Los profesionales denuncian que se ha atentado contra su derecho al descanso
La polémica en torno a la decisión del Gobierno de decretar la habilitación parcial de los plazos procesales durante el mes de agosto ha experimentado un rebrote en los últimos días. El balance difundido por el Ministerio de Justicia la semana pasada, en el que señalaba que “gracias al esfuerzo de todos se ha mantenido una razonable actividad judicial”, ha vuelto a encender los ánimos de los profesionales.
Abogados y procuradores han mostrado su rechazo a una lectura tan optimista de la medida e insisten en que no ha servido para compensar el parón en los juzgados vivido durante el estado de alarma. Por el contrario, afirman que ha sido una decisión ineficaz que les ha privado de disfrutar de sus vacaciones en un contexto extremadamente complejo.
El departamento que dirige Juan Carlos Campo justifica su análisis en un informe que refleja un “uso intensivo” Lexnet en agosto. Pero para los profesionales del derecho lo único que demuestra el estudio es que ellos han seguido trabajando. Poco más.
“Ha sido una de las peores ideas desde que comenzó la crisis del Covid-19”, asegura Santiago González, presidente de la comisión de relaciones con la Administración de justicia del Consejo General de la Abogacía (CGAE), que lamenta que abogados y procuradores se hayan visto privados de sus vacaciones.
En esta misma línea, José Muelas, presidente de la asociación Red de Abogados, califica la medida como un “atentado” contra la conciliación familiar, en especial de quienes ejercen de forma independiente. El letrado explica que gracias al receso que se hacía en agosto, ambos gremios podían desconectar y atender asuntos personales. “Este año, en cambio, los que no pertenecemos a un gran bufete hemos estado pegados al ordenador, contestando escritos de todo tipo”.
Conectados todo el verano
Y es que, a pesar de que en la mayoría de los partidos judiciales no se han celebrado juicios ordinarios, algunos abogados relatan cómo muchos jueces no han respetado la recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de notificar solo los trámites más urgentes y también han despachado asuntos menores.
Los procuradores también se quejan de haber tenido que atender resoluciones y comunicaciones que se emitieron a finales de julio y que contemplaban un periodo de alegaciones inferior a 20 días. “Hemos estado en vilo todo el verano por miedo a que se nos pasara algún plazo. Ha sido muy duro”, lamenta Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo de General de Procuradores (CGPE).
Tanto el CGAE como el CGPE se opusieron a mediados de año a la habilitación parcial de agosto y propusieron concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la justicia en ese mes, a fin de que los juzgados funcionaran a pleno rendimiento a partir de septiembre. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados cedió finalmente, pero la rectificación no llegó a aprobarse a tiempo.
Lo peor es que, después de ver frustradas sus expectativas, los esfuerzos realizados por abogados y procuradores podrían haber caído en saco roto pues, tal y como apunta Luis Calero, portavoz de Justicia de CC OO, un 80% de los funcionarios han tomado vacaciones obligatorias en agosto y no ha habido apenas personal para organizar los escritos recibidos. “Paradójicamente no se ha podido adelantar tanto trabajo como otros años”.
Más allá de la controversia, Calero espera que los responsables políticos tomen nota de lo ocurrido y eviten aprobar medidas sin contar con el suficiente consenso. Desde su punto de vista, la solución pasa por invertir más en medios personales y materiales, y dar un mayor impulso a la digitalización del sistema de justicia en vez de legislar “a salto de mata”.
Los profesionales del derecho miran hacia el futuro y piden una reunión urgente con el Ministerio de Justicia para abordar qué va a pasar con los juicios en caso de nuevos confinamientos y cómo se van a reforzar los ámbitos que van a sufrir una mayor presión en los próximos meses, como los juzgados de familia y de lo mercantil. En palabras de Juan Carlos Estévez, aún hay margen de maniobra para actuar porque, pese a que la justicia arrastra un considerable retraso, desde hace años, “todavía no se ha producido el temido colapso”.
Más escritos de trámite y demandas. El Ministerio de Justicia ha destacado que durante el periodo hábil de agosto de 2020 se ha producido “un aumento considerable en todos los actos de comunicación con los órganos jurisdiccionales” respecto al mismo periodo de 2019. En concreto, el número de notificaciones ha sido de 1.310.000 (un 1.000% más que en 2019), y los abogados y procuradores han presentado más de 110.000 escritos iniciadores de demandas (un 245% más que el año anterior) y más de 436.000 escritos de trámite (un 585% más).
Sin incidencias. Las comunicaciones electrónicas a lo largo del periodo habilitado en agosto han sido fluidas y todos los sistemas informáticos “han funcionado con normalidad”, sin producirse incidencias reseñables, según los responsables del servicio.
Actividad “razonable”. Tras analizar los datos reflejados por Lexnet, el Ministerio de Justicia concluye que los abogados y los procuradores han hecho un uso intensivo de los juzgados durante el nuevo periodo hábil, aumentando tanto la recepción de notificaciones como la remisión de escritos a los órganos judiciales. En ese sentido, remarca que “gracias al esfuerzo de todos, se ha mantenido una razonable actividad judicial y se ha respondido adecuadamente a la situación generada por la pandemia”.
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