La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha expuesto en la Comisión de Justicia del Congreso el conjunto de medidas que impulsará desde su departamento en lo que resta de legislatura y con las que pretende “articular una Justicia que satisfaga las demandas de los ciudadanos en la medida que conforman los intereses generales”.

Estas iniciativas, para las que ha ofrecido máximo diálogo y la búsqueda de caminos comunes con el conjunto de todas las fuerzas políticas, se articulan en torno a los siguientes siete ejes:

1. Transparencia

La sospecha de injerencia política en las resoluciones judiciales, la falta de transparencia en la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial o la opacidad en la comunicación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado, entre otros factores, han mermado la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema. Para recuperarla es necesario introducir mecanismos de transparencia y de participación ciudadana en el sistema, aunque sin alterar los sistemas de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y de la o el fiscal general del Estado.

Para ello, se establecerán mecanismos de valoración efectiva de méritos, se implementará un sistema en el que los distintos candidatos puedan defenderlos, presentar su proyecto de actuación y garantizar su independencia frente a cualquier directriz por parte de otro poder del Estado, sin perjuicio de las obligadas relaciones institucionales.

Además, el currículum y el proyecto de cada uno de los aspirantes serán públicos para que puedan ser conocidos y valorados por la ciudadanía. Y se pondrá en marcha un mecanismo de participación que ofrezca a los ciudadanos la posibilidad de plantear ante la comisión parlamentaria competente aquellas cuestiones que, tramitadas por la Mesa de la Comisión de Justicia, estén referidas a los aspectos que deben exponer los candidatos y candidatas. Para ello serán convocadas las asociaciones y colegios profesionales, los sindicatos y las organizaciones de consumidores y usuarios, entre otros agentes sociales.

El Ministerio atenderá a las organizaciones profesionales de la judicatura, que reclaman un mecanismo de amparo más eficiente. Frente al actual, recogido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que exige que el amparo sea reclamado en persona por quienes sufren las presiones, se articulará otro abierto a otros actores procesales o con interés en la causa.

En esta línea de hacer más transparente la actuación del Consejo del Poder Judicial, se estudiará la reforma de su modelo de funcionamiento interno para que recupere su condición de órgano colegiado formado por vocales dedicados en exclusiva al gobierno de los jueces.

Dentro de este primer eje relacionado con la transparencia, en breve verá la luz una orden ministerial que regula la selección de candidatos para la Fiscalía Europea, así como para los fiscales europeos delegados en España, mediante un procedimiento que se caracterizará por la publicidad, la transparencia y la especialización.

2. Modernización

Un segundo eje sobre el que se va a centrar la política del Ministerio va a ser el de la modernización de nuestro sistema de Justicia. La digitalización es una oportunidad de incorporar la Justicia a la modernidad, pero una implantación deficiente y precipitada perjudica tanto a la sociedad en general como a los profesionales de la justicia. En este sentido, el camino recorrido hasta ahora ha sido caótico.

Por tanto, hay que frenar el proceso, reflexionar y corregirlo para apostar por un solo sistema informático de gestión procesal unificado para todo el Estado, separado y alejado de las influencias, interferencias y control de los poderes ejecutivos del Estado o de las comunidades autónomas.

3. Relación con los operadores jurídicos

El Ministerio cree indispensable retomar el diálogo entre el Gobierno y las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia, así como con las organizaciones sindicales y todos los colectivos afectados. Es necesario superar la actual situación de bloqueo y el sentimiento de desconfianza que se ha generado entre los profesionales de la Administración de Justicia y el Ejecutivo.

La ministra Delgado propondrá a los operadores jurídicos la formación de un grupo de trabajo interdisciplinar que emita un informe exhaustivo sobre el estado real de la Justicia con propuestas concretas que sirvan de base a las reformas legales o actuaciones administrativas necesarias para corregir los problemas detectados.

Una de las primeras medidas será la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya última redacción establece un riguroso control de los plazos de la instrucción en los procedimientos penales que ha merecido numerosas críticas porque su aplicación ha podido abrir indeseables espacios de impunidad.

En materia de justicia gratuita, y además de ejecutar el incremento del 30,8 por ciento previsto en los Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio pretende adaptar el actual Reglamento a la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita operada en 2015.

