En unos días tendrá lugar la apertura solemne de la XIII Legislatura, y con ello tiempos de proyectos y esperanza. En un país tan necesitado de acuerdos, resulta difícilmente comprensible para la ciudadanía la escasez de los mismos. Y de todos es sabido, pues esto sí lo practican los partidos políticos, que lo que no se acuerde al principio de la legislatura, mal va a hacerse más adelante. Y es que en España estamos, casi constantemente, en periodo electoral. Y en periodos electorales no se llega a acuerdos, máxima también compartida por todas las formaciones políticas. Por ello, creo que es momento para recordar e insistir en la búsqueda del tan anhelado Pacto de Estado para la Justicia. Y si ello no fuera posible, al menos pactos puntuales sobre una serie de materias con respecto a las cuales nuestra Justicia no está en condiciones de esperar más tiempo, pues muchas de ellas han ido proponiéndose, pero nunca alcanzándose, durante las dos últimas décadas. Me voy a referir, muy sucintamente, a las que considero inexcusables.
Existe una percepción ciudadana de que la Justicia está politizada. Yo no lo creo, pero lo que piensa el pueblo como sensación acaba transformándose en realidad en más ocasiones de las deseadas. Es por ello que, de alguna manera, o mejor dicho, de varios modos, nuestros gobernantes han de transmitir a los ciudadanos la sensación de que la separación de poderes sigue plenamente vigente en nuestro Estado de Derecho. Para ello, habrá que replantearse el sistema de elección de los vocales del Consejo General de Poder Judicial, así como actualizar las formas de elección de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Constitucional, etcétera. En este punto, también es necesaria la absoluta colaboración de los medios de comunicación.
Habrá de conseguirse un pacto relativo al uso de las tecnologías en la Administración de Justicia, sumando al mismo a todos los gobiernos autonómicos, así como a las profesiones jurídicas. La tantas veces debatida y anunciada instrucción por el Ministerio Fiscal continúa siendo asignatura pendiente de un Gobierno tras otro. En algún momento, habrá que definir las bases sobre esta materia, y ponerse a trabajar para obtener resultados. También ha llegado el momento de lograr un acuerdo que modernice la institución del aforamiento, equilibrando el mismo con la acción popular, pues entiendo que están íntimamente ligadas, y no puede tomarse determinación alguna sobre una cuestión sin considerar a la otra. Ha llegado el momento de desarrollar los pactos sobre igualdad y violencia de género. Aquí, sí que se han alcanzado algunos, especialmente genéricos, pero estamos ya en el momento del acuerdo sobre el desarrollo específico de muchas medidas en esta materia.
En contra de la creencia generalizada de que la Justicia española no funciona bien, tengo que afirmar que ello no es así. Seguro que es muy mejorable, pero, si nos comparamos con países avanzados de nuestro entorno, podemos observar que España está muy bien situada en cuanto a calidad de nuestra Justicia, e incluso su celeridad, siempre que nos refiramos al trámite hasta sentencia, pues si nos adentramos en la ejecución de dichas sentencias, la situación varía notablemente, y pasamos de la cabeza del ranking a puestos de cola. Es por ello que es ineludible una reforma de la ejecución y un pacto sobre la misma, tomando como modelos los países de nuestro entorno y los profesionales que llevan a cabo dicha ejecución en esos países. Al efecto, es muy de destacar el modelo portugués, que en muy poco tiempo ha pasado a ser quizás el más ágil y moderno, utilizando a los solicitadores portugueses como protagonistas de dicho cambio, en unión de un uso eficaz de las tecnologías.
La mediación, tan deseada y tan poco utilizada, debe ser también objeto de acuerdos que conduzcan a una mentalización para un uso más cotidiano de dicha institución. Sería importante alcanzar acuerdo sobre la mentalización de las empresas españolas en el uso del compliance, que nos permitiría no quedarnos atrás en relación con los países vecinos.
Si alguna vez se va a plantear de nuevo la reforma de la ley de Planta y Demarcación, ello habría de pasar por alcanzar acuerdos, no solamente entre las fuerzas políticas, sino también con los profesionales de la Justicia, que necesariamente habrán de ser oídos. Por último, necesitamos la puesta en marcha de la regulación por la que venimos suspirando abogados y procuradores, desde hace ya mucho tiempo. Me refiero a la Ley Orgánica de la Defensa y Representación Procesal, conceptos que deben ser claramente definidos y regulados, ya que afecta directamente a la seguridad jurídica. Ahora es el momento también, de avanzar en esta materia y llegar a acuerdos.
Espero que estas palabras no se queden reducidas a una carta a los Reyes Magos y, ahora que empezamos un tiempo nuevo, sea el momento de abordar todas estas y otras muchas cuestiones, que favorezcan el crecimiento de una mejor opinión de la ciudadanía sobre la Justicia española y, lo que es más importante, un mejor servicio público de la misma.
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