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Ayer martes, 21 de enero, se celebró el Día Europeo de la Mediación, una fecha que coincide con la aprobación del primer texto legislativo de mediación europeo: Tuvo lugar el 21 de enero de 1998.
Este fue el primer texto legal sobre potenciación de la mediación a nivel europeo de la historia.
Sin embargo, solo en algunos países ha logrado asentarse y echar raíces profundas y fuertes.
En España, todavía no.
A lo largo de todo el territorio español se han celebrado eventos y actos de exaltación de este método extrajudicial que ha ido ganando terreno en los ámbitos familiar, civil, social, mercantil y penal, gracias al impulso de diferentes entidades tanto judiciales como relacionadas con la mediación.
La mediación supone dar solución al conflicto mediante el dialogo y el entendimiento mutuo, con la ayuda de un tercero, el mediador, que no toma ninguna decisión, y que, de manera imparcial, trata de ayudarles a entenderse y a ponerse de acuerdo en las cuestiones que deban regular, en un proceso fuera de la vía judicial.
En nuestro país La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, incorporó al ordenamiento español la Directiva 2008/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Pero no termina de despegar.
¿Por qué?
Confilegal ha pedido a varios juristas especialistas su opinión sobre las causas que impiden que la mediación tenga el recorrido esperado, la situación actual en la que se encuentra y las medidas para lograr su desarrollo ahora que acaba de constituirse un nuevo Gobierno, con Juan Carlos Campo, como ministro de Justicia.
Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, experto en mediación.
Destinado en la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, Ortuño además de magistrado es mediador. Fue uno de los impulsores del Grupo de Magistrados Europeos por la Mediación (GEMME, en sus siglas francesas), organización de la que fue vicepresidente entre 2012 y 2016.
Reconoce que ahora ,con el nuevo Gobierno podría, haber una oportunidad para recuperar aquella Ley de Impulso a la Mediación que se quedó en el cajón ante diversos procesos electorales.
Después de ocho años de implantación de la Ley de Mediación en el 2012 se ha avanzado poco, reconoce este magistrado, un «evangelista» de la mediación, autor de varios libros sobre la temática.
“La propia norma fue poco atrevida con algunos errores como su desarrollo reglamentario con un Registro de Mediadores que no garantiza la calidad de esos profesionales que es clave para que la mediación progrese”, relata.
Y revela que a eso también contribuye el hecho de que los módulos de rendimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “dejan claro que los asuntos que se resuelven por un juez vía mediación cuentan menos de la mitad que si fuera una sentencia. Eso hace que desincentiva la derivación a mediación. En otros países, los asuntos con mediación que acaban con acuerdo computaban el doble que un asunto judicial”.
Agustín Azparren es uno de los grandes mediadores de España. Carlos Berbell/Confilegal.
Azparren, magistrado en excedencia, exvocal del CGPJ y uno de los grandes expertos en mediación de España, se incorporó a ONTIER en 2017 para impulsar, precisamente, el área de mediación empresarial. Está convencido de las bondades del sistema y cree con firmeza que podría ser una herramienta para reducir la litigiosidad en nuestro país.
“Las prioridades para esta legislatura deberían centrarse en recuperar el anteproyecto de impulso a la mediación que señala en algunas materias la obligatoriedad de acudir a la mediación”, explica.
Coincide en «la falta de cultura sobre la mediación» en nuestro país.
“Eso genera una gran desconfianza en que pueda funcionar realmente. Al mismo tiempo, la litigiosidad de nuestro país es una de las mayores de la Unión Europea. Sin embargo, con la mediación se pueden resolver muchos asuntos y te ahorras, tiempo, dinero y el estrés de un pleito”, señala.
Azparren echa en falta en las Universidades que se prepare a los futuros abogados en cuestiones relacionadas con la negociación “sobre todo se estudia procesal, para prepararse para el conflicto”. Y cree que acudir a los tribunales debería ser en última instancia para asuntos graves y no judicializar todo.
Enrique López es consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Por su parte, Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, señala su convencimiento “sobre las ventajas de la Mediación, pues a través de ella, se pueden resolver de manera eficiente y con auténtico rostro humano, situaciones conflictivas. Y no hemos de considerar la Mediación como un remedio a las dificultades de la Justicia sino como otra alternativa más en la resolución de litigios, como también lo es el Arbitraje”.
En cuanto a la situación de la mediación destaca que “es necesario un cambio de mentalidad de nuestra sociedad, un avance decisivo en la cultura del acuerdo. Los operadores jurídicos se han de implicar aún más y se ha de incidir en una buena formación pues esto redunda en la calidad del proceso”.
El consejero reconoce que la mediación familiar ha evolucionado de manera notable, pero se han de ampliar los campos de aplicación más allá del ámbito del derecho privado.
López recuerda que con la mediación son los propios ciudadanos los que llegan, con la ayuda del mediador, a conseguir sus propios acuerdos y eso significa madurez social propio de las sociedades democráticas y avanzadas.
Javier Garbayo es director general de la Fundación Notarial Signum.
Director general de la Fundación Notarial Signum creada en marzo del 2012 para promocionar e impulsar métodos extrajudiciales como el arbitraje y la mediación, Garbayo explica que “De cuatro instituciones hemos pasado a 18 que la configuran. Ahora es una referencia en esta actividad y ha unido voluntades de cara a la difusión de la mediación”.