Y otra actualización inexcusable es la del Reglamento de la Carrera Fiscal de 1969 para introducir los principios constitucionales y modernizarlo en cuestiones esenciales como la perspectiva de género, la transparencia, la participación y la garantía de la autonomía funcional de los fiscales.

4. Perspectiva de género

El cuarto eje que sustentará la actividad del Ministerio de Justicia será la incorporación de la perspectiva de género a toda la acción de la Administración de Justicia. Para ello, el Ministerio quiere que el Centro de Estudios Jurídicos coordine los programas conjuntos en esta materia de género para la preparación y capacitación de los operadores y operadoras de Derecho, con reflejo en la Escuela Judicial y en sus programas de formación, y en el diseño de programas de formación conjuntos con el Consejo General de la Abogacía Española.

La ministra encargará a un grupo de expertas una relectura desde una perspectiva de género de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y formará un grupo transversal que estudie esos mismos ámbitos referidos a los derechos y desigualdades de la comunidad LGTBI en relación con los demás colectivos.

La ministra ya ha ampliado el encargo realizado a la Sección Penal de la Comisión General de Codificación sobre la posible reforma del Código Penal respecto de los delitos contra la libertad sexual para que analice no sólo ese aspecto, sino también si resulta necesaria la modificación de otras normas.

El Gobierno, además, estudia considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género, lo que permitiría otorgarles el derecho de asistencia jurídica gratuita previsto en la ley integral e implicaría la obligatoriedad de aplicar la ley integral en estos supuestos, con toda su batería de medidas, entre ellas la labor de asesoramiento previo y acompañamiento.

5. Memoria histórica

El Gobierno defiende que España no puede seguir siendo el país al que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores de las resoluciones de esa categoría que se refieren a violaciones de Derechos Humanos y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición.

Con ese objetivo, la nueva Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia establecerá planes de búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo, para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación. Y procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

En paralelo, esta dirección general impulsará una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica para declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, crear una Comisión de la Verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en el año 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos.

Además, reabrirá la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiará la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo.

6. Jurisdicción universal

El Ministerio pretende recuperar la legislación sobre jurisdicción universal vigente entre 1985 y 2009, revisada conforme a nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental.

Para ello, abrirá un espacio de discusión y aporte de información en el que un grupo de expertos, a partir de las iniciativas consolidadas en los últimos años, ofrezca en un plazo no superior a tres meses contribuciones para esa reforma. La ministra se ha comprometido a presentar las conclusiones de este grupo de expertos en el Congreso antes de finalizar este año.

7. Acercamiento a la ciudadanía

El Ministerio quiere implantar un modelo interactivo de participación ciudadana en el sistema de Justicia que genere mejoras reales en la vida de la gente. Con este fin retomará los trabajos ya iniciados para desarrollar una ley reguladora del derecho de defensa que ordene aquellos aspectos comunes a todas las jurisdicciones y plasme en una norma con rango de ley algunas de las previsiones que se contienen en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia.

También estudiará la mejor forma de impulsar la mediación en el ámbito civil y contencioso-administrativo, superando la actual situación de bloqueo en su implantación, para proporcionar a ciudadanos y empresas mecanismos alternativos de resolución de conflictos que podrían darse tanto de manera previa al proceso como una vez iniciado éste, si el juez considerase que cabe tal posibilidad.

En materia de discapacidad, en breve el Consejo de Ministros abordará una de las principales reformas de nuestra legislación civil hasta la fecha: cambiar el sistema vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona que, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.

En materia de lucha contra la corrupción, la ministra Delgado ha explicado que España debe dotarse de los instrumentos necesarios que protejan a aquellos que se atreven a alertar sobre la comisión de delitos relacionados con la corrupción. La ley de 1994 que regula la protección de testigos es insuficiente, por lo que se hace imprescindible actualizar esta norma desde el punto de vista de un proceso penal moderno que valora las garantías de víctimas, denunciantes e investigados y que refuerza las acciones del Estado para asegurar la integridad de todos aquellos que colaboran con la Justicia.

Por último, y en materia de terrorismo, el Ministerio estudia la creación y desarrollo de un Observatorio sobre Terrorismo, dedicado a la prevención y desintoxicación ideológica, que sea operativo y que incluya en su actuar el estudio y comprensión desde la raíz hasta la última rama del árbol de las diferentes actividades terroristas tales como la integración, el adoctrinamiento, la captación y la financiación.

Fuente:lacerca.com