Ganar un juicio y seguir sin cobrar: el calvario de los autónomos que esperan hasta seis años su dinero
Uno de cada cuatro juicios por impago acaban sin cobrar el dinero
Ganar un juicio y seguir sin cobrar: el calvario de los autónomos que esperan hasta seis años su dinero
Miles de autónomos y pymes ganan juicios por impago pero tardan años en cobrar. Las ejecuciones judiciales se demoran ya una media de tres años y medio en España, dejando bloqueados más de 10.500 millones de euros.
Un autónomo puede ganar una demanda por impago en los tribunales, obtener una sentencia judicial favorable y tardar más de seis años en recuperar su dinero. Alberto García Barrenechea, presidente del Consejo General de Procuradores de España, señaló a este diario que, en España, una ejecución civil tarda de media 42,4 meses, “y en ciudades como Madrid puede llegar a 77 meses”; mientras que solo se acaba cobrando una de cada cuatro veces.
Además, el problema deja algo más de 10.500 millones de euros en una situación de difícil recaudación, según las cifras expuestas recientemente por representantes de la procura y de los letrados judiciales. Para muchos autónomos y pymes, esa demora convierte una victoria judicial en coste financiero, porque obliga a soportar durante meses o años una deuda ya reconocida.
La demora obliga a numerosos pequeños negocios a financiar durante años facturas ya reconocidas judicialmente, con el impacto que eso tiene sobre tesorería, inversiones o pagos corrientes. “Como máximo representante de los procuradores de España, constato cada día que el verdadero problema no es obtener una sentencia favorable, sino conseguir cobrarla”, explicó García Barrenechea.
Porque lo cierto es que esa victoria ante los tribunales puede acabar convirtiéndose en una pérdida casi definitiva, ya que el deudor entra en concurso, vacía sus cuentas bancarias o desaparece antes de que el proceso concluya. “En España, la ejecución de resoluciones judiciales es un proceso lento, ineficaz y estructuralmente fallido”, según el experto.
En España, ganar una demanda no garantiza que el autónomo recupere su dinero
La principal consecuencia para los autónomos y los negocios pequeños es que el paso del tiempo juega a favor del deudor. Mientras el juzgado tramita requerimientos, averiguaciones patrimoniales y embargos, la pyme que debe el dinero puede perder patrimonio, dejar cuentas vacías, entrar en concurso o desaparecer antes de que el acreedor cobre.
García Barrenechea sostiene que este retraso deja a muchos acreedores sin una recuperación efectiva, incluso cuando ya existe una resolución firme. “Durante la tramitación, muchos acreedores pierden completamente la posibilidad de recuperar su dinero, porque las empresas deudoras se descapitalizan, se disuelven o entran en concurso”, señaló.
El impacto es esencialmente duro en actividades con márgenes reducidos, y en los que una factura pendiente puede comprometer pagos básicos del negocio durante meses. Según el presidente del Consejo General de Procuradores de España, “para una pyme o un autónomo, esperar años para cobrar una deuda puede ser letal, porque al afrontar graves problemas de liquidez al dejar de ingresar cantidades que ya les reconoció un juez, sufren dificultades para pagar nóminas, a proveedores o impuestos, y les obliga a menudo a recurrir a créditos para cubrir el agujero financiero”.
El presidente de los procuradores asegura además que hay negocios que terminan cerrando “porque el dinero llega demasiado tarde, ya que ha frenado inversiones clave, hecho reducir actividad y provocando pérdida de competitividad durante años”, advirtió García Barrenechea. “En sectores con márgenes ajustados, dos años sin cobrar una factura pueden significar el fin del negocio”.
La lentitud permite que el deudor llegue antes al concurso
Uno de los puntos más delicados para autónomos y pymes es que la ejecuciónno funciona con la misma rapidez que otros mecanismos públicos. García Barrenechea compara la situación de un pequeño negocio que intenta hacer cumplir una sentencia con la capacidad del fisco cuando reclama una deuda tributaria. “Hacienda embarga en días. Un ciudadano con sentencia firme puede tardar cinco o seis años en cobrar 5.000 euros”.
La diferencia no responde, según García Barrenechea, a un obstáculo jurídico insalvable. “¿Dónde está la igualdad de armas? No existe. Y no hay ningún impedimento legal para que los procuradores tengamos acceso directo al Punto Neutro Judicial. Es solo una cuestión de voluntad política”.
Ese Punto Neutro Judicial permite consultar información patrimonial para localizar bienes, cuentas, salarios u otros activos susceptibles de embargo. Tener acceso directo permitiría acelerar una fase clave que ahora depende de trámites sucesivos y de la carga de trabajo de cada juzgado.
Los procuradores piden acceso directo para agilizar embargos
El Consejo General de Procuradores de España defiende que sus profesionales puedan asumir un papel más activo en la ejecución, bajo control judicial. Su planteamiento es que los procuradores ya intervienen habitualmente en los procedimientos y podrían encargarse de actuaciones técnicas que hoy ralentizan las oficinas judiciales.
La propuesta principal consiste en permitirles consultar directamente el Punto Neutro Judicial para localizar bienes y cuentas sin esperar semanas a cada oficio. “Si los procuradores tuviéramos acceso directo, los embargos podrían practicarse el mismo día en que se presenta la demanda de ejecución”, afirma este experto.
El cambio descargaría además a los letrados de la Administración de Justicia y jueces de tareas administrativas vinculadas a la localización de patrimonio. El presidente de los procuradores insiste en que la medida no supondría privatizar la Justicia, sino aprovechar una figura profesional que ya participa en el procedimiento judicial.
En su opinión, el bloqueo actual se explica por una combinación de saturación, trámites lentos, dificultades para localizar bienes y faltade conexión automática entre juzgados, registros y administraciones. A ello se suma otro problema para los autónomos: ejecutar una sentencia exige iniciar un nuevo procedimiento y asumir nuevos costes.
La automatización podría reducir trámites que hoy consumen meses
García Barrenechea plantea que algunas mejoras podrían aplicarse sin esperar una reforma profunda del sistema. Entre ellas cita “la automatización de oficios y requerimientos, los sistemas de alertas patrimoniales y la priorización inteligente de expedientes con mayor probabilidad de cobro”.
Incluso, la inteligencia artificial podría servir para detectar movimientos relevantes del deudor, como nuevas cuentas, altas laborales o cambios de domicilio. También permitiría ordenar mejor los procedimientos, “de modo que los casos con opciones reales de embargo no quedaran bloqueados por trámites repetitivos”.
Otra medida sería automatizar el embargo una vez localizado el bien, para que el sistema genere y envíe la orden sin intervención manual en cada fase. “España no necesita inventar nada: solo aplicar lo que ya funciona en otros países europeos”, resumió García Barrenechea.
