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Dolores Delgado se ha presentado como una “ministra de trinchera” nada más recibir la cartera de Justicia de manos de su antecesor Rafael Catalá. La nueva titular, fiscal veterana en la lucha antiterrorista, tendrá que hacer frente a un mandato breve pero complejo, con muchos asuntos pendientes que no le permitirán un aterrizaje suave.
Por un lado, deberá recoger el testigo en el impulso de iniciativas legislativas clave, como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa o la reforma del proceso penal. Sobre su mesa también se encuentran las reivindicaciones de los operadores jurídicos, que reclaman la mejora de sus condiciones laborales y avances en la modernización de juzgados y tribunales. Delgado, que ha anunciado que priorizará la escucha a las víctimas, tiene además el reto de rebajar el clima de preocupación ciudadana por la Justicia y la violencia de género, que se ha disparado en el último barómetro del CIS, bajo el influjo de la sentencia de La Manada.
Agenda reformista
En el apartado de reformas legislativa, Delgado llega al Ministerio con una serie de tareas pendientes. La ministra debe decidir cómo afrontar las normas en trámite, como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, una norma que pretende recoger los derechos y deberes de los abogados, así como los de los ciudadanos que solicitan los servicios de un letrado. Otro anteproyecto en marcha es el de la reforma del acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
La reforma de los delitos contra la contra la libertad sexual, sobre la que ya está trabajando la sección penal de la Comisión General de Codificación, que pasa a presidir Delgado, es otro de los asuntos delicados de su mandato. El Código Penal también podría ser reformado como consecuencia de la modificación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género del año 2004, que dejó pendiente el PP y que el Gobierno de Sánchez ya ha anunciado que asumirá como primera medida de las 268 vinculadas al Pacto contra la Violencia de Género.
De los proyectos de Justicia previstos en la hoja de ruta de Catalá para el segundo semestre de 2018, uno de los más complicados es sacar adelante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que da luz verde a la figura del fiscal instructor. Ello obligaría a revisar el Estatuto Orgánico del ministerio público, para dotarle de suficiente autonomía. El gabinete de Catalá también trabajaba en un nuevo Código de Comercio que modernizara el derecho español en materia de obligaciones y contratos. A ello se suma un texto refundido de la ley concursal y una reforma del registro mercantil.
Rebajar la conflictividad en el sector
El esfuerzo asumido en los Presupuestos del Estado podría resultar insuficiente para satisfacer las demandas económicas que jueces, fiscales y otros trabajadores de la Justicia. Delgado, que respaldó las protestas de los últimos meses, tendrá que hacer equilibrios entre el escaso margen de maniobra que le da la situación política y un listado de reclamaciones va más allá de mejoras retributivas e incluye medidas laborales y de mejora y refuerzo de la independencia judicial. No solo jueces y fiscales exigen un aumento de sueldo, los Letrados de la Administración de Justicia ya habían anunciado movilizaciones y paros para hacer oír sus peticiones sobre salario y carga de trabajo antes de producirse el relevo en el ministerio. Además, Catalá se había comprometido a una subida del 30% de los baremos del turno de oficio.
Fuente: Cincodías
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