Los procuradores alertan del colapso judicial: ejecutar una sentencia ya tarda más de cinco años
Piden ser reconocidos como agentes de ejecución, un modelo que ya funciona con éxito en 103 países
El acceso a la información patrimonial para un embargo se demora hasta dos años, lo que paraliza los casos
Alertan del riesgo para la España rural: asignaciones de 45 euros no cubren ni el desplazamiento
El presidente del Consejo General de Procuradores, Alberto García Barrenechea, alerta de un tiempo medio de tramitación de casi 63 meses y exige el acceso directo al Punto Neutro Judicial para aplicar embargos desde el primer día.
Sistema de ejecución colapsado
La ejecución civil en España se ha convertido en una promesa incumplida para ciudadanos y empresas. El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García Barrenechea, ha advertido de que existen actualmente casi 2.600.000 procedimientos pendientes de ejecución en el país.
La pendencia en estos trámites ha experimentado un incremento del 7,8% respecto al ejercicio anterior. Esta situación sitúa la duración media de las ejecuciones civiles en casi 63 meses. Según ha expuesto el representante institucional, este ritmo sitúa a la justicia civil española ante el riesgo de un sistema fallido.
El presidente del Consejo General de Procuradores, Alberto García Barrenechea, alerta de un tiempo medio de tramitación de casi 63 meses y exige el acceso directo al Punto Neutro Judicial para aplicar embargos desde el primer día.
Sistema de ejecución colapsado
La ejecución civil en España se ha convertido en una promesa incumplida para ciudadanos y empresas. El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García Barrenechea, ha advertido de que existen actualmente casi 2.600.000 procedimientos pendientes de ejecución en el país.
La pendencia en estos trámites ha experimentado un incremento del 7,8% respecto al ejercicio anterior. Esta situación sitúa la duración media de las ejecuciones civiles en casi 63 meses. Según ha expuesto el representante institucional, este ritmo sitúa a la justicia civil española ante el riesgo de un sistema fallido.
Atribución de actos materiales
Para atajar este colapso, la institución propone reconocer formalmente a los procuradores como agentes de ejecución, un modelo plenamente implantado en 103 países donde se ha logrado actualizar el flujo de procedimientos. La propuesta se apoya en el artículo 543.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, norma que contempla la realización de actos materiales de ejecución.
Como ejemplo de efectividad, Barrenechea ha citado una actuación realizada en Alicante sobre mercancía falsificada, resuelta mediante embargo cautelar por una procuradora en dos días. La operativa requeriría el control del letrado de la Administración de Justicia y la tutela del juez.
Acceso al Punto Neutro Judicial
En este mismo marco de reformas, el colectivo demanda la regulación reglamentaria o legislativa del Punto Neutro Judicial, herramienta de titularidad del Consejo General del Poder Judicial que opera mediante acuerdos particulares.
El colectivo plantea suscribir un convenio que permita al procurador consultar los bienes del ejecutado de forma directa e inmediata tras la resolución judicial.
Barrenechea argumenta que el procedimiento habitual de consulta judicial demora hasta dos años la entrega de la información patrimonial. El acceso directo posibilitaría trabar embargos desde la incoación de la ejecución, garantizando la responsabilidad profesional del colegiado en la protección de datos.
Insuficiencia en el turno de oficio
En el ámbito de la justicia gratuita, la representación de los procuradores considera irrisoria la subida del 8% decretada por el Ministerio de Justicia para su ámbito territorial.
Alberto García Barrenechea sostiene que ese porcentaje representa en términos líquidos un incremento aproximado de dos euros y medio sobre cuantías base muy reducidas.
La institución advierte sobre el impacto en la España rural, donde el retiro de profesionales veteranos en municipios distantes puede comprometer el servicio ante asignaciones de 45 euros que no cubren los gastos de desplazamiento. Entre las novedades del real decreto aprobado destaca la creación de un módulo para asuntos de especial complejidad.
Urgencia del reglamento del RETA
El Consejo General de Procuradores insta asimismo al Gobierno a completar de forma urgente la tramitación del reglamento de desarrollo de la Ley de la Mutualidad para la incorporación al RETA.
La organización profesional ha remitido una comunicación a la ministra de Justicia solicitando agilizar los trámites de audiencia y dictamen del Consejo de Estado.
Barrenechea cree que existe voluntad política en el Ejecutivo, pero avisa del riesgo de que la norma quede relegada hasta la primavera si no se aprueba antes de la conclusión del periodo de sesiones, afectando a la percepción de pensiones dignas por parte de los mutualistas.
Reconocimiento a la Audiencia
Por último, el Consejo General de Procuradores otorgará el premio Convivencia y Tolerancia a la Audiencia Nacional el próximo 20 de octubre en el Ateneo de Madrid.
La entrega del galardón se adelanta a la conmemoración de los 50 años de la creación del tribunal, prevista para el próximo mes de enero.
El presidente del Consejo subraya que el premio reconoce el trabajo de la institución en el enjuiciamiento de causas complejas vinculadas al terrorismo, narcotráfico y grandes fraudes de trascendencia económica y política en el Estado.
