Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado el gasto en atención a las víctimas mediante la asistencia jurídica gratuita se situará en los seis millones de euros.
Los créditos asignados a Justicia para el ejercicio 2018 ascienden a 1.781 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al presupuesto de 2017 del 3,2%. También se prevé aumentar la plantilla de jueces y fiscales con 300 nuevas plazas y la de funcionarios en 3.000 plazas.
Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado, del importe total la participación del Ministerio de Justicia para el desarrollo de esta política, incluido el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza una dotación inicial de 1.723 millones de euros, que supone un incremento de 53 millones de euros respecto a 2017.
Por su parte, la participación del Consejo General del Poder Judicial es de 58 millones de euros, lo que implica un incremento respecto al ejercicio 2017 de 2 millones de euros, es decir, el 3,3%, explica Europa Press.
El proyecto del departamento de Rafael Catalá prevé igualmente incrementar las dotaciones de recursos humanos para satisfacer las necesidades de la planta judicial y la profesionalización de los puestos de trabajo mediante la incorporación de nuevos efectivos de carrera, según reza el proyecto.
Así, para 2018 se prevé convocar 300 plazas para ingreso en la carrera judicial y fiscal. A este respecto, conviene hacer especial mención de las Ofertas de Empleo Público para el período 2017-2019 en virtud del Acuerdo para la mejora del Empleo Público suscrito por el Gobierno con las centrales sindicales el 29 de marzo de 2017, que ha permitido la convocatoria de 3.704 plazas para funcionarios de la Administración de Justicia en su primer ejercicio de desarrollo y una previsión para 2018 de más de 3.000 plazas.
Es también objetivo del Ministerio de Justicia reducir las actuales tasas de interinidad en cada ámbito hasta situarlas por debajo del 8% al finalizar el periodo temporal de vigencia del acuerdo, según prevé el proyecto presentado. Los gastos de personal con los que se dota esta política alcanzan en el ejercicio 2018 los 1.389 millones de euros.
Además, las dotaciones destinadas al gasto social durante el ejercicio 2018 se prevé que alcancen los 50 millones de euros. Para garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita se aplican 49 millones de euros, 12 millones más que en el ejercicio 2017, lo que supone un incremento del 32,7%.
En cuanto a la protección a las víctimas de delitos, Justicia prevé destinar 6 millones de euros para asistencia jurídica gratuita especializada, lo que implica un aumento de 4 millones de euros, para potenciar y reforzar la asistencia letrada a las víctimas de violencia de género y 1 millón de euros para garantizar el servicio público y gratuito de ayuda y asistencia a las víctimas.
Para seguir avanzando en la transformación digital de la Justicia el Gobierno prevé destinar para este año un total de 132 millones de euros que se utilizarán en avanzar en el objetivo del papel cero en los juzgados a través una nueva aplicación informática que implica el desarrollo de un sistema de gestión procesal común, según explica el proyecto.
El nuevo sistema sustituirá al actual de forma paulatina, incorporando la gestión de asuntos judiciales en formato electrónico. Para ello, se habilitará la entrada automática de escritos y demandas a través de LexNet y la sede judicial electrónica, según explica el proyecto.
En este proceso de transformación digital se va a avanzar también en el concepto de justicia 24 horas, según reza el proyecto, desarrollando nuevos servicios que permitan la existencia de un punto de acceso general para los ciudadanos, donde puedan presentar sus escritos y recibir notificaciones, así como acceder de manera telemática a sus procedimientos judiciales.
Dentro de esta línea de modernización tecnológica se encuentra la instauración de un nuevo Registro Civil público, gratuito, electrónico, más seguro y operativo en todos los aspectos de su gestión. Para llevar a cabo estos planes de transformación tecnológica y las actuaciones competenciales del programa registros vinculados con la fe pública, las dotaciones presupuestarias asignadas en 2018 alcanzan los 34 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,5% sobre 2017.
Por otro lado, el total de los créditos asignados a equipamiento e infraestructuras alcanza los 51 millones de euros, lo que supone un incremento del 50% sobre el ejercicio 2017.
Entre los proyectos previstos los presupuestos destacan las obras de los nuevos edificios de juzgados de Talavera de la Reina y Torrijos (Toledo); Casas Ibáñez (Albacete); Navalmoral de la Mata (Cáceres); Vitigudino (Salamanca); Lerma (Burgos) y en Manacor y Ciudadela (Islas Baleares), así como el nuevo edificio para el Instituto de Medicina Legal de Toledo.
Asimismo, se iniciarán las obras de rehabilitación de las audiencias provinciales de Salamanca y de Toledo, del edificio en Madrid para el Tribunal Supremo, de los edificios judiciales de Ocaña, Manzanares, Motilla del Palancar, Puertollano y El Burgo de Osma.
Se continuará con las obras de ejecución de las nuevas sedes judiciales en Albacete, Guadalajara, Lorca, Ibiza, Badajoz, y Segovia. Se finalizarán las obras de rehabilitación del edificio para la nueva sede judicial en Ceuta y del edificio judicial de Soria.
Fuente: Expansión
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