De aquí en un mes se presentará la primera campaña para fomentar el uso de la lengua catalana en el ámbito de la justicia, una iniciativa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en que participan otras entidades y partes representantes del mundo judicial

En las Islas Baleares, hay juicios que se hacen en castellano a pesar de que todos los que participen sean catalanoparlantes. De hecho, la norma, la inercia, es que todo el mundo hable en español en el ámbito judicial; el catalán está totalmente “inexistente”, está “marginal”, “residual”. Lo expresan con estas palabras diferentes operadores jurídicos que forman parte de la tabla de trabajo que prepara una campaña para promover el uso del catalán en este ámbito, una iniciativa que nació directamente desde el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (*TSJIB), presidido por Carlos Gómez.

“El mundo judicial tiene pendiente un proceso de modernización. Los tribunales siempre hemos ido algunas pasas más atrás en términos lingüísticos. Cuando la gente ya utilizaba lenguas romanzas, nosotros todavía usábamos el latín. Nuestra deuda es ponernos al día”, dice Gómez. La campaña, que según la previsión se presentará de aquí a poco más de un mes, tiene varios objetivos que se promoverán desde diferentes perspectivas: desde una cartelería que informe los ciudadanos de sus derechos dentro de los espacios jurídicos, hasta ofrecer cursos de vocabulario específico en catalán, pasando para fomentar que haya más asignaturas que se hagan en catalán en la Universitat de les Illes Balears. “Es una campaña en positivo, de objetivos concretos y realizables”, opina el presidente del *TSJIB. Es también un principio para hacer justicia a la lengua propia de las Islas Baleares.

Una iniciativa conjunta

A la tabla de trabajo participan diferentes entidades y partes representantes del mundo judicial. son el Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (*ICAIB), el Ilustre Colegio de Procuradores de las Islas Baleares, la Gerencia Territorial de Justicia de las Islas Baleares y, como última incorporación, el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de las Baleares, además de la Obra Cultural Balear y la Dirección General de Política Lingüística. No es una mesa cerrada: “Estambre abiertos a todas las asociaciones y colegios profesionales relacionados con el mundo del derecho que se quieran añadir”, dice Margalida Victòria Crespí, jueza del Juzgado de Primera Instancia 24 y representante del *TSJIB en la campaña.

El hito es para celebrar: “Una de las cosas más destacables que ha conseguido esta iniciativa es que todos los representantes de los diferentes ámbitos del mundo jurídico estambre según arrancar la campaña. Es remarcable que sea una voluntad común”, considera el decano del Colegio de Procuradores de las Islas Baleares, Frederic Ruiz *Galmés. Hace 14 años que ocupa este cargo y recuerda que, al llegar, ya propuso hacer todas las comunicaciones oficiales con los dos idiomas cooficiales de la comunidad autónoma. “Introduje por primera vez el uso habitual del catalán en la parte más institucional del colegio”, explica, y señala que “siempre ha habido una carencia en cuanto a la normalización de la lengua catalana a la justicia”. “Nosotros somos los representantes genuinos de las partes en un juicio, y si alguna quiere dirigirse en catalán, somos los primeros que tenemos que hacer las pasas adecuadas porque esto pueda pasar”, apunta Ruiz *Galmés, que manifiesta que “hay mucho de camino para recorrer”.

Existe la falsa creencia que en unos juzgados no se puede hablar en catalán, y esta campaña quiere remediarlo

Que en el ámbito judicial no se charle catalán ocurre por varios motivos. Uno es la gran movilidad que hay entre el funcionariado: mucha gente viene de fuera de las Baleares y no conoce la lengua propia del territorio (aunque también pasa que hay gente del territorio que no el habla). Además, todos los sistemas informáticos de gestión procesal están en castellano, cosa que hace casi imposible trabajar en catalán. Existe, también, un dilatado desconocimiento del vocabulario jurídico específico, porque la docencia y los estudios suelen ser en castellano. Así mismo, hay la falsa creencia de los ciudadanos que piensan que en un espacio judicial no pueden utilizar el catalán. Todo esto hace que su uso sea prácticamente inexistente.

“La gente piensa que los puede pasar algo mala si charlan en catalán en un lugar de la administración jurídica estatal. Esto es culpa nuestra, es la imagen que hemos dado”, dice Crespí. Esta campaña intentará remediarlo. “Uno de los objetivos es que los ciudadanos sepan que tienen el derecho a emplear su lengua, también, en la administración judicial”, expone la jueza Crespí, que asegura que “ahora mismo es prácticamente inviable que el catalán esté en una situación de normalidad en los espacios judiciales”.

Colocar cartelería en los juzgados y al *ICAIB , como se hizo en Cataluña; estudiar la viabilidad de incorporar técnicos lingüísticos en los juzgados; impulsar la oferta de cursos de formación de lengua catalana destinados al personal del servicio de Justicia, y en especial de lenguaje de especialidad; difundir un servicio de consultas terminológicas y otras herramientas lingüísticas; intentar implantar un sistema de traducción automática catalán-castellano que agilice las tareas de traducción de documentos escritos y reforzar, así, el servicio de traducción... todas estas son algunas de las propuestas sobre las cuales trabaja el grupo de trabajo. Para conseguir algunas, pero, es necesario el apoyo del Ministerio de Justicia, puesto que es quien tiene las competencias en este ámbito. Esto hace que los funcionarios sean estatales y que no se los pueda exigir ningún título de catalán, como pasa en otros sectores públicos (aunque funcione de aquella manera).

