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Acaba de publicar «Judicial- Tech, el proceso digital y la transformación tecnológica de la justicia» en el que pone negro sobre blanco el mundo hacia el que nos dirigimos. Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, exdirector general de de la Administración de Justicia y exvicesecretario general del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Joaquín Delgado es uno de los grandes expertos contrastados y reconocidos en este campo en nuestro país.
También uno de los más industriosos y productivos. Su anterior libro, «Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones” fue calificada por Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como de «monografía extraordinaria».
El doctor Delgado es una de las principales autoridades en este campo en el que se está adentrando el equipo que lidera el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
En su obra, dividida en tres partes, «El proceso digital y la transformación de la Justicia», «La transformación digital de la Justicia (‘Judicial Tech’)» y «Resolución de conflictos ‘on line'», aborda esta temática desde los cuatro puntos cardinales, incluyendo la protección de datos, la confidencialidad, el secreto, la inteligencia artificial, el «blockchain» o los «smart contracts». Todo queda explicado, analizado, valorado y sopesado en su justo valor.
Para Delgado, en este proceso de cambio tecnológico y organizativo profundo que se está operando en la Administración de Justicia la piedra angular es, sin duda, el expediente judicial electrónico.
El autor es el inventor del «Judicial Tech». Por eso la primera pregunta es obligatoria:
¿Qué es el Judicial Tech? ¿En qué consiste?
Es la integración de la tecnología digital en las distintas áreas de la justicia para mejorar la respuesta judicial. Para que haya más calidad y más eficacia, y, sobre todo, más rapidez en la solución del conflicto.
Para ello, no solamente hay que mejorar la implantación de las tecnologías actuales, sino también hay que aplicar las tecnologías emergentes.
En primer lugar, ha de profundizarse en la aplicación de las tecnologías actuales, es decir, la optimización de las notificaciones electrónicas y de la presentación telemática de escritos a través de Lexnet y similares. Hay que incrementar y mejorar los servicios prestados a la oficina judicial mediante plataformas de interoperabilidad para prestar servicios ágiles a la oficina judicial, como el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia y el Punto Neutro Judicial.
La base esencial para otras tecnologías es, precisamente, la dotación de medios técnicos adecuados y de una regulación que permita el desarrollo de la asistencia telemática a los juicios, vistas y otros actos judiciales. Y la implantación de soluciones de transcripción de las grabaciones. De una forma especial, la definitiva implantación del expediente judicial electrónico en todo el territorio del Estado.
El expediente judicial electrónico es la llave para otras soluciones tecnológicas que asegurarán la eficacia. Solamente una digitalización efectiva permitirá el uso de instrumentos de «big data», para la gestión de las políticas judiciales y de los medios personales y materiales de la oficina judicial, y de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el «blockchain», por citar algunas de ellas.
Esto sin perjuicio de las crecientes necesidades de ciberseguridad y de la profundización en las plataformas online de resolución de conflictos, las llamadas ODR.
¿Sólo tecnología?
Tiene razón. Porque no se trata solamente de aplicar mucha tecnología, ha de ir acompañada de una reforma de la organización, de la oficina judicial, de la planta de los juzgados y tribunales… Esto determina una nueva forma de entender la relación con el ciudadano.
Se trata de lograr una justicia orientada a las personas, centrada en sus necesidades y dirigida a resolver los problemas que les preocupan, respetando plenamente los derechos fundamentales; y mejorando el efectivo acceso a la justicia en igualdad por parte de todos cuyos derechos son objeto de violación.
La experiencia en anteriores proyectos de modernización de la justicia nos enseña que tan importante es el diseño de la solución tecnológica, como la atención al proceso de implantación y a la gestión de cambio cultural de las personas llamadas a aplicarla.
La situación de pandemia originada por el COVID-19 ha agudizado la necesidad de implantar estas soluciones tecnológicas, acelerando los procesos. Esta crisis ha de ser aprovechada como una oportunidad para avanzar en la transformación digital de la justicia, lo que yo llamo Judicial-Tech, utilizando de forma inteligente las partidas presupuestarias y los fondos que procedan de la Unión Europea.
El gran problema es el marco de gobernanza.
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