El CGPJ estudia refuerzos urgentes en los juzgados de lo Social ante el aumento de las demoras
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado identificar las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia con mayor acumulación de asuntos y retrasos en los señalamientos para estudiar refuerzos temporales y posibles especializaciones que permitan reducir los tiempos de espera.
La iniciativa, impulsada por el vocal del CGPJ Carlos Hugo Preciado –magistrado de lo social–, parte de una queja presentada por el Foro de Abogacía y Democracia, Red de Abogados Demócratas Europeos (FAID-RADE), y de un informe del Servicio de Inspección que constata un empeoramiento de la situación durante el primer trimestre de 2026.
La Comisión Permanente ha encargado al Servicio de Inspección que determine qué órganos presentan los mayores problemas y valore si procede establecer medidas de refuerzo temporal, conforme al artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
También deberá estudiar la posibilidad de especializar determinadas plazas de las Secciones de lo Social, al amparo del artículo 96 de la LOPJ. Una fórmula que ya se utiliza en Barcelona y Valencia para la ejecución de resoluciones y que podría extenderse, cuando las características del órgano lo permitan, a otros asuntos.
Entre las materias susceptibles de beneficiarse de esta especialización figuran procedimientos especialmente sensibles como despidos, incapacidad permanente o ingreso mínimo vital, en los que una demora prolongada puede afectar directamente a trabajadores y beneficiarios de prestaciones.
Los tiempos de respuesta aumentan más de un 20 %
Los datos reflejan un incremento significativo de las demoras entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.
En los órganos que no tienen atribuida la ejecución de las resoluciones, el tiempo medio de respuesta pasó de 13 a 16,2 meses, un 24,6 % más. Los asuntos pendientes alcanzaron los 82.966, con un incremento del 15,39 %.
En los órganos que también asumen la ejecución, el plazo medio aumentó de 10,8 a 13,3 meses, un 23,1 %. Los procedimientos pendientes llegaron a 408.646, un 10,58 % más que un año antes.
La elevada carga de trabajo está detrás de buena parte del problema. Solo durante el primer trimestre de 2026 ingresaron 98.002 asuntos en las Secciones de lo Social, una cifra equivalente al 149 % del indicador de entrada fijado por el CGPJ.
Juicios señalados para 2029 y 2030
La situación presenta, además, importantes diferencias territoriales.
Córdoba registra un tiempo de respuesta de 28,27 meses y tiene señalamientos hasta noviembre de 2029. En Murcia, la demora alcanza los 23,95 meses, con juicios señalados hasta enero de 2030, mientras que Sevilla se sitúa en 19,56 meses, con señalamientos hasta diciembre de 2029.
En el extremo contrario aparecen territorios con tiempos mucho menores, como Zaragoza, con 5,89 meses; Santa Cruz de Tenerife, con 5 meses; León, con 4,53 meses; y Salamanca, con 3,52 meses.
Estas diferencias explican que el CGPJ pretenda concentrar los posibles refuerzos en los órganos que soportan los mayores retrasos, en lugar de aplicar medidas de manera generalizada.
46 nuevas plazas, pero su efecto no será inmediato
El análisis deberá tener en cuenta también la ampliación de la planta judicial aprobada mediante el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, que contempla 46 nuevas plazas en las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia, ocho de ellas en Madrid.
Córdoba registra un tiempo de respuesta de 28,27 meses y tiene señalamientos hasta noviembre de 2029. En Murcia, la demora alcanza los 23,95 meses, con juicios señalados hasta enero de 2030, mientras que Sevilla se sitúa en 19,56 meses, con señalamientos hasta diciembre de 2029.
En el extremo contrario aparecen territorios con tiempos mucho menores, como Zaragoza, con 5,89 meses; Santa Cruz de Tenerife, con 5 meses; León, con 4,53 meses; y Salamanca, con 3,52 meses.
Estas diferencias explican que el CGPJ pretenda concentrar los posibles refuerzos en los órganos que soportan los mayores retrasos, en lugar de aplicar medidas de manera generalizada.
46 nuevas plazas, pero su efecto no será inmediato
El análisis deberá tener en cuenta también la ampliación de la planta judicial aprobada mediante el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, que contempla 46 nuevas plazas en las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia, ocho de ellas en Madrid.
