Entrevista al Ministro de Justicia

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Rafael Catalá: “Buscaremos el consenso para reformar la justicia”

Ha colocado el diálogo y la búsqueda del consenso entre sus prioridades políticas

Rafael Catalá Polo (Madrid, 1961) tomó posesión de su renovado cargo de ministro de Justicia el pasado 4 de noviembre. Desde que sustituyó al dimitido Alberto Ruiz-Gallardón, en septiembre de 2014, ha emprendido un camino de pacificación y de reformas en las revueltas aguas de la justicia que recibió del exalcalde de Madrid. En sus comparecencias ante las Comisiones de Justicia del Congreso y del Senado, el 5 y el 20 de diciembre, respectivamente, ha puesto el diálogo y la búsqueda del consenso entre sus prioridades políticas, articulándolo sobre la propuesta de una Estrategia Nacional de Justicia, acordada con las fuerzas políticas y los profesionales de la justicia, y en completar las reformas iniciadas en un ámbito que ha sido, probablemente, el más olvidado entre las grandes políticas públicas desde la Transición.

Pregunta. La justicia ha sido desde la llegada de la democracia la gran olvidada entre los servicios públicos ¿Será una prioridad en la agenda política del Gobierno? ¿Se incrementarán sus recursos económicos y humanos?

Respuesta. La gran reforma estructural pendiente de nuestra democracia es la justicia. El presidente del Gobierno, tanto en el discurso de investidura como en sucesivas declaraciones, ha anunciado que caminaremos en la dirección de las reformas. Es necesario buscar un consenso que le dé importancia en la agenda política y para ello he propuesto crear una subcomisión en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para una elaborar una Estrategia Nacional de Justicia . Hay que dotar a la justicia de más medios en los Presupuestos del Estado para 2017 y también las comunidades autónomas tendrán que hacer aportaciones en el marco de sus competencias. Consenso, prioridad y más medios son los pilares para la reforma de la justicia, y a todo ello nos vamos a dedicar.

Las jurisdicciones que sufren más retrasos, como son la social o la mercantil, están en el foco de las reformas”

P. ¿Cree usted que contará con el apoyo de otras fuerzas políticas para reformarla?

R. Mi impresión –la tengo desde los debates de las campañas electorales– es que hay coincidencia en el diagnóstico. Compartimos la necesidad de dotar a la justicia de más agilidad, más tecnologías y más medios, y creo que las fuerzas políticas tenemos la voluntad de trabajar juntos y que existe la posibilidad de trabajar de forma armónica y coordinada. En el acuerdo alcanzado entre el PP y Ciudadanos hay un apartado específico sobre justicia y también figuraba esta materia en el que alcanzaron PSOE y Ciudadanos, con medidas coincidentes. Hay que concretar las acciones y generar el consenso necesario, ya que muchas reformas afectarán a leyes orgánicas y necesitan una mayoría que el Grupo Popular no tiene en el Congreso.

P. Lentitud, falta de independencia, ineficiencia..., ¿tópicos o realidades?

R. Mi obligación es tener visión global y no quedarme en la anécdota, pero también estas señalan problemas concretos, a los que hay que prestar atención y buscar soluciones. En España tenemos una justicia profesional, independiente y cualificada. Nos llama la atención cuando se señala un juicio para 2020, pero no son noticia los miles de señalamientos y actos procesales que se fijan con normalidad, y cada día se celebran decenas de miles de actos procesales en plazos razonables, de muy pocos meses. La mayor parte de las resoluciones judiciales en primera instancia, en capitales de provincia, se dictan en un plazo de seis meses, y en segunda instancia, en un año. El Tribunal Supremo está resolviendo los casos que le llegan, como media, en menos de un año. Sé que hay casos puntuales en que se dilatan y los ciudadanos tienen legítimo derecho a pensar que una justicia lenta no es una justicia de calidad. Las jurisdicciones que sufren más los retrasos, como son la social o la mercantil, así como las macrocausas están en el foco de las reformas previstas.

