El ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y el presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña, Ignacio López Chocarro acaban de inaugurar este jueves 15 de marzo, el 1er Congreso sobre Economía y Justicia, que se celebrará en el World Trade Center de Barcelona.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha participado esta tarde en Barcelona en la inauguración del I Congreso sobre Economía y Justicia organizado por el Consejo General de Procuradores de España y Colegio de Procuradores de Barcelona. Durante su intervención, el ministro ha señalado que disponer de una arquitectura normativa y de un servicio público de la Justicia eficiente es imprescindible para la economía de un país.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez ha instado este jueves en Barcelona, a que se reforme el sistema de ejecución de sentencias en España con el fin de que el sector pueda tener mayor protagonismo en este proceso ante el “tremendo déficit” que hay en España en la aplicación de esta cuestión.
Los procuradores quieren formar parte de la solución a este problema que tiene en vilo a miles de personas físicas y jurídicas. En este sentido, han solicitado más competencias en materia de ejecución para convertirse de esta manera en agentes especializados, una figura que existe en varios países occidentales y ha demostrado su efectividad. “En contra de lo que piensa mucha gente, la Justicia en España es buena y rápida hasta el momento en el que se dicta una sentencia, con tiempos medios de, por ejemplo, seis meses en lo civil, pero tarda en ejecutarse entre dos y tres años”, avisa Estévez, que mantiene la urgencia de encontrar una solución.
Y es que “una Justicia con certidumbre y seguridad anima al inversor”, por lo que el presidente del Consejo General de Procuradores de España anima a una revisión en todos los órdenes jurisdiccionales
Chocarro: debemos mejorar nuestro sistema de ejecución
Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña, Ignacio López Chocarro, indicó que “podríamos decir que, en la mayoría de aspectos, el funcionamiento de la Administración de Justicia “progresa adecuadamente”. O por lo menos, que se mantiene estable respecto a la media del tiempo empleado para resolver una “disputa comercial”. En cambio, si tuviésemos que puntuar el grado de eficiencia judicial de nuestro sistema de ejecución, mucho me temo que, sin ofender a nadie, el eufemismo “debe mejorar” no alcanzaría a expresar realmente los malos resultados que las estadísticas vienen ofreciendo año a año.
Es de justicia reconocer que, por primera vez, en el discurso de toma de posesión de un Ministro de Justicia, el Sr. Catalá, (siguiendo la línea marcada por las conclusiones anuales de los Jueces Decanos o presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia), haya destacado la necesidad de revisar el proceso civil.
Está claro, para Chocarro, que “para conseguir esa ansiada reforma del proceso de ejecución civil no será suficiente con la voluntad del Ministro de Justicia y su equipo, sino que será necesario el consenso de todas las fuerzas políticas. Un acuerdo que, en una cuestión tan evidente como la que hoy nos ocupa, no debería ser tan difícil.
Objetivos del Congreso
El evento, que está organizado por el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña, y el Colegio de Procuradores de Barcelona está abordando la ineficiencia y la lentitud del sistema de ejecución de sentencias judiciales en el ámbito civil español contemplando las repercusiones económicas y las posibles soluciones. Hay que tener en cuenta que, según un estudio reciente de la Cámara de Comercio de Barcelona y de la Universidad de Barcelona (UB), sólo se recupera el 21,8% del importe económico de las sentencias ejecutadas en Cataluña y el plazo medio del proceso para recuperar los importes es de 1 año y 9 meses.
Durante el jueves y el viernes, habrá conferencias y mesas redondas de los siguientes ponentes: Mª Eugènia Gay, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Luis Rodríguez, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Françoise Andrieux, presidenta de la Union Internationale des Huissiers de Justice, Manuel J. Cachón, catedrático de Derecho Procesal de la UAB, Ivana Borzová, miembro de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, Rosa Anna Castillo, directora general de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat, Jordi Suriñach, catedrático de Economía Aplicada de la UB, Juan S. Mora-Sanguinetti, economista senior del Banco de España -Eurosystem, Carmen Vargas, profesora de Microeconomía en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Joan Picó, catedrático de Derecho procesal de la UPF, y Luis Ignacio Ortega, vicepresidente de la Union Internationale des Huissiers de Justice.
Fuente: CGPE
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