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Este porcentaje supone un descenso respecto a años anteriores
De las sentencias que dictan los tribunales y juzgados españoles a lo largo del año 2017, tan solo un 37% terminó ejecutándose. Así lo pone de manifiesto el IX informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, elaborado por la Fundación Wolters Kluwer, que analiza diversos indicadores de la Administración de Justicia, como la carga de trabajo, la celeridad de la respuesta judicial, lo confiabilidad de las sentencias de primera y segunda instancia y el rendimiento de jueces y magistrados.
Por su parte, el indicador de ejecutar lo juzgado indica el número de sentencias firmes que se han llevado a buen fin (es decir, que se ha cumplido lo que se dictó) en relación con el número total que fueron solicitadas durante 2017 o estaban pendientes de otros años. En el año 2017, ese porcentaje fue del 37%, lo que supone un descenso sobre el de 2016 (que fue del 39%) y de 2015 (38%). Como indica el informe, la gestión judicial en este aspecto "no parece ser lo más exitoso" y lo atribuye a la falta de medios especializados y dotados del personal y medios adecuados para el ejercicio de esta competencia judicial.
En este sentido, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, destacó que "una sentencia para enmarcar no sirve de nada, y no hay nada más frustrante para un abogado que tener que explicar al cliente que, pese a haber ganado, no puede hacer nada".
En el acto, que tuvo lugar el pasado 6 de junio en Madrid, también intervinieron Rosalina Díaz,presidenta de Wolters Kluwer España, y Enrique López, magistrado y director del Observatorio de la Actividad de la Justicia, quien remarcó que la "mala distribución de los recursos en materia de Justicia" que hay en España. En este sentido, explicó que hay más asuntos por habitante en Madrid que en la Rioja, por lo que el ratio de número de ciudadanos por juez Madrid siempre saldrá deficitaria. "Los ciudadanos no litigan igual en todas partes", aseveró.
Por otro lado, Rafael Catalá, ex ministro de Justicia, destacó que "un 20% de la población vive en localidades de menos de 10k habitantes, pero se les destina menos del 3% de recursos”. Asimismo, rechazó que hiciera falta “recortar la estructura territorial".
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