Nieto, hijo y padre de procurador, este pontevedrés del 47 saca fuerzas «del entusiasmo, de la salud y de la familia» para trabajar, dar clases y ponencias y presidir desde 2001 un Consejo General que engloba a 11.000 profesionales en toda España

Hace 17 años estrenaba en Burgos el cargo de presidente del Consejo General de Procuradores de España. Hoy vuelve para acompañar a su amigo Fernando Santamaría, a su hermana Concepción y a todos los profesionales de la provincia en la celebración de Santa Ana.

¿Cómo ha cambiado la profesión desde julio de 2001?

Ha cambiado bastante. Nos hemos ido adaptando a las necesidades sociales y normativas. Allá por el 2001, no existía el famoso LexNet y recién entrado, fui a hablar con el ministro Acebes y le expuse la necesidad. Los procuradores ya teníamos una experiencia grande en temas de tecnología y conseguimos convencer al Ministerio de Justicia, que no era tan fácil. Desde entonces, se ha avanzado en algunos ámbitos de la ejecución, aunque nos queda mucho por hacer, sobre todo alGobierno, hemos conseguido la capacidad de certificación en cuanto a los actos de certificación, unos aranceles nuevos... El Consejo General ha crecido exponencialmente, ahora tenemos el Portal de Subastas, la certificación de envíos, el Centro de Estudios, etc.

Como bien recuerda, los procuradores fueron los abanderados de LexNet, un sistema que aún se atraganta en muchos juzgados.

Nosotros en eso tenemos cierta veteranía, porque empezamos con estas historias en la década de los 80. LexNet ha ido expandiéndose y funcionando relativamente bien mientras hemos estado los procuradores  y mientras era unidireccional, solo se reducía a notificar. Ahora se ha vuelto bidireccional y se ha multiplicado exponencialmente el número de usuarios. Lo que ha traído como consecuencia algunos fallos en el sistema, parones, problemas. En los últimos tiempos quizás las cosas han ido demasiado deprisa pero yo siempre he mantenido que para aprender a nadar hay que tirarse al agua.

Y seguimos hablando del papel cero como un objetivo.

Ese es el objetivo último, porque todavía quedan muchos juzgados que notifican en papel, hay profesionales y profesionales que se resisten a ello. Llegar al papel cero es una meta a más largo plazo pero esa debe ser. Hay que vencer muchas sinergias, muchas costumbres, muchas formas de trabajar, reticencias y sobre todo, la dispersión de los sistemas de gestión procesal y notificación de las comunidades autónomas.  

¿Quién va por detrás en ese proceso, los profesionales o la administración?

Siempre va la administración por detrás. En el caso de la Procura, siempre hemos ido muy por delante de la propia administración.

En principio, parecía que los procuradores podían ser damnificados con estos avances pero parece más bien al contrario.

Pues no ha sido así, efectivamente, sino más bien al contrario. Recuerdo tiempos pretéritos, cuando yo era secretario del Consejo y estaba de presidente Pepe Granados, cuando hubo una gran discusión sobre si los procuradores deberíamos posicionarnos como abanderados de las tecnologías o intentar que estas fracasaran porque podían arrastrarnos a nuestro final. Triunfó afortunadamente la primera tesis y no solamente nos ha ido bien sino que las tecnologías en muchos momentos nos han salvado de muchas dificultades, porque han demostrado, no que somos útiles, sino que somos imprescindibles, que las tecnologías sin los procuradores no funcionan. Más del 90% de la actividad de LexNet la generan los procuradores.

¿Hacia donde va la Procura?

La Procura tiene que ir por la senda que marque la sociedad. Traducido al día a día, al margen de las tecnologías, yo creo que la justicia española exige una renovación total en el ámbito de la ejecución de sentencias y ahí los procuradores debemos asumir más competencias. El funcionamiento de la justicia española es muy bueno, tanto en calidad como en celeridad, comparativamente hablando, hasta la sentencia, lo que ocurre es que después, en la ejecución, España ya pasa a los puestos de cola. Los demás países ya lo tienen resuelto a través de los agentes de ejecución y en España no hay otra profesión que los procuradores que pueda asumir esa labor, y eso es lo que reclamamos hace tiempo.

¿Y les escuchan?

Avanzamos lentísimamente. Pero nosotros seguiremos insistiendo, gobierno tras gobierno y tratando de subir un peldaño más de la escalera.

Sí les ha escuchado Europa al impedir la compatibilidad con la profesión de abogado, gran caballo de batalla en los últimos años.

Ese tema nos ha obligado a derrochar mucha energía. Es el principal problema que ha tenido la profesión durante la última década, empezando por la Ley de Servicios Profesionales, que al final se quedó en nada, y acabando por el expediente que tiene abierto la Comisión Europea al Reino de España. Pero el problema está salvado y la incompatibilidad se mantiene. Ahora hay que hacer ciertas reformas legislativas, relativas a la ley de sociedad profesionales, al arancel y a la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador.

 
¿Cómo se debería plantear esa pasarela de abogado a procurador y viceversa? ¿Hay tantos trasvases en la práctica?

Es un problema más teórico que práctico. El número de casos es ínfimo, no creo que llegue ni al 1% de todas las altas que hay en toda España, pero también hay que atender a estas personas que por determinadas circunstancias desean cambiar de profesión y que con cierto esfuerzo, pero mínimo, puedan hacerlo.

Tienen otra batalla, la del arancel.

Estamos en plena negociación con el Gobierno para que el arancel se mantenga y se actualice. Queremos un arancel más moderno y acorde con la realidad judicial. Ha evolucionado poco desde 2003 y en 15 años ha cambiado el derecho procesal.

No debe ser fácil negociar con la inestabilidad política de estos años.

La inestabilidad política no es buena para nadie. Yo ya tengo cierta experiencia porque he visto unos cuantos cambios de gobierno, pero siempre es dificultoso porque si tenías algún trámite avanzado, con el siguiente tienes que empezar prácticamente desde cero. Cómodo no es.

Si ya parecía difícil alcanzar un Pacto de Estado de Justicia, ahora...

Yo soy optimista. Y no paro de decírselo al anterior Gobierno, al anteanterior y ya se lo he dicho a la actual ministra, que hay que intentarlo por lo menos. Lo ideal sería un pacto por la Justicia pero si no al menos acuerdos en algunos puntos o leyes esenciales. Pero parece que eso también es difícil y es curioso que lo sea tanto porque si le quitamos la carga ideológica o política a las cuestiones, que es mínima en temas de justicia, normalmente está todo el mundo o casi todo de acuerdo.

Fuente: diariodeburgos.es