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La retribución media del abogado del turno de oficio, sin embargo, se redujo a 133,5 euros por expediente.
La inversión total que las administraciones públicas destinaron a la justicia gratuita alcanzó los 243,2 millones de euros, en 2017, lo que supone un incremento del 1,9% respecto a 2016, cuando esta cifra se situó en los 238,7 millones de euros. Sin embargo, este incremento de la inversión se produce tras varios años de disminución o de estancamiento, lo que provoca que "la leve recuperación lograda no absorbe los niveles que había hace seis años", ha explicado Antonio Morán, presidente de la comisión de asistencia jurídica gratuita del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). El letrado ha apuntado igualmente que este crecimiento contenido se debe, en buena medida, a la recuperación parcial de los baremos en algunas comunidades autónomas que sufrieron recortes, de hasta el 40%, durante la crisis.
Efectivamente, aunque este año se hayan alcanzado los 243,2 millones de euros, este dato aparece ensombrecido por el dinero que se destinaba al mismo objetivo en 2011, cuando superaba los 254 millones de euros. En términos internanuales, esto significa que entre 2011 y 2017 se ha vivido un descenso de casi el 5% y una reducción de más de 11 millones de euros.
Otra caída identificada por el XII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía Española-Wolters Kluwer se centra en las retribución media que percibe el abogado del Turno de Oficio por cada expediente. Esta cifra se ha reducido a a 133,5 euros cuando en 2016 la indemnización recibida por cada letrado era de 134,5 euros.
Victoria Ortega, presidente del CGAE, se ha felicitado de la ligera mejora y de la revisión de indemnizaciones para los abogados del turno oficio, pero también ha destacado que la justicia gratuita española cuenta todavía "con un pronóstico reservado, puesto que siguen existiendo problemas que necesitan de más medios económicos y de un plan de choque" para solventarlos. Ortega ha comentado que entre las cuestiones a tratar están el asunto de las guardias o las diferencias de remuneración que siguen existiendo entre las comunidades autónomas con las competencias transferidas y los territorios que están bajo el manto del Ministerio de Justicia.
El recién nombrado secretario general de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, Antonio Viejo, ha explicado que la justicia gratuita es el mejor sistema para igualar situaciones entre los ciudadanos y, por esa razón, "los poderes públicos tienen la obligación de atenderla. La Administración tiene que responder al esfuerzo que han realizado las corporaciones". En este sentido, Viejo ha destacado el proyecto de reglamento de justicia gratuita que tiene entre manos el Ministerio de Justicia, "donde se debe establecer las bases claras de la labor de estos profesionales".
El secretario general de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia también ha dicho que el departamento del que forma parte también estudiará con atención la resolución de problemas como los baremos y su diversidad territorial, así como el asunto de la regularización de pagos en el momento oportuno.
En cuanto a regiones, el observatorio apunta que Cataluña, como en años anteriores, es la comunidad autónoma que más invierte en justicia gratuita, con 54,8 millones de euros y un incremento de casi el 3% respecto a 2016. En segundo lugar se sitúa Madrid, con 40,3 millones de euros y una subida del 6%. La tercera posición de este podio la ocupa Andalucía, que invierte 39,6 millones de euros con una subida del 4,6%.
Otro dato que aporta el observatorio del CGAE se centra en los asuntos atendidos por la justicia gratuita. A lo largo de 2017, los 832 colegios de abogados atendieron 1.822.419 asuntos a través del servicio de asistencia de justicia gratuita, lo que supone un incremento del 2,3% frente a los tramitados en 2016, que fueron 1.781.886. El reparto de estos asuntos fue el siguiente: el 62,4%, más de 1.136.000, fueron gestionados por el turno de oficio, mientras que casi 628.000 correspondieron a la asistencia letrada al detenido (34,5%). Por su parte, el servicio de violencia de género atendió el año pasado casi 58.000 asuntos, que suponen más del 3% del total atendido.
El comité de expertos que participa en el Observatorio de Justicia Gratuita, ha elaborado una serie de recomendaciones con el objetivo de alcanzar un servicio de asistencia jurídica gratuita más eficiente, que cuente con una mayor sostenibilidad económica, que se oriente hacia una mayor calidad y que garantice los derechos de las personas más desfavorecidas. Los especialistas destacan que, entre otras actuaciones, sería necesario hacer los siguientes movimientos:
Fuente: Expansión
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