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El borrador que maneja el Ministerio de Justicia subraya que para llevar a cabo la recuperación de la actividad judicial, se deben adoptar medidas que garanticen el derecho a la salud tanto de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia.
El Ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo, quiere llevar al Consejo de Ministros el real decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la pandemia del coronavirus en el ámbito de la Administración de Justicia, con el que se plantean una serie de medias urgentes para evitar el colapso de los juzgados cuando vuelva la actividad judicial, como habilitar parte del mes de agosto y celebrar juicios telemáticos.
Según el borrador del decreto sobre el que trabaja Justicia, y al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de una serie de medidas organizativas, procesales y normativas para "procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión".
Así, la norma que se estructura en tres capítulos, que contienen un total de 27 artículos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, seis disposiciones finales y una disposición derogatoria, que se ha preparado con el consenso del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas y las asociaciones y sindicatos de todos los operadores jurídicos.
Con el objetivo de dar respuesta al previsible incremento de la litigiosidad derivada de la crisis sanitaria, se declararían hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 de agosto, exceptuando los fines de semana y festivos. Esta medida ha generado ya oposición en algunos colectivos como en la abogacía, jueces y fiscales, debido a que, con carácter general, este mes es inhábil en el ámbito de la Administración de Justicia.
El borrador también subraya que para llevar a cabo la recuperación de la actividad judicial, se deben adoptar medidas que garanticen el derecho a la salud tanto de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, como de los ciudadanos y de los profesionales que se relacionan con dicha Administración, procurando de esta manera evitar situaciones de contagio.
Por ello, Justicia ve de "singular importancia" incluir medidas que garanticen la distancia de seguridad en el desarrollo a las vistas y audiencias públicas y el fomento de la incorporación de las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales y, en general, a las relaciones de la ciudadanía con la Administración de Justicia, que eviten, en la medida de lo posible, excesivas concentraciones en las sedes judiciales.
Así, establece turnos de mañana y tarde para los funcionarios de la Administración de Justicia, lo que permitirá que las vistas también se celebre por las tardes; así como la celebración de juicios telemáticos, salvo en los procedimientos por delitos graves, en los que la "presencia física del acusado resulta necesaria".
Asimismo, teniendo en cuenta la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, y ante la previsión de que en los primeros días en los que se retome la actividad judicial se produzca un "notorio incremento" de presentaciones de recursos, el borrador contempla el reinicio del cómputo de los plazos para que éstos se puedan presentar en un plazo más prolongado de tiempo.
Por otro lado, Justicia asegura en su decreto que presentará mañana ante el Consejo de Ministros que es preciso "configurar procedimientos" que permitan su tramitación y resolución con celeridad al tener su origen "directo y fácilmente identificable" en la crisis sanitaria, como es el reequilibrio del régimen de visitas o custodia compartida no disfrutados por el confinamiento. Por ello, propone que un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria.
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