La ley para mejorar la pensión de mutualistas como abogados, procuradores, médicos o arquitectos afronta su último paso en el Congreso con la votación del Pleno del 11 de junio. El dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del 26 de mayo dejó varios cambios de última hora muy significativos.
Tributación
Los mutualistas que se acojan a la pasarela para pasar a cotizar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social no tendrán que tributar en el IRPF por los fondos que tengan acumulados en su mutualidad y se lleven al sistema público. Los beneficios que estos profesionales tienen acumulados corresponden a las aportaciones hechas durante años más la rentabilidad generada. Una retirada conllevaría la tributación de esta remuneración.
La norma incorporó in extremis un nuevo artículo que establece que la transferencia de los derechos económicos acumulados "no tendrá consecuencias fiscales a efectos del IRPF correspondiente a los profesionales colegiados". No obstante, una vez cobren la pensión, sí pagarán impuestos en la Renta, como cualquier otra prestación por jubilación.
Se mantiene la alternatividad
Otra de las novedades es que se mantiene el régimen alternativo de las mutualidades. Los anteriores textos obligaban a los nuevos colegiados a cotizar a partir de 2028 en el RETA. Ahora, podrán seguir optando entre su mutualidad o la Seguridad Social. El Gobierno realizará un informe antes del 31 de diciembre de 2030 sobre este sistema alternativo a raíz del cual se analizará si mantenerlo o suprimirlo.
Beneficiarios de la pasarela
La ley permitirá pasar al RETA a todos aquellos trabajadores que cumplan dos condiciones: que no estén jubilados y que no hayan generado el derecho a percibir una pensión de la Seguridad Social, es decir, que no hayan cotizado más de 15 años en el sistema público.
De este modo, se considera que quien ya tiene derecho a prestación pública y, además, puede continuar cotizando a la Seguridad Social podrá alcanzar la pensión mínima.
Traspaso de fondos
El presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, explica a este diario que una de las reivindicaciones de la entidad es una salida ordenada de los fondos, es decir que los mutualistas se lleven sus derechos a medida que se jubilan. De este modo, se podrán mantener las inversiones realizadas a largo plazo por la Mutualidad en función de la generación del derecho a la prestación de cada persona.
Aunque asevera que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social comparte esta pretensión, la ley no la recoge y deja los términos y condiciones de la transferencia de los fondos a un futuro reglamento. Enrique Sanz reclama que se constituya un grupo de técnicos del Ministerio de Seguridad Social y de las mutualidades para confeccionarlo.
Conversión en cotizaciones
También se deja para un futuro reglamento cómo se convertirán los fondos acumulados por estos mutualistas en años cotizados a la Seguridad Social. La Ley solo indica que para transformar este dinero en ejercicios cotizados se tendrá en cuenta la base mínima que habría correspondido aportar en el RETA, actualizada en los términos que se determinen reglamentariamente (se eliminó la referencia al IPC), y sobre los que se aplicarán un coeficiente reductor del 0,77% para permitir rellenar más años cotizados en el sistema público.
Mayores de 52 años
La norma establece unas condiciones específicas para aquellos profesionales que tengan 52 años a 31 de diciembre de 2026. Cabe recordar que tener 37 años de alta en la Seguridad Social da derecho a percibir el 100% de la pensión y, a medida que se tienen menos años, se reduce el porcentaje de la prestación a percibir. A efectos de que estos mutualistas puedan alcanzar este 100%, "se computará cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa, como un mes completo de alta en el RETA".
Convenio especial
Aquellos profesionales que se marcharon de la mutualidad antes de 2005 (cuando se impuso el sistema de capitalización individual) y no reúnan los 15 años necesarios en la Seguridad Social para tener una prestación podrán suscribir un convenio especial para contabilizarles, como máximo, cinco años de aportaciones a la Mutualidad como aportaciones al sistema público.
Aportaciones a la mutualidad
La norma exige a las mutualidades que paguen a sus profesionales una pensión equivalente al 100% de la cuantía mínima que les correspondería para ese rango de aportaciones en la Seguridad Social. Como esta opción puede resultar imposible ya que la cuantía de las pensiones es una decisión política y se incrementa en función del Gobierno de turno, la ley establece una salvaguarda por la que da por cumplido este requisito de pago mínimo cuando los mutualistas satisfagan cuotas equivalentes al 100% de la que le correspondería pagar en el RETA según sus ingresos. Los profesionales aumentarán progresivamente sus aportaciones a la mutualidad hasta llegar al 86% este año; al 93% en 2027 y al 100% en 2028.
Situaciones de vulnerabilidad
El texto modifica la Ley de Ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de seguros para establecer que, en el caso de que las mutualidades quieran otorgar prestaciones sociales (voluntarias y no ligadas a ningún producto), deberán priorizar a los jubilados, personas en situación de dependencia, incapacidad permanente, viudedad u orfandad "que se encuentren en especiales circunstancias de vulnerabilidad". Estas prestaciones deberán ser autorizadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o por el organismo de la CCAA competente.
La pasarela para que estos profesionales autónomos puedan pasar a cotizar en el RETA se lleva a cabo ante las escasas pensiones que muchos de ellos han comenzado a percibir cuando se han jubilado, tras años aportando un 20% menos de lo que les hubiera correspondido cotizar en la Seguridad Social. Si la norma no hubiera salido adelante, de los 65.000 abogados mutualistas, 17.500 profesionales habrían cobrado menos de 700 euros al mes a la hora de retirarse.
El presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, prevé que el Congreso apruebe este nuevo texto sin cambio relevante alguno. Y espera que, tras su paso por el Senado, la norma quede aprobada de forma definitiva este verano.