Esta entidad forma parte del colectivo Identidades para la Difusión de la Mediación (IDM) creada por distintos Colegios profesionales madrileños para impulsar la mediación.
Garbayo jurista reconoce que “aún vamos muy retrasados en el desarrollo de la mediación respecto a otros países de Europa. Es un cambio cultural que a la sociedad española le está costando asimilar. Al mismo tiempo hasta ahora no ha habido la implicación que se esperaba de las instituciones públicas. Hay que seguir trabajando en la difusión de la mediación porque sigue siendo muy desconocida”.
En cuanto a lo que se debería hacer desde el Ministerio de Justicia para fomentar la mediación, Garbayo señala que “hay que impulsar de forma definitiva la mediación tanto con medidas legislativas como de difusión. En algunas jurisdicciones debería ser un requisito previo antes de acudir a la via judicial ir a la mediación. Debería ser un paso previo antes de ir a los tribunales. Quien la utiliza, normalmente repite”, señala.
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Maria Eugènia Gay. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona, su decana, Maria Eugènia Gay señala que “un mayor uso de la mediación va asociado a un cambio cultural que exija pasar del enfrentamiento al diálogo, es decir, hay que instaurar la cultura del pacto”.
Y destaca este primer año de vida del Centro ADR del ICAB se tramitaron 1.000 expedientes de mediación: 832 han sido en relación a mediaciones públicas (derivadas de la Administración), 106 mediaciones privadas y 42 son derivaciones intrajudiciales”.
En cuanto a medidas para implementar la mediación Gay ve “imprescindible que en esta nueva legislatura se apruebe el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, que pretende incorporar por primera vez la necesidad de asistir a una sesión informativa previa de Mediación en que las partes asistan personalmente y que éstas estén acompañadas por un letrado o letrada en ejercicio”.
También considera “fundamental la inclusión en los programas de grado Universitario de la asignatura o la materia relativa a los sistemas alternativos de resolución de conflictos. Todo ello ayudaría a la implantación de la mediación. A su juicio, sería deseable que se redujera la ‘vacatio legis’ la citada Ley de Impulso establecida en tres años”.
Ana Criado es presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores, que el próximo mes de octubre cumplirá 14 años de vida.
Para Ana Criado, presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores, creada para la defensa de los derechos de los mediadores y para promocionar la mediación, adscrita a IDM, cree que “no perdemos la esperanza que los mediadores puedan vivir de la mediación en un futuro, sin mezclar otras profesiones”.
Esta experta recuerda que el anteproyecto de mediación que se estaba gestionado se paralizó en el 2017 tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
“Habrá que ver si se puede recuperar aunque sin la vacatio legis de tres años que planteaba. Tenemos bastante mediadores para impulsar la mediación en España”, opina.
Desde su punto de vista, «hay que poder contar con una gran campaña de difusión de la mediación» junto con medidas como “que la sesión explorativa informativa fuera obligatoria antes de interponer algunas demandas podrían ayudar a un mejor conocimiento de este método extrajudicial”.
José Ramón Martín, vocal de Mediación del Colegio de Registradores.
En opinión de José Ramón Martín, vocal de Mediación del Colegio de Registradores, que no haya cuajado la mediación en nuestro país “es un problema cultural y como tal debe ser tratado. Los españoles tienen una única idea de la justicia, la impartida por el juez que se busca no solo con el ánimo de restaurar una situación injusta sino también para satisfacer un deseo de venganza o revancha”.
En cuanto a que debería hacerse desde el Ministerio de Justicia para un mejor desarrollo de la mediación Marco, indica que “una línea muy interesante fue la seguida en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria de confiar en determinados funcionarios del Ministerio de justicia, no investidos de potestad jurisdiccional pero si considerados expertos en derecho, para resolver en conciliación determinados asuntos”.
Para este jurista “desarrollar la conciliación extraprocesal considerándola como una mediación cualificada es importante para consolidar esta iniciativa”.
También señala que otra iniciativa debería consistir en proporcionar a los jueces y magistrados un plantel de mediadores con una formación acreditada de calidad en los que puedan confiar la derivación de los asuntos atendiendo además a la especiales características que cada uno presente.
María del Castillo Falcón Caro, formadora en el Instituto de Mediación Integradora.
Jurista experta en mediación, la doctora María del Castillo Falcón Caro, creadora de la Escuela Integradora y responsable de investigación y formación en el Instituto de Mediación Integradora, cree que la mediación no es solo un método alternativo a la justicia sino otra vía de resolución de conflictos que «debería estar integrada en el sistema como sucede en países como Panamá”.
En cuanto a lo que le pide al nuevo ministro de Justicia, Campo, cree que habría que “establecer un marco legislativo homogéneo, unificador y adecuado para profesionalizar y garantizar la mejor calidad del ejercicio de la mediación, teniendo en cuenta su complejidad, empezando por implantar un grado universitario en gestión y resolución de conflictos.
A este respecto reclama “ derivación obligatoria a mediación, previa a otra vía como la judicial, de determinados conflictos, a modo de lista de mínimos y con una doble finalidad: informar (a las partes, de las vías de resolución de conflictos y diagnosticar (si el conflicto en concreto es mediable o no, realizando un informe al órgano de derivación a tal efecto”.
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