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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha abordado con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez y el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón, las líneas del plan de agilización judicial que pondrá en marcha el Gobierno cuando se reanuden los plazos procesales suspendidos con el estado de alarma y se retome la actividad de juzgados y tribunales.
Como ha explicado Campo, el plan del Ministerio de Justicia contendrá actuaciones en los ámbitos social, contencioso-administrativo y mercantil, los órdenes que se verán más afectados tras el parón de la actividad económica que ha supuesto el confinamiento, y se estudiará también su aplicación en los órdenes civil y penal. El ministro ha subrayado que, en estas circunstancias excepcionales, la Justicia ha de ser un elemento dinamizador de la economía y no un obstáculo para su recuperación.
El ministro ha pedido la colaboración de los profesionales para la puesta en marcha de este plan, que el Gobierno aprobará en los 15 días posteriores al fin de las medidas excepcionales, como establece la disposición adicional 19ª del Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. Los colectivos podrán hacer sus aportaciones para definir los programas de agilización y normalización de la actividad procesal.
Campo les ha trasladado la conversación mantenida ayer con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, con objeto de articular mecanismos de trabajo conjunto que permitan consensuar una unidad de acción en torno a este plan dirigido al conjunto de la Administración de Justicia, como se ha venido haciendo desde la declaración del estado de alarma.
La reunión mantenida hoy se celebrará a partir de ahora con carácter periódico cada 15 días, a propuesta del ministro de Justicia, con objeto de tomar el pulso de la actividad judicial con los principales colectivos de profesionales.
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