Juan Carlos Estévez: “Se están tirando los precios de mala manera en la profesión”

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“Para conseguir cerrar definitivamente el tema de la incompatibilidad con la abogacía, hemos tenido que ceder en el terreno de los aranceles”

Juan Carlos Estévez fue reelegido presidente del Consejo General de los Procuradores por un nuevo periodo de cuatro años el pasado 20 de noviembre. Feliz por revalidar la confianza de sus compañeros, Estévez mira hacia adelante aliviado por saber cercano el cierre del expediente europeo que ha supuesto una espada de Damocles para la profesión. Incombustible, a sus 73 años no piensa en la jubilación, “mi padre falleció a los 92 años y seguía ejerciendo”, reflexiona, y se siente con ganas y fuerzas para rematar la labor iniciada hace casi dos décadas.

¿Cuál es el secreto para seguir al timón durante tantos años?

No deberías preguntármelo a mí, sino a mis colegas. Yo lo único que puedo decir es que para mí es un honor inmenso, una gran responsabilidad, y una satisfacción muy, muy grande. Tener la confianza de mis compañeros es de lo que más orgulloso puedo sentirme y de las cosas que me hacen más feliz.

¿Cuáles son las principales metas de este nuevo mandato?

La primera está ya en vías de realización, que es acabar de una vez por todas con el tema que tenemos pendiente de cerrar en Europa. Parece que esta es la buena, la definitiva. Por lo menos, ya tenemos una ley tramitándose en el Congreso de los Diputados, actualmente en periodo de enmiendas. Una vez que se publique en el BOE, imagino que en primavera o, incluso, antes, y esté cerrada esta cuestión que lleva tanto tiempo atosigándonos, tendremos una plataforma sólida de salto hacia delante, un terreno donde apoyarnos y dejar de pensar en esta espada de Damocles.

¿Qué ceden a cambio?

El proyecto de ley viene a desarrollar lo que pactó el Gobierno en su día con Europa, manteniendo la línea roja de la incompatibilidad con la abogacía, o la reserva de actividad para los procuradores. Es cierto que se cede en una serie de cuestiones, como la reforma de la Ley de acceso a las profesiones de abogados y procuradores, estableciendo un acceso único; una reforma del arancel, que se topa en 75.000 euros, y una reforma de la Ley de Sociedades Profesionales, donde se exceptúa a los abogados y procuradores del contenido general de la ley, en cuanto a que las profesiones que son incompatibles no pueden asociarse. Los abogados y procuradores sí vamos a poder asociarnos.

¿Cuál es la renuncia qué más duele al colectivo?

Hombre, todo lo que sea variar cuestiones... Por ejemplo, el tema de arancel es doloroso, el tema de perder la autonomía en la formación y tener que compartirla con la Abogacía, es doloroso (tengo entendido que para ellos también). El tema de la Ley de Sociedades Profesionales no tiene mayor recorrido, eso lo entendemos perfectamente. Pero, bueno, está aquello del antiquísimo refrán de que “quien algo quiere, algo le cuesta”. En todo caso, estamos negociando con el Ministerio de Justicia una serie de modificaciones que consideramos que mejorarían notablemente el texto.

Una vez superado este capítulo, ¿cuál es el próximo objetivo?

Tenemos ideas, esperanzas, sueños y, entre ellos, está luchar por la ejecución, como hemos hecho históricamente. Creo que la profesión está llamada a resolver esta cuestión, por capacitación y porque ya venimos haciéndolo. Sería un reconocimiento legislativo, pero, en el fondo, nada nuevo. Por otro lado, en nuestro proyecto electoral ofrecimos una serie de cosas a nuestros compañeros, que, obviamente, vamos a cumplir, como la creación del el Defensor del Procurador, una especie de figura similar a la del Defensor del Pueblo trasladada a la procura.

¿Qué problemas aquejan actualmente a la profesión?

Tenemos una serie de dificultades de presente que son, ciertamente, difíciles de resolver, pero que están afectándonos duramente. Por ejemplo, la competencia desleal. Se está produciendo dumping profesional, porque hay casos en los que se están tirando los precios de tal manera que no es rentable. Todo el mundo sabe que existe a nivel empresarial, pero ahora se está produciendo a nivel corporativo. Y no concierne sólo a la procura, también a más colectivos. Esto hace muchísimo daño a la profesión, porque se están tirando los precios de mala manera.

¿Cómo ha impactado la pandemia en el colectivo?

Nos ha hecho un daño tremendo, igual que a otros muchos también. Los procuradores hemos estado cuatro o cinco meses sin presentar prácticamente un asunto porque los tribunales han estado paralizados, con lo cual, no teníamos ingresos, que es de lo que vive un profesional. Hay muchos compañeros y compañeras que todavía están pasándolo muy mal.

En este sentido, ¿Cómo valora la gestión del Ministerio?

Bueno, realmente, ha habido un momento en que nos hemos equivocado todos los profesionales, porque pensábamos que, en cuanto se abrieran los tribunales iba a haber un boom tremendo de procedimientos judiciales nuevos, y no ha sido así. Se habían ido preparando las cosas para ello, y eso no se produjo ni en junio, ni en julio, ni después en septiembre, tras las “vacaciones” del mes de agosto. Vacaciones entre comillas porque, tal y como advertimos, la habilitación de los juzgados en agosto no sirvió para nada.

¿Cuál es el balance que hace del mandato de Campo?

Nuestra relación con el Ministerio es de lo más cordial. Tenemos contacto permanente con él y muchas cosas que sacar adelante. Yo, de momento, creo que se han producido avances. El ministro ha sido decidido y valiente en plantear ya la aparición de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que creo que es algo necesario, por lo que le felicito. Lo que se necesita ahora para la tramitación es una gran dosis de diálogo para que nos salga, entre todos, la mejor ley posible.

¿Qué opina de la polémica por la renovación del CGPJ?

Lo mismo que opina el propio Consejo General del Poder Judicial, que las instituciones tienen que ser renovadas, en tiempo y forma; es un mandato constitucional. Creo que es momento, ya sobrado, para que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo y cumplan con su deber constitucional. Otras estrategias, es matar moscas a cañonazos.

 

Fuente: cincodias.elpais.com

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