Esta es la sexta elección a la que se presenta Juan Carlos Estévez. Después de 21 años al mando del timón del barco del Consejo General de los Procuradores de España (CGPE), vuelve a presentarse. Y no tiene rival alguno, lo cual dice mucho de su gestión.

“Sólo en una ocasión tuve un rival, pero no llegó a someterse a la votación. Se retiró en la víspera o el mismo día de las elecciones”, explica Estévez.

El próximo 20 de noviembre tendrán lugar los comicios. El colegio electoral lo conforman los 67 decanos de Colegios de Procuradores de España y él mismo. Total: 68 votos. En esos 67 Colegios están registrados un total de 10.000 procuradores en toda España. 

“Sí, la sensación que tengo es de ‘déjà vu’. De haberlo vivido antes. Muchas veces [se ríe abiertamente]”, cuenta quien con toda seguridad seguirá siendo presidente del CGPE después de noviembre.

¿Por qué se vuelve a presentar?

Porque me siento muy responsable. No puedo dejar el timón del barco en estos momentos difíciles. Mi obligación, mi objetivo y mi misión es hay que rematar una labor bien encauzada.

¿Cuáles son los retos a los que tiene que hacer la procura española en estos momentos?

Como ya se sabe, en Europa hay abierto un expediente al Gobierno de España, el Expediente Eupilot, por nuestra profesión.

Para cerrar ese expediente, los distintos gobiernos han negociado con Bruselas soluciones. Para nosotros, la línea roja siempre fue la reserva de actividad. Al final se han llegado a unos acuerdos que hay que desarrollar legislativamente.

Estos acuerdos son la Ley de Acceso Único, que nos gusta poco, pero no queda más remedio, la Ley de Sociedades Profesionales y reformas en el arancel.

El proyecto de ley que acaba de entrar en el Congreso de los Diputados no es lo que más nos gusta del mundo pero es lo que más que se puede hacer.

¿Cómo por ejemplo

En la exposición de motivos hay párrafos que son muy confusos en cuanto a la representación técnica.

Hay que redactar mejor los cursos de Másteres ya unidos a la Abogacía.

¿Eso es inevitable?

Es inevitable. Pero ahora hay que ver la representación que tiene que tener el profesorado de la procura, etcétera. Son cuestiones puntuales y de desarrollo que son mejorables.  En ese sentido vamos a trabajar tanto con el Gobierno como con el resto de los partidos políticos.

¿El Gobierno está abierto a colaborar?

Mis noticias es que sí. Siempre lo ha estado. Este ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, nos ha defendido en Bruselas ante la Unión Europea.

La Unión Europea entendía que los pactos sobre la procura española estaban rotos por inanición, porque con todos los cambios de Gobierno desde la moción de censura de 2018, y los cambios de ministro, eso se había ido durmiendo.

La Unión Europea no lo había entendido muy bien. Había entendido que había habido una desatención, que el pacto no se había cumplido, con lo cual estaban ya preparando los pasos para ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este ministro ha conseguido parar esto, retomar la negociación y volver a pactar lo mismo que fue acordado con su antecesor del PP, Rafael Catalá: Ley de Acceso Único, reformas en el arancel, y Ley de Sociedades Profesionales.

¿La que permitirá a abogados y procuradores asociarse?

Todas las profesiones que son incompatibles en su ejercicio están incompatibilizadas para asociarse. De  lo que se trata, que es lo que quiere Europa –nosotros no tenemos inconveniente, nos parece hasta bien– es que una cosa es mantener la incompatibilidad con la abogacía en el ejercicio profesional y en la colegiación. Y otra cosa es que no puedas asociarte con un abogado o una abogada.

Es excepcionar en la Ley de Sociedades Profesionales para que abogacía y procura, que son dos profesiones incompatibilizadas, a efecto de sociedad profesional sí pueden asociarse.

¿Para ustedes es una ventaja?

Cuando la gente habla de esto siempre piensa en los grandes despachos de abogados. Y ese es un capítulo que hay que considerar, pero es que la vida no se acaba ahí.

La realidad es que a lo largo y ancho de la geografía española hay cientos, no sé si miles, de casos en que hay una sociedad de hecho, de parejas, de matrimonios, de hermanos, o de amigos en el que uno es abogado o abogada y el otro procurador o procuradora.

Supone legalizar un hecho que ya se está produciendo. Porque, de facto, es una sociedad.

Luego, la segunda parte es, ¿qué pasa con los grandes despachos? Eso es otra historia. El mercado, como siempre, irá decidiendo.

También hay grandes despachos de procuradores al que podrían incorporarse abogados. Tampoco es obligatorio asociarse.

“Tenemos novedades importantes, como la creación del defensor del procurador, a imagen y semejanza del defensor del pueblo. Será un procurador de cierto prestigio, con una trayectoria, al que los procuradores puedan enviar quejas cuando sufran maltrato o discriminación por parte de un tribunal, de un abogado, de quien sea”

¿Y en cuanto a los aranceles? Hasta ahora eran un máximo de 300.000 y ahora pasarían a…

A 75.000 euros. Europa exige unos aranceles de mínimos. La propia ley dice que hay un plazo de tres meses para desarrollar, o crear, un nuevo arancel.

