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Los cuatro sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT del sector de la Administración de Justicia han emitido un comunicado conjunto tras su reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, en el que anuncian que incrementarán las movilizaciones y convocan huelga general para “frenar la mayor agresión a nuestros derechos laborales”, señalan.
Advierten que durante este mes de noviembre se va a tramitar en el Senado la proposición de ley de reforma de la LOPJ aprobada ya en el Congreso de los Diputados que contiene “los más graves ataques a todo el personal de la Administración de Justicia que se han producido en la historia”.
Se trata, en concreto, de cuatro artículos que han puesto en pie de guerra a las organizaciones sindicales porque entienden que la administración podrá determinar “a su antojo” cuál será, dentro del municipio, el puesto de trabajo de los funcionarios de Justicia en cada momento.
También consideran que se reducirá “drásticamente” el nombramiento de personal interino, “dejando puestos sin cubrir y sobrecargando de trabajo al resto, y generando, además, incertidumbre en la percepción de retribuciones complementarias y en la asignación de funciones y tareas”.
Los cuatro sindicatos hacen un llamamiento a “contundentes movilizaciones” para frenar lo que califican de “agresión sin precedentes”.
Y el 16 de noviembre culminará con un día de Huelga General en la Administración de Justicia que cerrará la jornada con una manifestación en Madrid cuyo recorrido finalizará en el Senado.
Por su parte, las 7 asociaciones de jueces y fiscales han anunciado también una jornada de paro para el 19 de noviembre una vez que se haya cumplido su ultimátum al Ministerio de Justicia al que le dieron como fecha límite el pasado 31 de octubre para ‘mover ficha’ en cuanto a las reivindicaciones planteadas en la mesa de retribuciones celebrada el 27 de septiembre.
Los jueces de base apoyan esta convocatoria, tal como se avanzó en las recientes Jornadas de Jueces Decanos -la 33 edición- celebrada en Melilla.
La propuesta de reforma de la LOPJ se refiere en su artículo 521 a que se unifican en uno solo los centros de destino de cada municipio, y se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente.
Asimismo, se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo (artículo 347 bis).
Asimismo, el personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de 6 meses, según el artículo 489 de la proposición de Ley.
Fuente: CONFILEGAL
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