El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado este miércoles que serán las administraciones públicas las que asuman el IVA que se aplicará a la justicia gratuita, no los beneficiarios o los profesionales de la misma, aunque explicó que es un tema que se va a "clarificar legalmente", según Servimedia.
El ministro da así marcha atrás a la decisión de la Dirección General de Tributos de cambiar el criterio sobre la tributación en IVA de los servicios prestados por abogados y procuradores adscritos al Turno de Oficio. En concreto, Tributos sostenía que los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estaban sujetos al IVA y no exentos, siendo la base imponible el importe total de la contraprestación pagada por la Administración Pública competente y el tipo aplicable el 21%.
Sin embargo, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, Montoro ha aclarado que "los beneficiarios de la justicia gratuita no van a pagar por el IVA ni van a pagar por ningún otro concepto", ya que "ésta es la esencia de la Justicia Gratuita".
El ministro ha indicado que los beneficiarios "no corren con los gastos que se genera, lo hacen las administraciones públicas", en concreto el Ministerio de Justicia o las comunidades si es que tienen transferidas estas competencias.
El titular de Hacienda ha señalado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE sobre esta materia, y que la Dirección General de Tributos interpreta que serán las administraciones públicas las que subvencionen la asistencia jurídica y a las que les corresponden pagar el IVA.
"No lo harán los beneficiarios, que sería un contrasentido, ni los profesionales de la justicia", ha manifestado el ministro, quien ha añadido que el IVA "no es aplicable al beneficiario ni al profesional, lo van a financiar y a pagar" las administraciones. De esta manera, ha apuntado Montoro, "no menoscaba" la retribución de los profesionales.
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