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La justicia, también en catalán' es la campaña que varias administraciones locales y estatales han puesto en marcha porque la lengua catalana deje de ser residual a la administración judicial. El Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno balear, el Ministerio de Justicia, el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores de las Islas Baleares, el Colegio de Graduados Sociales, el Colegio de Registradores, el Colegio Notarial y la Obra Cultural Balear son los organismos que han promovido la iniciativa.
La legislación prevé el derecho de opción lingüística de los ciudadanos ante las administraciones, y por tanto ante la Administración de justicia, en las Islas Baleares. Este derecho se establece en el Estatuto de autonomía y en varias normas autonómicas, pero también encontramos referencias en la normativa propia del ámbito, como la Ley Orgánica del poder judicial.
Por otro lado, la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, ratificada por el Estado español el 2001, recoge los compromisos de asegurar que los órganos judiciales, a petición de una de las partes, dirijan los procedimientos en las lenguas protegidas, de garantizar al acusado el derecho de expresarse, de permitir que las partes se expresen y de expedir los actos vinculados a un procedimiento.
Estos últimos años se ha hecho un gran esfuerzo para transformar las administraciones en verdaderas herramientas al servicio de los ciudadanos. es una buena muestra la Carta de los derechos de los ciudadanos ante la justicia, aprobada como proposición no de ley por el Congreso de los Diputados el 2002. Este documento establece líneas de actuación para conseguir una justicia moderna y abierta en los ciudadanos, a los cuales tiene que ofrecer una atención adecuada. Una vía para conseguirlo es garantizar el derecho de los ciudadanos a emplear la lengua oficial que elijan ante la Administración de justicia y a ser atendidos en los términos establecidos legalmente.
En concreto, los ciudadanos tienen el derecho de emplear el catalán a los juzgados y tribunales, oralmente y por escrito, y el derecho de presentar documentos. Si tienen que tener efectos en un territorio donde el catalán no es lengua oficial, la Administración tiene que gestionar la traducción, sin retrasos injustificados.
Además de los derechos reconocidos a los ciudadanos, los jueces, los magistrados, los fiscales, los letrados y los otros funcionarios de juzgados y tribunales pueden usar también el catalán, si ninguno de las partes no se opone, alegando desconocimiento, que le pueda producir indefensión. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en catalán tienen, sin necesidad de traducción al castellano, validez y eficacia llenas.
Pla de actuaciones
La campaña nace, según han apuntado, con un plan de actuaciones que marcan los objetivos y las iniciativas que se plantean como un punto de partida.
De este modo, va dirigida a tres colectivos: la Administración de justicia, los operadores jurídicos y los ciudadanos.
En líneas generales, la campaña arranca con la activación de una página web pensada para facilitar el acceso de los trabajadores a recursos y herramientas que puedan necesitar, como cursos, modelos de documentos, herramientas de aprendizaje, buscadores o normativa.
Además, se ha reeditado el 'Vocabulario de derecho', editado en 2009 por la Universitat de Barcelona y la Universitat de València.
Igualmente, el cartel de la campaña y el díptico informativo se distribuirá por las dependencias de la Administración de justicia y los colegios y entidades adheridos.
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