Apostamos por usar con más intensidad las tecnologías y por establecer la obligación de las comunicaciones electrónicas”

P. ¿Se conseguirá un proceso penal más ágil y garantista con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha anunciado en sede parlamentaria?

R. Este es un proyecto que ya se ha trabajado por otros Gobiernos y por los expertos. Va en la dirección de lo que pasa en el resto de Europa, que es que la investigación penal la hagan los fiscales, con un juez de garantías. Este modelo aporta tutela de derechos, agilidad, seguridad jurídica. Y vamos a tratar de que se haga con el mayor consenso. El PSOE dejó ya una reforma escrita en este sentido y Ciudadanos también apoya el cambio. Lógicamente, estamos hablando de una reforma procesal acompañada de una reforma organizativa de la fiscalía. Es una reforma estratégica e importante.

P. La digitalización de la justicia ha sido una de sus grandes apuestas. Sectores profesionales han denunciado improvisación. ¿Cuál es su balance después de un año de obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas?

R. Desde mi llegada al ministerio identificamos prioridades y dimos mucho protagonismo al uso de las tecnologías. En un contexto de tiempo y recursos limitados, apostamos por usar con más intensidad la tecnología y por establecer la obligación de las comunicaciones electrónicas desde el 1 de enero de 2016, a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil; hoy ya se han realizado más 67 millones de las mismas. Me consta que ha habido problemas en su implementación, como la sobrecarga de LexNet [sistema de comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia] y que las demoras han provocado el enfado de profesionales. Vamos a seguir introduciendo mejoras progresivas, como el incremento a 15 megas de la capacidad del sistema, que estará operativa en el primer trimestre de 2017. Hay 750 juzgados del territorio con competencias del Ministerio de Justicia que ya son digitales, lo que supone que todo el procedimiento, incluida la firma final del juez, se hace en formato digital. Nos queda por delante que las comunidades autónomas se incorporen a la gestión electrónica y poner en marcha un sistema de gestión procesal común, que no único. Hay que lograr la interoperabilidad y que todos los operadores jurídicos en España trabajen con las mismas herramientas.

P. ¿Se debería avanzar hacia un sistema informático de uso común a todas las Administraciones?

R. Las competencias en Administración de Justicia están transferidas a 12 comunidades autónomas y tengo la responsa_bilidad de coordinar y establecer consensos en las Administraciones públicas. En 2105 y 2016 se han transferido 12 millones de euros del presupuesto del Estado para apoyar la digitalización en las comunidades con competencias. Este es un asunto complejo, pero estamos actuando para mejorar la coordinación. Con algunas comunidades, como Aragón, La Rioja, Galicia, Cantabria o Valencia, estamos trabajando para cederles nuestro sistema, el Minerva digital. Con las que quieren seguir trabajando con sus herramientas, queremos que, al menos, se llegue a un sistema de interoperabilidad.

P. ¿Y en lo que respecta a la fiscalía?

R. Hemos ido incorporando elementos para mejorar el funcionamiento de Fortuny [la aplicación informática que usa la fiscalía]. En Valladolid hay una experiencia piloto puesta en marcha para mejorar la gestión digital y en el primer semestre de 2017 la digitalización estará generalizada, para que también la fiscalía esté plenamente incorporada a un sistema que permita la supresión del papel y las comunicaciones electrónicas.

P. Durante su anterior mandato se impulsó la resolución extrajudicial de conflictos. ¿Habrá nuevas medidas?

R. Hemos desarrollado instrumentos normativos en esta dirección, como los recogidos en la Ley de Arbitraje, la de Mediación o la de Jurisdicción Voluntaria. Podría haber algún retoque puntual de estas normas, pero creo que estamos, más bien, en una fase de implantación de las normas existentes. Lo prioritario es incorporar a la cultura social que no todos los conflictos tienen que acabar en los tribunales. Esta no es la única ni la mejor solución para resolver muchas controversias. Una sociedad madura que tiene el diálogo y la concertación entre sus valores aprecia instrumentos como la mediación intrajudicial o extrajudicial para resolver conflictos. Nos queda mucho camino por recorrer en esta dirección y promoveremos convenios con los operadores jurídicos que permitan la formación de los profesionales y la divulgación de instrumentos alternativos al litigio. También vamos a recoger las aportaciones que nos hacen los profesionales y no descarto mejorar algún elemento de la Ley de Arbitraje o, posiblemente, establecer alguna obligación de acudir a mediación previa en algunos procedimientos.