Lo primero es terminar con esta ley, para que cuando esté lista, y publicada en el BOE, habrá que empezar a negociar el nuevo arancel.

¿Cuántos procedimientos puede llegar a un arancel de 300.000 euros?

Procedimientos de 300.000 euros al año a lo mejor hay 10 o 20, muy pocos.

Esto, por lo tanto, no afectará a la mayor parte de los procuradores.

No, porque tienen que ser procedimientos de unas cuantías muy altas. Antes no había topaje. Esto nace de una reforma que hizo Francisco Caamaño, cuando fue ministro de Justicia, en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en momentos de crisis económica.

Y además, en virtud de unas minutas de muy elevada cuantía por parte de procuradores, en algunos asuntos muy conocidas, como Fórum Filatélico, grandes macrocausas. Salían minutas disparatadas. Parecía que los procuradores cobrábamos eso todos los días.

El ministro quiere hacer una comparecencia física y a través de redes para la procura. Quiere que se titule el futuro de la procura y explicar todas las gestiones que ha hecho en Europa y la idea que tiene. Y cómo con la reforma va a quedar consolidada finalmente.

¿En qué otras áreas van a dar la batalla en los próximos cuatro años?

Con independencia de que vamos a seguir reivindicando lo que creemos que es una necesidad, no solo para nosotros sino para la Justicia española, que es la ejecución. Es el gran déficit, lo que está resuelto en los países adelantados, menos en España. Queremos que nos den por ley lo que en la práctica venimos haciendo ya.

Está también la justicia gratuita, que tiene que ser mejor pagada.

Tenemos novedades importantes, como la creación del defensor del procurador, a imagen y semejanza del defensor del pueblo. Será un procurador de cierto prestigio, con una trayectoria, al que los procuradores puedan enviar quejas cuando sufran maltrato o discriminación por parte de un tribunal, de un abogado, de quien sea.

Eso es una novedad. También, el apoyo al desarrollo de la Agenda 2030, potenciar la Comisión de Igualdad, dándole más competencias y cometidos. Negociar con entidades de crédito la concesión de créditos para mejoras de despachos y tecnologías, también para los colegios y consejos autonómicos.

En Francia, los Hussiers, sus homónimos de ese país, juegan un papel fundamental en los conflictos por las ocupaciones, haciendo los actos de comunicación, precisamente a los ocupas…

Sí, esa es precisamente su función.

En las películas estadounidenses vemos siempre al sujeto que pregunta, ¿se llama usted fulano de tal? Sí, contesta el otro. Y le entrega una comunicación. Es la misma función.

Esos señores, en Estados Unidos, se llaman sheriffs. Y son Hussiers. O, como aquí, procuradores. Tanto es así que los sheriffs estadounidenses pertenecen a la Unión Internacional de Hussiers de Justicia, a la que pertenecemos nosotros también.

En Estados Unidos hay dos clases de sheriffs: los que todos conocemos, que nos vienen a la imaginación, que llevan el revolver y la placa de cinco puntas, que corresponde al Ministerio del Interior, y luego está el sheriff que corresponde al Ministerio de Justicia que lleva a efecto todos los actos de comunicación  de la Justicia, los embargos, y todo lo demás.

En esta nueva cita electoral usted ha incluido en su candidatura a Antonio Álvarez-Buylla, exdecano del Colegio de Procuradores de Madrid. ¿Por qué?

Es una persona importante en la profesión con la que he tenido ocasión de trabajar y colaborar en  ocasiones pretéritas. Cuando yo fui decano de Madrid lo traje yo a la Junta Directiva, como vocal primero. Y después como secretario de Gobierno.

¿Cuánto tiempo estuvo usted de decano del Colegio de Madrid?

Dos mandatos. Ocho años. Decidí dejarlo porque llevaba seis años de presidente del CGPE y de decano del Colegio de Madrid, simultaneando ambos cometidos.

Usted no cobraba nada ni por una cosa ni por la otra, ¿verdad?

Por ninguno de los dos. Decidí dejar el Colegio de Madrid y continuar como presidente. Entonces convencí a Antonio para que fuera mi sucesor. Me costó y le apoyé.

Luego le apoyé cuando iba a ir al CGPJ, pero se malogró. Ha sido mi amigo y una persona muy próxima. Ahora tengo la oportunidad de hacer una renovación de mi Comité Ejecutivo de una forma casi completa. De los seis cargos que lo conformamos, solo quedamos el vicepresidente y yo.

En esta nueva oportunidad he querido, otra vez, contar con él. Le propuse que viniera de secretario y me ha hecho el honor de aceptar. Lo cuál para mí, me confirma, y me congratula, que la gente quiera venir conmigo. Todavía queda mucho trabajo por delante. Por eso me presento.