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La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dado luz verde para que se acabe la “fusión” de los dos borradores de proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que el PSOE elaboró en 2011 y el PP en 2013.
Cuando se produjo el cambio de Gobierno, el trabajo -realizado por a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Nicolás González Cuéllar, catedrático de derecho procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha y abogado, y Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid-, estaba muy avanzado.
Apenas restaba una semana para terminarlo.
“Cuando lo hayan terminado, tres mujeres juristas van a hacer una lectura del resultado con óptica y perspectiva de género, para que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal responda a lo que esperamos todos”, explicó Delgado. En la misma línea que la futura fiscal general del Estado, María José Segarra, ayer en el Congreso, que dijo: “No voy a hacer borrón y cuenta nueva. Voy a aprovechar lo que se ha hecho hasta ahora”.
El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 fue elaborado por un grupo de expertos impulsado por el entonces ministro de Justicia socialista, Francisco Caamaño, bajo la dirección del Juan Carlos Campo, secretario de Estado de esa cartera. No pudo ver la luz por falta de consenso y por el adelanto de las elecciones.
El segundo proyecto de código procesal penal se materializó en 2013.
Fue redactado por una comisión de expertos dirigida por Marchena, y de la que formaba parte González-Cuéllar, bajo el mandato del ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón.
Los tres expertos, que en un principio eran cuatro -con Pedro Crespo, fiscal de Sala del Supremo, miembro de la Unión Progresista de Fiscales, quien se salió cuando Confilegal publicó la noticia-, se repartieron los dos proyectos -no tan alejadas la una de la otra- y estaban avanzando hacia la versión final cuando ocurrió la moción de censura que echó del poder al Partido Popular.
El trabajo de fusión fue encargado por el antecesor de Delgado en el Ministerio de Justicia, Rafael Catalá.
El hecho de que Delgado haya dado luz verde al mismo tiene los mejores augurios para que finalmente pueda ser aprobada en el Congreso de los Diputados ya que es imprescindible el consenso básico, al menos, de los dos principales partidos.
Fuente: Confilegal
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