P. Bruselas reclama mayor liberalización en las profesiones liberales. ¿Se verá alterado el sector legal con una nueva Ley de Colegios Profesionales?

R. España está obligada a incorporar a su legislación las normas comunitarias. En todo caso, creo que el sistema de servicios profesionales en España es eficiente, cualificado y profesional, y no ha generado problemas, por lo que no es necesario hacer una reforma estructural. Fortalecer la libre prestación de servicios, la unidad de mercado, suprimir limitaciones a la competencia o mejorar la libre circulación son valores que ya recoge nuestro sistema. También es verdad que todo se puede mejorar, y los colegios profesionales tienen que adaptar su reglamentación o su control de la deontología. Los sistemas de honorarios y aranceles o los ámbitos de actuación pueden flexibilizarse. Los colegios se han modernizado, están fortaleciendo la cualificación de los profesionales y nosotros trabajamos coordinadamente con ellos.

“Lo prioritario es incorporar a la cultura social que no todos los conflictos tienen que acabar en los tribunales”

P. Muchos profesionales consideran que el problema de congestión judicial está en la fase ejecutoria. ¿Incorporarán a más profesionales?

R. En el año 2000 se realizó una importante reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero hay áreas en las que se puede mejorar. Ya iniciamos el camino en esta dirección en la reforma de 2015. Las citaciones, emplazamientos, notificaciones y actos de ejecución son elementos instrumentales en el proceso, pero importantísimos, y en ellos están gran parte de los motivos de las dilaciones. La ejecución funciona regular y vamos a trabajar en alternativas para mejorarla, de tal manera que los ciudadanos puedan elegir entre la actuación de un funcionario del juzgado o de un procurador. Queremos introducir opciones de alternatividad en un entorno público con la participación de los procuradores.

P. ¿Qué acciones tomarán sobre asuntos polémicos como las tasas judiciales y la justicia gratuita?

R. Tenemos abierta una mesa de diálogo sobre la justicia gratuita con el CGAE, para delimitar bien el sistema en aspectos como el reconocimiento del derecho, condiciones de los beneficiarios, alcance, etc. Hay que señalar que la gestión que hacen en este tema los colegios profesionales es destacadísima. Tenemos que mejorar nuestros procedimientos para que los pagos a los abogados de oficio se optimicen y entiendo legítima su reivindicación de poder cobrar cuanto antes los servicios que prestan. En lo que se refiere a las tasas, después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre ellas, creo muy conveniente hacer una revisión de su regulación y volver a un sistema equivalente y mejorado al del año 2003, es decir, establecer tasas por el ejercicio de la función jurisdiccional teniendo como sujeto pasivo a las sociedades de un determinado nivel de facturación, y que en ningún caso afecten al derecho a la tutela judicial efectiva.

P. ¿Se culminará en esta legislatura la reforma del Registro Civil? ¿En qué dirección?

R. Es verdad que desde la reforma de 2011, que avanzó la desjudialización del Registro Civil, no hemos conseguido rematar ese objetivo de servicio público, gratuito, telemático y cercano a los ciudadanos. Queremos abordarlo en el primer semestre de 2017, definiendo quiénes serán los encargados de su gestión. Soy respetuoso con la negociación colectiva y no quiero que se determine solo por la decisión del Gobierno; deseo contar con los profesionales.

FUENTE: Cinco Días. Entrevista realizada por Carlos Capa  

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