El inicio del nuevo curso parlamentario estará condicionado por la aprobación de los Presupuestos Generales para 2019, que vendrán con medidas fiscales que afectan a empresas y ciudadanos, para los que Sánchez busca el apoyo suficiente. El Ejecutivo pretende modificar antes la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, proposición ya registrada en el Congreso, y eliminar el veto del Senado al techo de gasto si logran la mayoría absoluta de la cámara. Se baraja por ello el próximo mes de noviembre para empezar a tramitar la ley de presupuestos.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, adelantó que incluiría una modificación de la Ley del Impuesto de Sociedades para que las grandes empresas contribuyan más. También anunció una nueva tasa a las tecnológicas y una fiscalidad verde. En este sentido, Industria adelantó que el nuevo impuesto al diésel acompañaría a los Presupuestos. Además, parece que el Gobierno habría admitido incluir una subida del IRPF para las rentas más altas (se habla de 150.000 euros) para obtener el apoyo de Unidos Podemos a las cuentas estatales.
La agenda social ha sido prioritaria para el Gobierno socialista. En materia de igualdad, el Ejecutivo dará preferencia a la proposición de ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en materia retributiva, presentada por los socialistas. La futura ley contempla sanciones de hasta el 1,3% de la masa salarial para las empresas que discriminen a las mujeres.
El Gobierno también se ha comprometido a impulsar la modificación del Estatuto de los Trabajadores para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. La reforma beneficiaría a colectivos como el de las camareras de pisos, exigiendo la aplicación del convenio de la empresa principal.
Las víctimas de la talidomida confían en la aprobación de una ley, anunciada por Sanidad, para cobrar las compensaciones prometidas antes de fin de año.
Por otro lado, Justicia ha comenzado ya la tramitación para recuperar la justicia universal, que requerirá la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La plena adaptación de la normativa interna al nuevo modelo de privacidad que establece el Reglamento General Europeo, aplicable directamente desde el 25 de mayo, parece que se demorará hasta final de año. Por este motivo, el Gobierno adoptó de manera urgente el Real Decreto Ley 5/2018, publicado en julio, para regular algunas cuestiones que, sin rango orgánico, necesitaban de cobertura legal, especialmente el régimen sancionador, el procedimiento en caso de incumplimiento, y lo referente a la actividad de supervisión por parte de las autoridades de control.
Entre los proyectos que posiblemente se reactivarán en septiembre se encuentra la Ley de Secretos Empresariales, que dotará de herramientas jurídicas a las sociedades para proteger su información más valiosa. Podrán defender la información que tenga valor comercial y hayan reservado, como listados de clientes, planes de negocio o investigaciones fallidas.
Fuente: Cincodias
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