“El derecho nos enseña que es mucho más adecuado la gestión con quien tienes más cerca que no si tienes el Ministerio como interlocutor”, dice el decano del Ilustre Colegio de Procuradores, desde donde siempre han abogado por “una transferencia de competencias, siempre que estén muy dotadas”, porque el trato y la gestión serían más positivos. Asegura que “lo demuestra el funcionamiento de la Justicia en comunidades autónomas que sí que tienen asumidas las competencias de esta administración.

Una paradoja

La directora general de Política Lingüística, Beatriu *Defior, considera que es una paradoja que “la administración que se supone que velatorio por los derechos de los ciudadanos sea uno de los lugares donde menos se garantizan los derechos lingüísticos”. Por eso, valora positivamente la campaña y la “voluntad conjunta de hacer trabajo para crear ambientes favorables al uso de la lengua catalana”. Según su parecer, “no se puede pedir a los ciudadanos que sean héroes y que ejerzan sus derechos lingüísticos si el entorno los es hostil”. Por eso, la campaña también estará enfocada a la sensibilización de todos los trabajadores de esta administración, sean de donde sean.

La lengua catalana a la Administración de Justicia: casi todo para hacer

Además, *Defior considera que es muy positivo contar con la implicación de muchos de los sectores que conforman el mundo judicial, así como que la iniciativa haya llegado desde dentro:“No es que alguien de fuera haya insistido a hacer esta campaña. Ha sido una iniciativa propia, y esto es importantísimo porque una cosa sea bienvenida y entendimiento”. También dice que, como que el catalán está tan arrinconado, “todo serán ganancias”.

El presidente de la Obra Cultural Balear (*OCB), Josep de Luis, que es abogado, considera que esta voluntad del *TSJIB es un hito “histórico”: “No deja de ser peculiar hablar de hitos históricos en estas alturas en términos de normalización lingüística, pero en este caso lo es. El mundo judicial es uno de los que ofrece más posibilidades de mejora porque, en este sentido, estaba muy atrasado”. Desde el *OCB consideran que su papel será el de siempre, “facilitar que estas iniciativas salgan adelante”. Estirar cuando convenga y empujar cuando toque. Además, el uso del catalán en la administración judicial está amparado por el marco legal del estado español.

“Escribir en catalán quiere decir problemas”

La jueza Crespí es una las únicas que, por norma, hace las sentencias en catalán. Confiesa que, en ocasiones, “esto quiere decir problemas”, porque las traducciones “son muy lentas”. Esto provoca que algunos abogados se enfaden: “Yo lo entiendo, que se enfaden. Una cosa que podrías arreglar rápido queda abierta muchos meses más porque no te llega la traducción de la sentencia”, apunta la jueza. Como que la Justicia depende del Ministerio, tiene que ser desde Madrid que decidan incrementar el número de traductores. “Me gustaría que la gente entendiera que no hago trabajo con mi lengua para molestar nadie, sino porque me parece el más normal del mundo hacerlo”, dice la jueza.

Los participantes de la mesa de trabajo están animados con esta campaña. Gómez, el presidente del *TSJIB, dice que no espera que “haya reacciones negativas”: “El que ofrecemos con esta campaña es un plus. Esto no va en contra de nadie. Evidentemente, tampoco del uso del castellano, que es una lengua cooficial en el ámbito social y legal”. La campaña busca conseguir que todo el mundo pueda charlar su lengua con libertad.

Estudiar derecho en castellano

La mayoría de asignaturas del grado de Derecho se imparten en castellano, un hecho que se repite desde hace años. De hecho, todavía ahora:hace pocas semanas, un estudio de la Plataforma por la Lengua concluía que solo el 17,1% de las clases que se imparten en estos estudios a la UIB se hacen con la lengua propia. “Si te enseñan los conceptos en castellano, ejercer en catalán implica un esfuerzo muy grande. Cambiar el chip cuesta mucho”, explica la jueza Margalida Victòria Crespí.

A esto todavía se añade que muchos de los operadores jurídicos recibieron la educación primaria en castellano, y son gente que ha sido educada en esta lengua. La profesionalización en catalán no ha llegado al mundo judicial. “Cómo se llama ‘*allanamiento de morada’ en catalán? Hay mucha gente que no lo sabe porque no estambre acostumbrados a sentir en catalán el vocabulario jurídico.

Por lo tanto, la inercia es ejercer en castellano”, continúa la jueza. Desde la Dirección General de Política Lingüística, Beatriu *Defior asegura que una línea de trabajo que han previsto es “mejorar la presencia del catalán en la formación inicial de los profesionales que tienen que ejercer en el ámbito judicial”.

Fuente: arabalears.cat