En el marco de esta fecha tan significativa , el Consejo General de Procuradores de España recuerda que las víctimas de violencia de género o de delitos de odio pueden contar con los servicios de un procurador de forma gratuita desde el mismo momento en el que interpongan denuncia en la comisaría, lo que permite agilizar el proceso judicial desde el inicio y sin tener que esperar a la fase en la que la representación por un procurador es obligatoria.
Como sabéis, El Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto ha entrado en vigor. Se trata de una serie de medidas urgentes a favor de las víctimas de violencia de género. Entre las iniciativas que contempla está la de potenciar la figura de procuradores y abogados en la lucha contra este tipo de violencia. En este sentido, tanto procuradores como abogados se convierten en protagonistas del cambio legislativo que implica el Real Decreto Ley. De esta manera, la reforma tiene también como objetivo fortalecer la tutela judicial y a los recursos de asistencia de las víctimas de violencia de género.
Unión Profesional se suma y piden mayor compromiso
En ese marco, y el Día Internacional contra la Violencia de Género, las profesiones españolas, organizadas en Colegios Profesionales y reunidas en Unión Profesional, manifiestan su total rechazo a la violencia contra las mujeres e inciden en la importancia de que todas las instituciones se comprometan a erradicarla desde la misma esencia.
Es por esto que las profesiones consideran imprescindible denunciar las causas profundas -económicas, sociales, culturales- de la violencia de género, e insisten en trasladar a la sociedad la necesidad de un cambio trascendente de la misma. Para ello, abogan por incorporar la igualdad de género y la educación en valores igualitarios a todos los niveles, tanto formativos -con especial énfasis en el Desarrollo Profesional Continuo de los y las profesionales- como organizativos -con la implantación de Planes de Igualdad y Protocolos de Prevención del Acoso y la Violencia Sexual-, y de manera transversal.
En línea con el Objetivo 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuyo desarrollo está enfocado en lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; más concretamente, con “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado”, las profesiones reclaman al nuevo Gobierno la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la consiguiente dotación de presupuestos y recursos adecuados para su cumplimento. En este sentido, solicitan que se desarrollen las reformas necesarias para la mejora de la atención a las víctimas de violencia de género, haciendo especial énfasis en el ámbito local y en políticas de proximidad.
En el actual marco de concienciación pública ante esta problemática, las profesiones se posicionan en favor de la educación desde la transversalidad, la cultura del consentimiento convencido y la adopción de un enfoque de género interseccional, en concordancia con las recomendaciones de Naciones Unidas.
Tal y como ha declarado la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en el marco de la campaña organizada para denunciar la cultura de la violación en el Día Internacional contra la Violencia de Género: “No solo hemos de considerar la violación como un delito; debemos hacer más, mucho más, para que la víctima sea lo más importante de la respuesta y para que los agresores rindan cuentas. Esto implica reforzar la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para investigar estos delitos y apoyar a las supervivientes mediante procesos jurídicos penales, dándoles acceso a los servicios de justicia, policiales y de asesoramiento legal, además de los servicios sociales y sanitarios, especialmente en el caso de las mujeres más marginadas”.
En este marco, desde ONU Mujeres, han publicado Dieciséis maneras de enfrentarte a la cultura de la violación, entre las que se encuentra “exigir a tus representantes políticos que garanticen la aplicación de leyes que promueven la igualdad de género”. Porque, para poder lograr una sociedad libre de violencia es absolutamente necesario que las instituciones asuman la responsabilidad ética y política que les corresponde.
El compromiso de las profesiones es por la igualdad real y efectiva, y, desde Unión Profesional y del Consejo General de Procuradores de España se está trabajando por que así sea.
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