al cliente, una vez marcada la estrategia de defensa de sus intereses, la posibilidad de disponer de las herramientas procesales que le amparan y tiene a su alcance en cualquier tipo de procedimiento, sea preceptiva o no su intervención en el mismo. Es un nexo de unión entre la administración de justicia y el ciudadano que accede a ella, posibilitando para una y otro una comunicación más eficaz y eficiente canalizando con sus conocimientos y experiencia las relaciones que se establecen entre ellos a través de las distintas solicitudes instadas y las resoluciones que se dan a las mismas. Es, por tanto y, ante todo, un profesional de confianza que garantiza la representación de los intereses del ciudadano del modo jurídico más adecuado ante la administración de justicia.

—Una de vuestras reivindicaciones es que se reforme la ejecución de las sentencias, ¿por qué?

 —La ejecución de las sentencias sigue siendo una asignatura pendiente en la administración de justicia y es uno de los caballos de batalla a los que nos enfrentamos en la mayor parte de los procedimientos. La realidad es terca y siempre mucho más ágil que la respuesta que pueda darse a la misma desde una organización que se debe a los tiempos de una administración que no deja de tener su propia burocracia para la consecución de sus fines. Los procuradores nos ofrecemos como una alternativa válida que desahogue los juzgados asumiendo competencias como lo hemos hecho en materias tan importantes como los actos de comunicación, depósitos o subastas, posibilitando que la parte más importante del procedimiento, hacer efectivo lo resuelto, se consiga de un modo más ágil para el ciudadano que es, al final, a quien nos debemos.

—¿Por qué es necesario incrementar los recursos económicos y humanos en la Justicia?

 —Deberíamos superar el discurso reduccionista del incremento de recursos en uno y otro sentido como única solución a los problemas. A mi modo de entender es la forma más manida de dar respuesta sin encarar el verdadero problema. Es cierto que la administración adolece de falta de recursos, pero no en todos los ámbitos ni materias. Se necesita un debate más serio y profundo que permita conseguir un modelo eficiente de administración dotándolo de los recursos que en cada caso se requieran y, sobre todo, se optimicen los que ya se tienen. Siempre se tiende a hablar de los recursos que faltan y deben incrementarse, pero nunca, con valentía y honestidad, de los muchos que se desaprovechan por el camino. Los esfuerzos económicos y humanos deben equilibrarse siempre y en cada caso a los fines que desean conseguirse.

—¿Cómo valora la digitalización de la Justicia?

 —Es una necesidad perentoria de cualquier administración. En relación a la que a nosotros atañe, la de Justicia, nuestro colectivo intenta a través de su Consejo y con la ayuda del resto de Colegios de Procuradores de España, consensuar un pacto de estado que culmine definitivamente la reforma y modernización de la administración. No en balde, los procuradores son el pilar fundamental en el que se ha asentado el impulso más importante dado en este sentido mediante la notificación y presentación digital, que llevamos abanderando desde hace años y en la que aportamos nuestra experiencia y dedicación. No ha sido un camino fácil ni exento de problemas, lo que hace que nuestro colectivo esté despierto ante cualquier modificación o cambio en este sentido, reivindicando continuamente que aquello que se implemente sea efectivo de cara a los fines que se persiguen con su despliegue. Si me permite el símil, no queremos una película con alarde de grandes efectos especiales; sino unos efectos especiales al servicio del argumento, que ayuden a contarlo y que pasen desapercibidos por ser eficientes y eficaces.

—¿Debería avanzarse hacia un sistema informático común de toda la Administración?

—Sería lo deseable. Es una cuestión controvertida. No obstante, a estas alturas, le diré que parece lógico poder reclamar a nuestras administraciones que, sin perder sus aspiraciones ni identidades que les son propias, sean capaces, más allá de protagonismos y dogmas, ponerse de acuerdo, de modo que consensuen un sistema comúnmente conocido por todos sus usuarios. al final, nos debemos a los ciudadanos y es a ellos a quien debemos dar respuesta a los problemas que nos plantean, posibilitando la interconexión de las administraciones, su comunicación ágil y eficiente, así como la simplificación y transparencia en su gestión.

—¿En qué consiste el portal de subastas electrónicas de los procuradores?

—Es una alternativa válida contemplada en la ley que posibilita que los colegios de procuradores se instituyan como entidad especializada para la subasta de bienes. Se pretende asumir con la mayor eficacia esa competencia dotando al servicio ofrecido de más agilidad, con funcionalidades que permitan la venta de los bienes subastados o, en su caso, los que deban realizarse en los procedimientos por venta directa y, en consecuencia, que se consiga una mejora cualitativa en la ejecución respetando los intereses y derechos de las partes del procedimiento.

—¿Las tasas judiciales han dificultado que se pueda hacer justicia?

—Permita que matice su pregunta. Las tasas judiciales estaban pensadas precisamente con el fin de recaudar fondos para que pudiera hacerse justicia. Antes, al contrario, lo que han provocado no pocas veces es que no se pudiera acceder a ella por ser demasiado gravoso hacerlo. El resultado está a la vista, los hechos cantan y sobran los comentarios. El tiempo y, en este caso, sobre todo, la jurisprudencia ha dado la razón a quienes fuimos críticos con su implantación. Es evidente que se impone su revisión urgente, siendo una de las cuestiones más controvertidas y que han requerido de múltiples reformas que sólo han hecho aumentar la confusión entre los operadores jurídicos y ciudadanos, no sin provocar situaciones de verdadera inseguridad jurídica por los cambios realizados en su normativa. Es urgente plantearse si este es verdaderamente el modelo de justicia que queremos para nosotros y nuestros descendientes.

—¿Cuál es el presente de los procuradores?

—Es una profesión en proceso de adaptación continúa. Estando como estamos íntimamente ligados a la administración de justicia en nuestro ejercicio profesional, y estando esta administración en un momento de cambio, nuestro presente es el de ayudar a la consolidación de un modelo cabal que permita impartir justicia, dando respuesta real a los problemas que se planteen por los ciudadanos en un futuro que ya está a la vuelta de la esquina.

—¿Hacia dónde debe ir su futuro?

—Más de lo mismo. En una sociedad tecnificada como en la que vivimos, en muchos casos en exceso, el procurador probablemente deber ser un profesional en permanente actualización posibilitando que las relaciones que se produzcan entre los ciudadanos y la administración de justicia se canalicen del modo más operativo y adecuado con todas las herramientas a su alcance y dotando a ese nexo de unión necesario, como profesional de confianza, de un carácter humano y personal que nunca debe perderse.

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