Juan Carlos Estévez vuelve a presentarse, sin candidato alternativo, a la Presidencia del Consejo General de Procuradores. Repasamos con él los grandes retos actuales.

¿El UE Pilot ha estado a punto de acabar con los procuradores?

Se trata de un tema muy de actualidad y el número uno en nuestras prioridades institucionales. Abarca tres capítulos fundamentales, como son: la Ley de Acceso, Ley de Sociedades Profesionales y el Real Decreto sobre Aranceles. Este asunto viene de la EU Pilot, el mecanismo de diálogo informal entre la Comisión y España sobre posibles incumplimiento de la legislación comunitaria. Siendo ministro Rafael Catalá, se negoció una salida para la profesión, pero como los acuerdos nunca se cumplieron por las circunstancias, como la moción de censura a Rajoy, elecciones y el cambio de Gobierno. Europa ya se había cansado de esperar y pensaba ir al Tribunal de Luxemburgo. Sin embargo, el actual ministro de Justicia ha conseguido parar el tema y renegociarlo para dejar las cosas como estaban inicialmente.

¿Y en que situación queda la profesión de Procurador ante la UE?

Se conserva la reserva de actividad, siempre y cuando se hagan reformas en la Ley de Acceso, en la de Sociedades Profesionales y en el reglamento fr Aranceles. Estas reformas ya han sido concretadas a través de un proyecto de ley que hace unos días que ha aterrizado en el Congreso de los Diputados y, por tanto, que está en tramitación. Este proyecto de ley, en principio nos gusta poco, pero no nos queda más remedio que aceptarlo, porque es el resultado del pacto con Bruselas a cambio de mantener la reserva de actividad. En el tramite de enmiendas queremos mejorar el texto, pero dentro de los parámetros del acuerdo del Gobierno con Bruselas.

¿Qué medidas se están aplicando contra la competencia desleal?

Me he aburrido de decir en todos los foros, en público y en privado, que la competencia desleal es un grano que crece y crece y no para de crecer. Hemos tomado medidas, pero siempre son insuficientes. Quizás sea necesario adoptarlas a través del legislador. Hablamos sobre todo de dumping. Este es un mal muy extendido a nivel de todas las profesiones liberales. En el dumping se busca quedarse con el monopolio o el oligopolio del mercado. Se elimina la competencia tirando los precios para acabar con la competencia. Las autoridades se toman muchas molestias para controlar el dumping a nivel de grandes empresas y de sectores estratégicos, pero a efectos de las profesiones no toman esas medidas. Nosotros no escatimamos esfuerzos, pero no conseguimos grandes resultados.

¿Y la ejecución, llegará por fin?

Esta es una de las grandes demandas de la profesión. No es una demanda corporativista, sino que somos conscientes de aunque la Justicia española funciona muy bien, es de las mejores del mundo en fase declarativa, en calidad y en celeridad, al hablar de la ejecución de sentencias, estamos a la cola del pelotón entre los países del mundo, porque las ejecuciones se demoran. Si e periodo medio de dictar sentencia des de seis meses, por ejemplo, el de ejecución es de tres años. Y esta situación en la mayoría de los países la tienen resuelta a través de unos profesionales que se llaman agentes de ejecución. Es una profesión que está inventada y, en España, creo que los procuradores somos los llamados a realizar esta labor, puesto que lo venimos haciendo internamente. Solo hace falta una ley que regularice lo que internamente estamos haciendo. Y eso va unido a la capacidad para realizar actos de comunicación, cosa que ya hemos conseguido. Hemos estado dos veces a punto de conseguirlo, siendo ministros Ruiz Gallardón y Catalá, pero se ha quedado finalmente si resolver, aunque seguimos trabajando para lograrlo.

¿Qué pueden aportar los procuradores en mediación y arbitraje?

En el Consejo General tenemos una institución de mediación con más de 500 mediadores titulados, que pueden ayudar a resolver asuntos de pequeña entidad, que suponen una gran rémora para la Justicia . Por esta línea va el Ministerio en la actualidad, con la ley que está preparando para que la mediación sea el precedente a la apertura de un procedimiento declarativo. Y con respecto al arbitraje, en algunos colegios tienen sus propios arbitrajes, como el de Madrid en tema de arrendamientos urbanos. No queremos dejar de lado estas actividades. En mediación concursal tenemos especialistas. A través de nuestro Centro de Estudios hemos realizado cursos de especialización de mediadores concursales.

¿Otro asunto pendiente es el de los apoderamientos?

Se están haciendo muchos apoderamientos en los despachos. Esta práctica está acelerando muchísimo la Administración de Justicia al descargar a los juzgados de un trabajo enorme. No obstante, es un sistema que está aún por rematar, pero ya funciona relativamente bien.

¿Qué nivel de digitalización tiene la profesión?

Siempre hemos presumido de ser precursores de la digitalización de la Justicia, tanto por los Colegios como por los despachos profesionales. Siempre hemos colaborado con el Ministerio de Justicia y hemos sido impulsores de Lexnet, que es una idea nuestra que hizo suya el Ministerio hace ya 20 años y los conejillos de indias fueron nuestros compañeros de profesión que tuvieron que aportar grandes cantidades de paciencia en los inicios. Hoy en día es una fórmula eficaz de trabajar.

Más asuntos pendientes, ¿Cómo está el de las sustituciones?

Este asunto empalma con el de la competencia desleal. Estamos intento poner remedio, porque la sustitución es necesaria y es un tema difícil de resolver. La sustitución es esencial para la conciliación de la vida laboral y familiar, máxime en épocas de Covid-19, en la que un procurador puede enfermar y es necesario que otro compañero realice las funciones que éste no puede desarrollar. En definitiva, lo que no podemos consentir es la competencia desleal. Tratamos de escuchar las voces de nuestros compañeros para dar soluciones al problema.

Y ya para terminar. ¿En que situación está el turno de oficio?

Es difícil que nos demos por satisfechos, siempre queremos mejorar las condiciones. Las cantidades que se pagan son irrisorias, en algunas Administraciones se pagan 14 euros por litigio. Cada una de ellas tiene sus propios baremos. Es un tema que siempre estamos peleando.

Fuente: eleconomista.es