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La Agencia Tributaria sabrá cada caso en el que han intervenido todos y cada uno de los 4 000 abogados colegiados en Balears en los últimos tres años. El Consejo General del Poder Judicial ha autorizado a que los tribunales y juzgados faciliten a Hacienda datos relativos a la actuación de cada abogado y procurador ante la posible “trascendencia tributaria” de los mismos. Con estos datos, el fisco podrá revisar a fondo si la facturación de los letrados se ajusta al número y la complejidad de asuntos que han llevado a cabo y se trata de información referida a los ejercidos de 2014, 2015 y 2016.
La autorización por parte del Consejo sólo impide a la Agencia Tributaria acceder a la identidad del representado en cada uno de los procedimientos. El Colegio de Abogados de Balears se ha limitado por el momento de informar de esta decisión del gabinete técnico de la judicatura a los letrados. Sin embargo, el Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado una fuerte oposición a esta medida, que considera que «Siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de todos los abogados procesalistas. Además, considera que se trata de un mecanismo de recopilación de datos «de carácter masivo" y sin la adecuada justificación ya que considera que la Agencia Tributaria ya tiene completa información sobre los asuntos. La Abogacía recuerda que los abogados están sometidos a las normas de tributación establecida y que cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales, por lo que entiende que la solicitud de la Agencia Tributaria “no hace sino extender la sospecha sobre un colectivo determinado como son los profesionales de la Abogacía”. Además, pone de manifiesto que, cuando se han solicitado datos de este tipo a algunos colegios de abogados, los tribunales han estimado que eran solicitudes contrarias a la legalidad.
De hecho, analizan recurrir el informe del Consejo General del Poder Judicial. El malestar se ha extendido entre colegios de abogados de toda España. La solicitud de la Agencia Tributaria le permitirá examinar de forma mucho más precisa las declaraciones de los letrados, que ejercen como trabajadores autónomos.
Así, podrán comprobar si las facturas se corresponden al volumen de casos que lleva cada uno de los letrados o si la cuantía guarda relación con la complejidad de cada uno de los asuntos. los honorarios de los abogados no están tasados salvo en los asuntos del turno de oficio. En el caso de los procuradores, sus aranceles sí son más rígidos. El Consejo General de Procuradores también ha anunciado a sus colegiados que estudia recurrir la medida y pedir una posible suspensión cautelar. Estos profesionales, en una línea similar a los abogados, insisten en que no pretenden que su voluntad de colaborar con el fisco español, se empañe, “por lo que parece ser una velada acusación general de incumplimiento”
Fuente: Ultima Hora
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