El CNLAJ alerta de una implantación «atropellada» de los tribunales de instancia
La entrada en vigor de los tribunal de instancia el pasado 1 de enero, en aplicación del régimen transitorio de la Ley Orgánica 1/2025, se está produciendo sin que, en gran parte del territorio nacional, esté operativa la oficina judicial que debe darle soporte.
Así lo denuncia el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la asociación mayoritaria de este cuerpo de funcionarios antes conocidos como secretarios judiciales, que advierte de que el proceso “no iba a ser ni tan inmediata ni tan pacífica, como se está anunciando”.
Aunque el periodo inhábil impide todavía evaluar plenamente el funcionamiento real de los órganos judiciales, el CNLAJ sostiene que ya se han identificado “demasiados problemas, en los servicios de guardia y de violencia sobre la mujer, y diversidad de criterios en distintas Comunidades Autónomas», incluso en aquellas que aseguraban tener completados los trabajos previos.
Retrasos y disparidad de criterios en las Comunidades Autónomas
Según el trabajo de campo realizado por el CNLAJ en toda España, la implantación de la nueva estructura judicial avanza a ritmos muy diferentes según el territorio. En varias Comunidades Autónomas con competencias transferidas, la situación dista de la anunciada oficialmente.
En Andalucía, por ejemplo, se han dictado instrucciones que prevén un proceso progresivo que “terminará el 31 de marzo”, sin que hasta entonces se materialice plenamente “el cambio ni la puesta en marcha de la LO 1/2025”.
En Aragón, la situación permanece prácticamente inalterada, ya que “aún no ha salido el acoplamiento de funcionarios” y el cambio informático no se espera hasta febrer
En Asturias, la implantación ha comenzado en Langreo y Mieres, aunque “con problemas de reparto”, mientras que en grandes sedes como Gijón, Oviedo y Avilés la Oficina Judicial del Tribunal de Instancia ha sido oficialmente pospuesta hasta el 15 de febrero.
Canarias presenta uno de los escenarios más complejos. El acoplamiento de funcionarios se publicó el 31 de diciembre, pero el Colegio alerta de que se han detectado “importantes errores”, y de que aún “no hay noticias de cuándo se procederá al traspaso de expedientes a los nuevos servicios”.
En Gran Canaria y Tenerife, por el momento, los letrados y funcionarios continúan desempeñando las mismas funciones que antes del 31 de diciembre.
Situaciones similares se repiten en Galicia, donde la implantación será progresiva; en el País Vasco, donde el proceso “va lento y está previsto que se retrase varios meses”; y en la Comunidad Valenciana, donde “tampoco se está funcionando con la nueva estructura” y la fase de estabilización se prolongará hasta marzo de 2026.
En Madrid y Cataluña, aunque oficialmente se da por implantado el nuevo modelo, el CNLAJ pide prudencia y advierte de “importantes complicaciones en la gestión de los nuevos usuarios”, con “altas indebidas que impiden el acceso a los sistemas” y problemas graves en el reparto de asuntos, algunos de ellos presentados aún a juzgados que “hoy son inexistentes”.
Problemas graves en «territorio Ministerio»
Especialmente crítica es la valoración del Colegio sobre la implantación en el territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia, que califica sin matices como “atropellada”, con “absoluta falta de previsión” y sin criterios claros.
Este territorio comprende las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Entre los fallos detectados en apenas un día de funcionamiento, el CNLAJ destaca que “los contadores de la aplicación de gestión Atenea no han funcionado correctamente”, que el sistema Ainoa “no está funcionando, cuando precisamente es el aplicativo que tiene que generar las tomas de posesión y los ceses”, y que “faltan órdenes y protocolos específicos” que aclaren la relación funcional con los jueces.
A ello se suma la “descoordinación con los servicios del Consejo General del Poder Judicial, concretamente en la gestión de los exhortos”, y, de forma especialmente preocupante, las dificultades generalizadas en las Unidades de Guardia y de Violencia sobre la Mujer.
Según el CNLAJ, estas guardias “se están encargando a personas que no la han hecho nunca” y que “no tienen acceso a las aplicaciones ni al sistema de registro de medidas cautelares SIRAJ, lo que es muy grave”.
Dudas sobre el ejercicio de funciones esenciales
Ante este escenario, el CNLAJ plantea una cuestión de fondo sobre el funcionamiento del sistema judicial: “si no hay juzgados desde el día 1, sin que se haya generado el cambio organizativo, ¿cómo se van a ejercer funciones procesales, la fe pública, la ordenación del proceso, o la dación de cuenta, por los LAJ desde estructuras inexistentes?”.
El CNLAJ subraya que su objetivo es la transparencia, recordando que “están en juego los derechos de todos los justiciables”, así como los de los profesionales del derecho y de los propios Letrados de la Administración de Justicia.
Por ello, insiste en la necesidad de que la adjudicación de los nuevos puestos deje claro el régimen de recursos, para que quienes se consideren perjudicados “puedan ejercerlos”.
Finalmente, el CNLAJ advierte de que seguirá informando y ofreciendo su análisis sobre la realidad de la Administración de Justicia en este proceso de transformación estructural.
