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A jueces y fiscales se les acabó la paciencia. Siete organizaciones profesionales cuatro de jueces y magistrados y otras tres de fiscales) acordaron ayer decir basta y plantarse ante el Ministerio de Justicia y el Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Por tercera vez en democracia, la judicatura amaga con una huelga, esta vez con fecha concreta: el 22 de mayo.
“La huelga podría no convocarse si las negociaciones con el Ministerio de Justicia avanzasen en la buena dirección”, matizaba a Lawyerpress el portavoz de la asociación Juezas y Jueces por la Democracia, Ignacio González Vega. Algo que parece bastante difícil que suceda, a tenor del poco caso que tanto el ministro Rafael Catalá como el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, han hecho hasta ahora de las 14 propuestas que las cuatro asociaciones judiciales suscribieron en junio de 2017.
A estas propuestas se han adherido las tres asociaciones de fiscales y más de 3.500 juezas y jueces de los 5.500 que conforman la carrera judicial en España. Modernización de la Justicia, paralizar la digitalización de la misma tal y como está concebida actualmente, incremento del número de jueces y fiscales, revisar las retribuciones, fijación de las cargas de trabajo, profundizar en la independencia del Ministerio Fiscal y cambio de modelo en los nombramientos judiciales son algunas de las 14 propuestas. Silencio por respuesta por parte de Justicia y del CGPJ.
“El balance no puede ser más decepcionante”, apunta el comunicado conjunto que han hecho público las siete asociaciones profesionales tras la reunión de ayer lunes. “El gobierno ha renunciado a incrementar el número de miembro de la Carrera Judicial y Fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones. Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años”.
Además, añade el comunicado, “el Consejo General del Poder Judicial ha hecho caso omiso a nuestra propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia”. Justo cuando ayer mismo, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez, defendía en el Senado la transparencia del CGPJ a la hora de nombrar a los tres nuevos jueces del Tribunal Supremo el pasado mes de enero (uno de ellos, ex secretario de Estado de Justicia con Ruíz Gallardón, y un segundo, ex senador del PP).
Consensos imposibles
Los grupos parlamentarios en el Congreso tampoco salen bien parados. No es para menos: tras un año de trabajo, la subcomisión que ha visto pasar decenas de comparecientes para recabar todas las opiniones y elaborar un Pacto de Estado para la Justicia ha quedado en papel mojado. “No hay un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto”, reza el comunicado.
Primero fue Podemos quién abandonó la subcomisión en la etapa ya de elaboración de conclusiones, alegando que los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) solo buscaban cambios estéticos y no transformaciones de fondo. Tras ellos, fue Ciudadanos quien se levantó de la mesa porque, argumentaron, populares y socialistas se negaban a cambiar el sistema vigente de elección de los miembros del CGPJ, algo irrenunciable para el partido de Albert Rivera.
El pasado día 1 de marzo, se celebró la última reunión de la subcomisión sin que hubiera el quorum suficiente para pactar, al menos, algunas medidas consensuadas. A partir de ahí, se han echado la culpa unos a otros en un espectáculo que, para las asociaciones profesionales, es lamentable.
Así las cosas, y sin respuesta concreta del Ministerio de Justicia a sus reclamaciones, jueces y fiscales han pactado un calendario de movilizaciones y lo que ellos llaman “medidas de conflicto”. Las medidas van in crescendo, desde la lectura de las propuestas el próximo 5 de abril en las sedes judiciales de todo el país, hasta la huelga del día 22 de mayo si no hay avances en la negociación. Entre medias, una concentración en Madrid el 14 de abril y paros parciales de 12 a 13 todos los jueves durante un mes.
Las siete asociaciones profesionales convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura; Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; Jueces y Juezas para la Democracia; Foro Judicial Independiente; Asociación de Fiscales; Unión Progresista de Fiscales; y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Fuente: lawyerpress noticias
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